La mañana de ayer, 15 de abril de 2021, en Yaku Parque Museo del Agua, se realizó la sesión del Concejo Metropolitano de Quito que buscaba por tercera ocasión consecutiva hacer un análisis de la situación que atraviesa el Municipio de la capital ecuatoriana por acusaciones de presunta corrupción. 

En la sesión los concejales expusieron sus posturas sobre la situación de la alcaldía. Sobre todo por los escándalos de corrupción que involucraron a altos funcionarios municipales. El más notorio es la investigación por el presunto delito de peculado en la compra de pruebas para detectar covid-19. Otro escándalo recientemente descubierto involucraría al hijo del alcalde Yunda, Sebastián, quien es señalado porque habría gestionado contratos municipales

En la sesión hubo pedidos de renuncia, que se retome el proceso de remoción y la  creación de una comisión especial para tratar la crisis municipal. “Su administración ha estado marcada por la falta de planificación e inestabilidad. Pero, además, muchos de los procesos liderados por su administración siempre dejaron tela de dudas sobre su apego a la legalidad o al menos a la moralidad”, dijo el concejal Bernardo Abad. Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, dijo que “mi lealtad no está con usted  ni con ningún partido político. Tenía razón: yo ya no soy parte de su equipo. Fui hasta que usted dejó pasar la corrupción a la administración. A partir de ese momento soy un luchador en contra de usted”.

“Yo nunca le consideré de mi equipo porque siempre me dieron dudas desde que usted se lanza por el sur de Quito viviendo en el norte de Quito”, le dijo contestó Yunda, “Usted me buscó para que le ponga en la lista y ahora sea concejal porque solo usted no saca ni medio voto”. La sesión terminó entre cruces de acusaciones y sin resoluciones a los problemas de la ciudad.

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Previa a esta sesión hubo una sesión el 13 de abril, que fue suspendida abruptamente por que el alcalde Yunda, quien dijo que no habían las condiciones necesarias para seguirla, cuando un grupo de concejales le pidieron la renuncia. El 30 de marzo se levantó otra sesión del Concejo por falta de quórum. A ella asistieron solo 9 de los 21 concejales. En esa ocasión, también se pidió la dimisión del alcalde electo en 2019.

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Para entender las razones por las que el Concejo Metropolitano ha solicitado la renuncia de Jorge Yunda por tres veces consecutivas es importante entender cómo se desencadenó la crisis que vive la Municipio quiteño y que arrastra al alcalde Yunda, quien en marzo de 2020 tenía una aprobación del 89%, según la encuestadora Consulta Mitofsky, lo que lo convertía en el segundo alcalde más popular de América Latina. Un año después, su aceptación se desplomó a cerca del 24%, según la encuestadora local Market

Ese descalabro empezó el 20 de abril de 2020, cuando llegaron al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre un lote con  las 5.000 primeras pruebas PCR para diagnosticar covid-19 adquiridas por el Municipio de Quito. La carga era la primera que se recibía de las 100.000 que compró el municipio. En unas pocas semanas, el despacho del total llegó a Quito.

La madrugada del 27 de mayo de 2020, cuando la Fiscalía realizó varios allanamientos en una investigación por presuntas irregularidades en la compra de pruebas para detectar coronavirus, hecha por la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Quito. La Alcaldía de Quito habría pagado 25 dólares por cada prueba y  10 millones de dólares en la capacitación de personal,  la adecuación del hospital Quito Solidario, compra de mascarillas, kits alimenticios y en respiradores. Según la Fiscalía, estas adquisiciones se habrían hecho con sobreprecio. 

Los allanamientos se realizaron en tres lugares: el departamento del entonces secretario de Salud de Quito, Lenin Mantilla, las oficinas de la Secretaría de Salud del Municipio y a la empresa proveedora de las pruebas PCR, Salumed S.A. La mañana siguiente, 28 de mayo, el alcalde Yunda dio una rueda de prensa en la que anunció que Mantilla había sido removido de su cargo al igual que el resto de funcionarios involucrados en la compra de las pruebas. Además, dijo que “yo mismo he enviado un oficio a la Fiscalía para que continúen las investigaciones, porque si es que hubo un sobreprecio, el más interesado en saber soy yo”. 

Frente a las dudas que se generaron, Yunda dijo que el proceso contaba con el aval  de vigilancia de Quito Honesto, institución conformada por diferentes gremios y sociedad civil que compartió un informe en el que se dice que las contrataciones se hicieron a la mejor oferta. “El contrato cuenta con todos los habilitantes requeridos por la entidad y se suscribió por un valor de 3’374.000 dólares, valor que no incluye IVA, con la empresa Salumed S.A., sobre lo cual se verifica que hubo la presentación previa de las garantías de fiel cumplimiento del contrato”, decía el informe, que además apuntaba que el proveedor había entregado las garantía de buen uso del anticipo y dado las garantías técnicas de la calidad de los equipos como de los reactivos. 

El 4 de junio, Lenin Mantilla dio una rueda de prensa en la que aseguró que “no existe sobreprecio, es un tema de oferta y demanda, conocido nacional e internacionalmente”. Stalin López, su abogado, dijo que tenían conocimiento que otras instituciones públicas habrían comprado las pruebas a precios similares y a la misma firma contratada por la Secretaría, sin que hubiera inconvenientes. Fue en la misma época que se revelaron los señalamientos contra Mantilla de funcionarias y exfuncionarias de la Secretaría por maltrato psicológico y abuso de poder.

