Hoy, 21 de junio, la subcontralora General del Estado, Valentina Zárate, presentó su renuncia irrevocable a su cargo. Lo hizo en un carta remitida al aún contralor (subrogante) Pablo Celi, que está en prisión en la cárcel cuatro de Quito por supuesto delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres.

 Zárate dio a conocer su carta en Twitter. La subcontralora dijo que se viven momentos de tensión en la institución “que impiden y limitan el cumplimiento de mis altas responsabilidades”, dijo Zárate. La hasta hoy funcionaria, dijo que quedarse en “condiciones tan complejas —como las que atraviesan a la Contraloría—, podría empañar mi legítima capacidad técnica de trabajar por el país desde este organismo”. 

En su renuncia, Zárate sostiene que ella recibió el encargo de ser la contralora subrogante por la licencia, sin sueldo, de Pablo Celi —que inició el 14 de abril de 2021 y venció el 12 de junio. Desde esta última fecha, Celi se encuentra nuevamente habilitado administrativamente y dirige la Contraloría desde la Cárcel 4

Zárate dice, además, que no existe un acto administrativo que le haya otorgado nuevamente la calidad de contralora subrogante y que, desde el 12 de junio, volvió a ser subcontralora, cargo que ocupaba hacía más de un año. La funcionaria dice que durante su gestión ha realizado solo acciones de coordinación interna y se ha abstenido de firmar documentos

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El 17 de junio pasado, agentes de la Fiscalía allanaron el despacho del Contralor y la Dirección de Talento Humano —el fiscal a cargo se llevó el expediente laboral de Valentina Zárate en el que hay certificados académicos, acciones de personal (que puede ser nombramientos, cambios administrativos, traspaso de puestos, permisos de vacaciones).  

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Según la Contraloría, la investigación en contra de Valentina Zárate empezó tras una denuncia anónima al número 1800-Delito —línea telefónica del Ministerio de Gobierno que recepta denuncias sobre desaparición, usura, abigeato, los más buscados o delitos de drogas. El supuesto delito sería usurpación y simulación de funciones. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), ese delito se da cuando una persona ejerce funciones públicas sin autorización o simula un cargo o función pública. 

En la llamada, el denunciante habría sugerido que se revise el contrato de trabajo de Zárate o la acción de personal con la que estaría ejerciendo sus funciones la Subcontralora.

Ese mismo día, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Katerine Muñoz, Alejandro Arteaga y la conjueza nacional Gabriela Mier, negó la solicitud de habeas corpus de Pablo Celi.

Al finalizar su renuncia, Valentina Zárate dice que guarda cariño y respeto por la Contraloría, “institución en la que comenzó a trabajar desde 2004 como pasante y creció profesionalmente”.