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“Organizaron talleres en algunas comunidades y aprovecharon ese taller para poder grabar videos o preguntar supuestamente sobre la consulta”, dice Federico Katan, presidente de la nacionalidad shuar de Pastaza. Cuando dice consulta, Katan se refiere a la consulta previa, ese derecho constitucional en el que el Estado y las empresas tienen la obligación de preguntarle a las comunidades si están o no de acuerdo que se explote y comercialicen recursos naturales no renovables en su territorio.
Hace 21 años que en el Ecuador existe consulta previa, pero en muchos casos, como el que Katan explica, no se aplica. La Constitución del Ecuador dice que para iniciar con un proceso de consulta previa el Estado deberá identificar a todas las comunidades que podrían ser afectadas y luego preguntarles si quieren ser consultados. Pero esto está lejos de ser una realidad.
Durante años, el Estado y las empresas han hecho consultas que, en realidad, no consideran la opinión de los indígenas. “La consulta viene en muchas ocasiones camuflada con preguntas tergiversadas”, dice Lineth Calapucha, líder kichwa de Pastaza. Muchas veces llegan y les ofrecen salud, casa, educación para poder explotar sus territorios.
En 2012, los waorani fueron supuestamente consultados para aprobar la explotación del bloque 22. Los wao demandaron al Estado ecuatoriano y, el 26 de abril de 2019, ganaron el juicio. La jueza de Pastaza, Pilar Araujo, reconoció que no se respetó la consulta previa. Además, ordenó frenar con la explotación petrolera de su territorio.
La consulta previa es un tema que preocupa al gobierno. El 8 de mayo, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, dijo que interrumpiría la licitación de los bloques 86 y 87. Aunque el ministro también dijo que “revisaría la consulta”, aún existen comunidades que esperan una respuesta clara sobre sus reclamos por irrespetar la consulta previa, como como el Pueblo Shuar Arutam que interpuso una acción de protección, perdió y apeló.
*Este video se hace con el apoyo de Fundación Pachamama
