Pablo Celi, Contralor General del Estado, dijo que espera que se le permita defenderse en libertad en el caso “Las Torres”. En este proceso la Fiscalía investiga a Celi por presunta delincuencia organizada. El 8 de mayo un juez le dictó prisión preventiva. En una carta difundida en redes sociales firmada por Celi con fecha del 11 de mayo de 2021, el Contralor dijo que se estaba atentando contra la transparencia del proceso en su contra. GK confirmó la autenticidad de la carta con su abogado Marcelo Ron.
En la carta, Celi dice que las condiciones de su detención el pasado 12 de abril desconocen sus “principios universales y derechos constitucionales inalienables, destinados a garantizar una administración de justicia autónoma y apegada a la ley”. Uno de esos principios, dice el Contralor en su carta, es la presunción de inocencia hasta que se lleve un juicio justo. Según él, los sentenciaron anticipadamente “mediante la difusión de supuestos no probados en juicio alguno”.
Además, dijo que al estar preso se le han limitado sus posibilidades de acceder a información y pronunciarse sobre “versiones que lesionan mi integridad como persona y autoridad en ejercicio de sus funciones”. Según Celi, hubo una “cadena de hostigamientos” en su contra y la de su familia. Celi dijo en la carta que se allanó la casa de su madre que falleció recientemente y la de su hermana que está hospitalizada en condiciones críticas. El Contralor aseguró que se difundió información distorsionada que permitió un linchamiento mediático en su contra.
El caso Las Torres comenzó en Estados Unidos hace dos años. La investigación de la Fiscalía ecuatoriana es la consecuencia de un caso de lavado de activos que se procesó y juzgó en ese país. En junio de 2019, José Raúl De la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos y procesados en Estados Unidos por lavar dinero producto de la corrupción en Ecuador. De la Torre, exfuncionario de Petroecuador y sobrino de Pablo Celi fue detenido al intentar entrar al país norteamericano con 250 mil dólares en efectivo.
Después del proceso en Estados Unidos, la Fiscalía de Ecuador comenzó una investigación previa para determinar si también se cometieron delitos en Ecuador. Así pudieron concluir que podría configurarse un caso de delincuencia organizada. El 12 de abril de 2021 se hizo un megaoperativo policial con 25 allanamientos en Quito, Guayaquil y Samborondón. Ahí se detuvo a varias personas incluyendo Celi y a José Augusto Briones, ex secretario de la Presidencia de la República de Lenín Moreno. El 8 de mayo un juez dictó prisión preventiva a Pablo Celi, a su hermano Esteban, Briones y cuatro personas más.
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Según la Fiscalía, la estructura estaba liderada por funcionarios públicos de altos cargos como Briones y Celi. Los líderes de la estructura, dice la Fiscalía, presuntamente exigían sobornos a a cambio de desvanecer glosas impuestas por la Contraloría, dirigida por Pablo Celi. También habrían pedido sobornos a cambio de la indebida ejecución de contratos entre Petroecuador y la empresa NOLIMIT S.A., que vende maquinaria y equipos para la construcción y la minería.
