La Secretaría del Concejo Metropolitano de Quito tiene 48 horas para reenviar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el expediente “original, íntegro, completo y foliado en forma secuencial” sobre el proceso de remoción del alcalde Jorge Yunda. La noche de ayer, 15 de junio, el TCE le notificó al Consejo que los documentos entregados carecían de orden y coherencia. La documentación que fue entregada el 11 de junio son copias certificadas o compulsadas (no originales).
El juez sustanciador y presidente del TCE, Arturo Cabrera, dijo en la notificación que después del análisis pormenorizado observó que las diez carpetas que fueron enviadas —cada una de ellas contiene un foliatura o numeración— no son coherentes, ni lógicas en su secuencia y estructura de los documentos, y que en ellas solo hay “un sello de numeradora de tinta y no existe foliatura manual en letras” como establece el procedimiento para este tipo de trámites.
“Llama la atención que la Secretaría del Concejo Metropolitano estructure la información en sentido contrario a la secuencia debida, lo que impide contar con un expediente organizado que pueda ser analizado en legal y debida forma”, dijo en la notificación el TCE. Por lo que el organismo no ha podido admitir a trámite y no puede iniciar los diez días que tiene para emitir un dictamen sobre el pedido de consulta.
La concejala Luz Elena Coloma dijo a GK que considera que esto sucedió por “ineptitud deliberada” y cuestionó si fue “¿Para quemar tiempo? ¿Para apoyar a Yunda? ¿Para boicotear? “Podría considerarse fraude procesal. No es un tema menor estos ‘errores’ de buena fe”, dijo Coloma a GK.
En la notificación, el TCE también pidió otra documentación: la citación entregada a la autoridad removida, el documento original de la convocatoria a la sesión, el acta de sesión y resolución en relación a la recusación que presentó el alcalde Jorge Yunda en contra del vicealcalde Santiago Guarderas; y la copia certificada de la acreditación como secretaria general encargada a Damaris Ortiz.
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En el documento, el TCE dice que no se considerarán las comunicaciones de terceros interesados y que no serán notificados con el avance de la causa “pues no son parte consultante en la presente causa”. Agregó que como CTE les corresponde “pronunciarse con relación al cumplimiento del procedimiento y formalidades del proceso de remoción”.
Además, el documento explica que el delegado provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo podrá contar con las facilidades para acceder al expediente de la causa y aclaró que no es parte procesal, sino que la decisión de que él tenga acceso fue tomada por el principio de transparencia.
