La Alianza por los Derechos Humanos pidió a la Corte Constitucional que garantice los derechos del pueblo Shuar Arutam, que denuncia haber sido afectado por los proyectos de minería a gran escala en la Cordillera del Cóndor, una cadena montañosa en la Amazonía en la frontera con Perú, en donde vive el pueblo indígena. 

Un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la Alianza hoy, 11 de abril, dice que la Corte debe declarar el incumplimiento de las disposiciones de la Contraloría de 2013 sobre la evaluación de las concesiones mineras de la zona.

El comunicado dice que en 2011 la Contraloría General del Estado hizo una auditoría de la gestión ambiental de los Ministerios de Ambiente y de Recursos Naturales No Renovables sobre los proyectos mineros Mirador y San Carlos-Panantza. Ambos están a cargo de las empresas Ecuacorriente y Explorcobres, respectivamente. El informe de la Contraloría, que se presentó en 2013, tenía varias recomendaciones para los dos ministerios que debían ser cumplidas “de manera inmediata y con el carácter de obligatorio”. 

La Contraloría dispuso que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables haga una evaluación de las concesiones mineras del proyecto San Carlos-Panantza y que las revierta al Estado; es decir, que termine el contrato de concesión minera. Según la Alianza por los Derechos Humanos, el Ministerio de Energía también debía hacer un estudio para identificar las concesiones mineras que afecten a la preservación de las fuentes de agua. Ese documento debía ser trabajado en coordinación con el Ministerio de Ambiente. El comunicado de la Alianza dice que otra de las disposiciones de la Contraloría era que el Ministerio de Ambiente ordene que se suspendan las licencias del proyecto San Carlos-Panantza. 

La Alianza de hoy dice que ya que los Ministerios incumplieron lo dispuesto por la Contraloría, en 2017 el pueblo Shuar Arutam comenzó una acción ante la Corte Constitucional. La demanda fue aceptada en 2018, pero la audiencia se hizo recién el 15 de abril de 2021, casi tres años después. 

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En esa audiencia, dice el comunicado, los dos Ministerios presentaron informes a la contraloría sobre los proyectos en 2019 y 2020. La Alianza por los Derechos Humanos dice que rechaza esos informes porque no se considera la opinión de los representantes del pueblo Shuar Arutam ni de otras comunidades afectadas. Por eso, dice el comunicado, los informes “denotan ausencia de trabajo de campo y de argumentos contundentes”. 

La Corte Constitucional todavía no ha resuelto la acción presentada por el pueblo ni los informes de los Ministerios. El comunicado dice que espera que se ratifiquen los incumplimientos de las entidades gubernamentales y que no sean borrados con “dos informes realizados de forma inadecuada, negligente y poco ética”. 

Los proyectos mineros a gran escala han sido rechazados por años en Ecuador.  San Carlos-Panantza es un proyecto de minería a gran escala en la provincia amazónica de Morona Santiago. Sin embargo, el proyecto no ha podido comenzar a explotar la zona por la resistencia del pueblo Shuar.

En 2016, la comunidad Nankints fue desplazada de su territorio por el proyecto minero. Algunas de las personas desplazadas irrumpieron en el campamento del proyecto y se enfrentaron con sus trabajadores y con policías y militares enviados para reprimir el levantamiento, que dejó un policía muerto y varios dirigentes indígenas criminalizados por protestar. En 2020, Explorcobre, la empresa que lo administra, denunció que uno de sus campamentos había sido atacado para obstaculizar la actividad minera. 

Mirador es el primer proyecto de minería metálica a gran escala en Ecuador, está ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe. Comenzó sus operaciones de exploración en julio de 2019.   

En septiembre de ese año, el pueblo Shuar Arutam firmó una declaración en la que se oponía a los proyectos que se instalaron en la Cordillera del Cóndor. Así esperaban rechazar la minería y la consulta previa que, históricamente, no se ha respetado. Hasta 2019, el 56% de su territorio estaba concesionado a empresas mineras.