Diana Salazar, Fiscal General del Estado, convocó a una reunión para el lunes 7 de junio, para revisar las diligencias sobre lo que ocurre en la empresa Furukawa. 

En un comunicado publicado en Twitter, la Fiscalía informó que la reunión se realizará porque algunas personas han denunciado en las redes sociales lo que sucede en las instalaciones de la empresa Furukawa, ubicada en la provincia costera de Santo Domingo. Esta es una empresa productora de abacá, que es una fibra muy resistente para producir papel, vidrio, bolsas de té, filtros de café entre otros. Al ser como una fibra de vidrio, existe riesgo al trabajar con la planta. En el comunicado la Fiscalía no detalla las razones exactas de la convocatoria a la reunión. Sin embargo, una comunicadora de la Fiscalía dijo a GK que la reunión será para conocer los avances en el caso Furukawa. A la reunión están convocados los agentes fiscales a cargo del caso. 

El caso Furukawa es una denuncia por la vulneración de los derechos de los trabajadores de la empresa Furukawa, contra el Estado Ecuatoriano y la empresa Furukawa Plantaciones C.A que opera en Ecuador desde hace más de 50 años. Más de 100 trabajadores interpusieron una acción de protección porque trabajaban en condiciones precarias. En enero de 2021, la acción de protección fue aceptada por un juez. 

Según, el Comité de Solidaridad con las familias que viven en las haciendas de Furukawa “Furukawa Nunca Más”, el 1 de junio hubo una nueva vulneración de derechos. Ese día, dos haciendas de la empresa Furukawa fueron allanadas por 100 policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). De acuerdo al comunicado de Furukawa Nunca Más, los policías estaban armados con fusiles. 

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El allanamiento se había realizado por una denuncia penal de la empresa contra las personas que viven y trabajan en las haciendas para señalarlos como “invasores”, dice el comunicado. 

En el allanamiento se usó violencia contra los trabajadores. Furukawa Nunca Más dice que algunas personas recibieron golpes de parte de los policías. Además fueron dispersados por el lanzamiento de gases lacrimógenos. 

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En el allanamiento, los policías habían incautado los celulares y documentos de las personas que comenzaron a grabar lo que pasaba. En el comunicado, Furukawa Nunca Más dice que representantes de la Defensoría del Pueblo en Santo Domingo, llegaron hasta las haciendas donde constataron que había una orden judicial para hacer el allanamiento. Los trabajadores estarían en huelga en las haciendas allanadas porque reclaman el pago de sus liquidaciones

La acción de protección interpuesta contra el Estado Ecuatoriano y la empresa, demandaba la vulneración de derechos económicos, sociales, culturales, trabajo, salud, educación, vivienda, agua, alimentación, la vida digna, la integridad personal. El 16 de enero de 2021, el juez constitucional Carlos Vera Cedeño que conoció el caso Furukawa aceptó la acción de protección

El juez concluyó que en Furukawa existe la servidumbre de gleba, que es la forma contemporánea de esclavitud. La esclavitud moderna, según el Índice Global de la Esclavitud, se da cuando una persona toma un trabajo en el que sufre explotación, pero no puede negarse por amenazas, violencia, abuso de poder, coerción o engaño.  El juez Vera Cedeño ordenó la reparación económica, regularización de la situación migratoria de los trabajadores extranjeros y que se solucionen los problemas de vivienda de los empleados.  La empresa Furukawa y todas las instituciones que vulneraron los derechos por omisión se disculpen públicamente. El Ministerio de Salud deberá garantizar la atención en salud a los trabajadores. 

El caso Furukawa comenzó en octubre de 2018, cuando un grupo de trabajadores denunció que fueron despedidos en la Defensoría del Pueblo, máximo órgano de protección de derechos del país. Los trabajadores ganaban entre 200 a 300 dólares al mes, vivían dentro de las 32 haciendas de la empresa en construcciones viejas, sin acceso a baños, electricidad o agua potable. Un reportaje del portal La Barra Espaciadora y Plan V publicado en 2019, dice que muchos trabajadores perdieron brazos o piernas por manipular las maquinarias que cortan el abacá sin equipos de protección. En 2019, la empresa quiso negociar con los trabajadores para darles una indemnización.