Un juez difirió la audiencia de juicio contra Paúl Granda, expresidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y otras 11 personas. La tarde de hoy, 25 de junio, la Fiscalía anunció en su cuenta de Twitter que el Tribunal tomó la decisión por pedido de la defensa de uno de los procesados en el caso, pero no explicó los motivos de la solicitud. 

En esta investigación también están vinculados Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz; los hermanos Noé y Daniel Salcedo y otras 9 personas más. La Fiscalía los investiga por presunta delincuencia organizada en convenios de pago irregulares en los hospitales del IESS en Guayaquil, en la provincia costera de Guayas. Todavía no se ha anunciado la nueva fecha para la audiencia de juicio.  

Según la Fiscalía, los plazos de la audiencia también fueron suspendidos por la “caducidad de la prisión preventiva” de dos de los procesados: los hermanos Salcedo. Sin embargo, los dos tienen otros procesos en su contra por los que seguirán en prisión. El pasado 16 de diciembre, Daniel Salcedo fue sentenciado a cuatro años de prisión por fraude procesal. 

La Fiscalía dijo que el Tribunal notificará a las partes procesales para que vayan de forma presencial “a la diligencia que se desarrollará en los próximos días”. La Dirección de Comunicación de la Fiscalía confirmó a GK que Paúl Granda continuará con el arresto domiciliario, ordenado el 6 de noviembre, porque fue vinculado a la investigación más tarde que los otros. 

¿Por qué se los investiga?

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La Fiscalía dice que los procesados eran parte de una estructura delictiva que había favorecido a empresarios “a través de convenios de pago ilícitos” en los hospitales de Los Ceibos y Teodoro Maldonado. Algunos de esos convenios, según la Fiscalía, superan el millón de dólares. 

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Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la delincuencia organizada es un delito que se comete cuando una persona “mediante acuerdo o concertación” forma un grupo estructurado con dos a más personas para cometer delitos. Eso incluye a aquellos que financien, ejerzan el mando o planifiquen actividades de una organización delictiva.

Se sanciona con cárcel de siete a diez años. Además, el COIP dice que los colaboradores serán castigados con prisión de cinco a siete años. 

¿Qué otras personas están vinculadas a la investigación?

El 17 de mayo de 2021, 12 de los 16 procesados de este caso fueron llamados a juicio por el presunto delito de delincuencia organizada. Entre los llamados a juicio están los hermanos Salcedo, Jacobo Bucaram y Paúl Granda. Además, está Paola Mera, exgerente del Hospital de Los Ceibos. 

Los otros 4 procesados no fueron llamados a juicio, pese a que en la audiencia preparatoria de juicio —que duró 25 días— el fiscal también presentó su dictamen acusatorio contra ellos y pidió que sean llamados a juicio. Sin embargo, el juez acogió el pedido solo parcialmente y dictó sobreseimiento contra los hermanos Michel y Abdalá Bucaram Pulley, también hijos del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz; Gabriela Pazmiño, esposa de Abdalá Bucaram Pulley; y Marco Sevillano, que vendía repuestos de vehículos. Con el sobreseimiento se terminó el proceso contra estas 4 personas. 

La Fiscalía dijo que entre los principales elementos de convicción presentados en la audiencia preparatoria de juicio están los convenios irregulares de pago que se firmaron en los hospitales del IESS de Guayaquil. Además, incluyen la bitácora con información de ingresos y salidas al edificio en el que se habrían reunido los procesados, versiones de los guardias de ese edificio, informes investigativos de la Policía, entre otros.