La tarde hoy, 21 de mayo, el ministro saliente de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, entregó en un evento, a su sucesor, Simón Cueva, cinco recomendaciones de “reformas estructurales” para que sean “analizadas, socializadas” y puedan ser adoptadas en el gobierno del presidente electo Guilermo Lasso, que asumirá el poder en tres días.

Las propuestas entregadas se relacionan con temas que han sido controversiales en el régimen de Lenín Moreno y han generado fuertes críticas de sectores sociales como las reformas a la seguridad social, en materia tributaria, laboral, arancelaria y en el mercado de valores. 

En el caso del instituto de Seguridad Social (IESS) , el 23 de abril se entregó un informeelaborado bajo el auspicio del Banco Mundial, Banco Central de Ecuador y del Fondo Monetario Internacional— de la grave situación que atraviesa  esta institución. De seguir así, el próximo año el IESS atravesará serias complicaciones para continuar pagando las pensiones de sus jubilados porque existe poca liquidez en el  fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). 

Según el estudio, la reforma al sistema de pensiones es «impostergable» debido a factores como la evolución demográfica, el hecho de que hay menos cotizantes y porque ha aumentado la expectativa de vida de los jubilados. El informe también plantea que el subsidio que se entrega al sistema de pensiones «es inequitativo» y «crece rápidamente” impulsado por una combinación de “bajos aportes, altas prestaciones, alto nivel de la pensión máxima y el aumento empinado de prestaciones por año de cotización». Por ello, advierte el estudio, si no se realizan reformas en un plazo de dos o tres años el IVM no podrá cumplir con los pagos a sus jubilados.

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José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), histórica organización laboral ecuatoriana, advirtió al futuro gobierno que las organizaciones sindicales. “No vamos a permitir que se privatice o se convierta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en un sistema mixto”, dijo Villavicencio, diciendo que defenderán el patrimonio de los aportantes; “vamos a exigir que el nuevo Gobierno pague el 40% que le corresponde por ley, monto que no se ha pagado desde 2019”, dijo el dirigente sindical.

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Sobre las reformas tributarias, Pozo entregó a Cueva alternativas que buscan la “simplificación, reducción de distorsiones, eliminación de impuestos considerados nocivos y revisión de otros”, además de la eliminación de exenciones y ampliación de la base de contribuyentes. Estas recomendaciones están directamente relacionadas con las reformas tributarias que el país se comprometió a realizar durante el tercer trimestre de 2021 como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que accedió —con esa y otras condiciones— a prestar al país 6.500 millones de dólares. 

El Fondo dice que se necesita un camino “ambicioso, pero realista” hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entre las reformas propuestas están que desde septiembre de 2021 se incrementa el Impuesto del Valor Agregado (IVA) en 3 puntos porcentuales —del 12% actual al 15%—, poner un impuesto especial en la gasolina, introducir un impuesto ambiental a las emisiones de dióxido de carbono, recortar la masa salarial estatal, y eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas. A pesar de que Lasso ha dicho que respetará el acuerdo con el Fondo, pero dijo que no subirá el IVA.

En mareria laboral, Pozo dijo que  es necesario modernizar el esquema legal y que permita la generación de más empleo. En la reunión también estuvo el actual ministro de Trabajo, Andrés Isch, quien dijo que la propuesta que se entregó al futuro gobierno fue trabajada junto a la ciudadanía para “darle legitimidad”. Según Isch, la propuesta recogió la participación de 9 mil personas (aunque no detalló cómo). Entre los planteamientos está la adopción de nuevas modalidades de trabajo. 

Cueva agradeció a Pozo por su invitación. Dijo que revisará la información entregada y las propuestas de reformas estructurales, que serán analizadas en un proceso que busque alcanzar consensos en la sociedad ecuatoriana para el desarrollo del país y el bien de los ecuatorianos.