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El 18 de junio, Linda Guamán, asesora técnica de Salud del Municipio que había sido nombrada tres días antes, informó que la Universidad de las Américas realizaría un análisis de sensibilidad de los tests para detectar el covid-19 que había adquirido el Municipio de Quito. El 6 de julio estuvo listo su informe. Decía que “con las pruebas del Municipio solo se puede detectar el virus cuando una persona tiene una carga viral alta, más de 500 copias del virus por cada microlitro de sangre”. Si se registraba una carga menor, las pruebas concluyen que una persona no está enferma de covid-19, a pesar de tener el virus. “El 40% de las pruebas arrojaban un falso negativo”, según Bernardo Abad, concejal de Quito.

En una entrevista a la cadena televisiva TVC, Yunda dijo sobre estos resultados que cuando adquirieron las pruebas “tenían una sensibilidad del 94% con 500 copias de virus para arriba. Ahora hay muchas más sensibles, mucho más específicas y hablando con el fabricante en Corea se están reemplazando algunos lotes”. Además, dijo que con base en esta información se podrían tomar decisiones.

 

A finales de julio de 2020, la Contraloría General del Estado emitió un informe con indicios de responsabilidad penal por la compra de las 100 mil pruebas. Según el órgano de control, no se justificó la necesidad de la compra, los objetivos de la misma, ni tampoco la capacidad de procesamiento de resultados de las pruebas que se pensaba adquirir. A esta acusación, Lizardo Díaz, nuevo abogado de Mantilla, dijo que aportarían al proceso con otros elementos que, según él, desvirtuarían cualquier irregularidad porque supuestamente existían otros informes que demostrarían que los procesos contractuales y precontractuales fueron hechos apegados a la ley, al punto que, adujo, el mismo Servicio de Compras Públicas( Sercop) los autorizó.

Pero el 23 de de septiembre de 2020, la Fiscalía solicitó que se fije fecha y hora para formular cargos en contra del exsecretario Mantilla y otras tres personas involucradas, por presunto peculado, en la adquisición de esas pruebas de detección de covid-19. El peculado es disponer de forma indebida, para provecho propio, de bienes o fondos del Estado y es penado, según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), hasta con 13 años de cárcel. Desde entonces, el paradero de Mantilla es desconocido. 

Casi dos meses después, el 13 de noviembre, el juez penal de Pichincha, Máximo Ortega, abrió una instrucción fiscal de 90 días y ordenó prisión preventiva para Mantilla y otro funcionario más. Las medidas fueron adoptadas una vez la Fiscalía formuló cargos en contra de todas las personas involucradas. Mantilla ya mantenía una orden de detención con fines investigativos.

Tras varios meses de investigaciones, el 29 de enero de 2021, la Fiscalía allanó la oficina de la Secretaría de Salud y encontró “que funcionarios habrían ocultado documentación con información técnica sobre presuntas irregularidades en adquisición de pruebas para covid-19”. 

Mientras avanzaba el proceso de investigación el 2 de febrero, el concejal Fernando Morales, el político César Montúfar y el abogado Edison Carrillo pidieron a la Fiscalía que se vincule al alcalde Yunda a la investigación porque lo consideraban “el responsable político y de todas las acciones administrativas del Municipio de Quito”, dijo Morales.

El 8 de febrero pasado, el alcalde Yunda fue llamado a rendir una versión en la Fiscalía  para ampliar su versión sobre la investigación. La Fiscalía General de Estado decidió que existían suficientes elementos de convicción sobre su supuesta responsabilidad en la negociación y el 16 de febrero de 2021 en la audiencia de formulación de cargos, el juez Vladimir Jhayya Flor, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, le dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva que pedía la Fiscalía. Yunda fue vinculado como autor mediato y debe presentarse periódicamente ante el juez y la Unidad de Flagrancia, además tiene prohibido salir del país y debe portar grillete electrónico. Un día después de que Yunda fue vinculado, el concejal Bernard Abad le “recomendó” pedir una licencia sin sueldo hasta que se resolviera la investigación. 

En este proceso también se ordenaron medidas cautelares contra otros vinculados en calidad de coautores, entre los que están la científica Linda Guamán, Daisy Hidalgo, administradora del contrato y Erik Andrade, excoordinador jurídico, se les ordenó también medidas sustitutivas de la prisión, según la Fiscalía.  

Para Ximena Abarca, secretaria de Salud del Municipio de Quito, y para las personas identificadas como Jéssica Cárdenas, encargada de compras públicas, y Marco Rubi, excoordinador jurídico, el juez dictó prisión preventiva, pero la medida fue posteriormente modificada por el Tribunal Penal de Pichincha. En su lugar, debe portar grillete electrónico y tiene prohibición de salir de país.

El 11 de marzo, a seis días de que concluya la investigación por presunto peculado, la Fiscalía realizó un allanamiento de la casa del alcalde Yunda. Según la Fiscalía, la Alcaldía buscaba pruebas PCR Polimerasa, pero la empresa Salumed entregó pruebas RT Lamp que, supuestamente, no tendrían la misma sensibilidad. 

Según los investigadores, Yunda lo sabía pero decidió validar las pruebas y no dar por terminado el contrato de manera unilateral y declarar como incumplido al contratista. Los investigadores basan esta teoría en un chat que Yunda habría mantenido con Ximena Abarca, actual secretaria de Salud del Municipio y también vinculada al caso.  La imagen de esta conversación consta en la hoja 25.474 del expediente del caso, según Primicias. En el  mismo chat con Abarca, según la Fiscalía, se demostraría que frente al incumplimiento de Salumed, Yunda ordenó continuar con el proceso, aceptando los argumentos emitidos por el proveedor.

19 días después del allanamiento de su casa, el alcalde de Quito se dio la primera sesión en la que los concejales quisieron tratar el pedido de renuncia del alcalde Yunda, que se aferra a su cargo —aunque su aceptación entre los quiteños haya caído más de 70 puntos.