El 13 de mayo de 2021, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia reinstalará la audiencia en que deberá resolver la apelación de prisión preventiva solicitada por 7 procesados en el caso denominado “Las Torres”, una investigación por presunta delincuencia organizada liderada por la Fiscalía del Ecuador. Los más prominentes vinculados a la investigación son Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado encargado, y José Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia de la República de Lenín Moreno. También están implicados exfuncionarios de la estatal petrolera Petroecuador. 

Esta es una explicación del caso Las Torres.

El caso se origina en los Estados Unidos. La investigación ecuatoriana es una consecuencia de un caso por lavado de activos que se proceso y juzgó en ese país.

En junio de ese año, dos personas identificadas como José Raúl de la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos en Estados Unidos en una invetigación por lavado de activos, un delito que se configura cuando alguien quiere dar la apariencia de que su dinero tiene un origen legítimo, pero en realidad es producto de alguna actividad ilegal, como el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, los secuestros o de la corrupción.  De la Torre y Barrera fueron procesados en Estados Unidos por lavar dinero producto de la corrupción en Ecuador.

De la Torre era funcionario de Petroecuador y es sobrino del actual Contralor, Pablo Celi. Barrera era un empresario inmobiliario, que tuvo contratos de construcción de viviendas para el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. De la Torre fue detenido en Estados Unidos en junio de 2019, por entrar a ese país con 250 mil dólares en efectivo. La justicia de ese país lo procesó por lavado de activos. 

PUBLICIDAD

Debes Saber

En noviembre de 2019, De la Torre confesó que entre 2018 y 2019 trabajaba en Petroecuador y junto con otras personas creó un esquema para recibir millones de dólares en sobornos a cambio de permitir a una empresa petrolera mantener contratos con Petroecuador. 

De la Torre recibía los sobornos en complicidad con Roberto Barrera. Ambos fueron procesados en una corte federal del distrito Sur de la Florida. Barrera se declaró culpable en octubre de 2019.  Ambos fueron sentenciados y ya cumplieron su condena en Estados Unidos. La justicia estadounidense aceptó dejar en libertad a Barrera, luego de cumplir el 70% de los 23 meses que le dictaron de prisión. De la Torre cumplió 5 meses de prisión en diciembre de 2020.  

Noticias Más Recientes

  • retrato de la familia de Henry

Una vida segada en 2 minutos sin respuesta

Una reconstrucción del día en que Henry Quezada fue asesinado, durante el paro nacional, muestra que el disparo que lo mató se disparó entre las 4:08 y las 4:10 de la tarde del 23 de junio de 2022. La versión del entonces ministro del Interior sobre la distancia a la que se hizo no resiste el análisis de expertos

En un comunicado, la Fiscalía dijo que tras conocer el caso estadounidense, comenzó una investigación previa para determinar si se había cometido también un delito en el Ecuador. El delito que investigaba era de presunta delincuencia organizada. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) este delito se sanciona con cárcel de 5 a 7 años. 

La Fiscalía ecuatoriana pidió la asistencia penal internacional de Estados Unidos. La “asistencia penal internacional” es una forma de colaboración entre fiscales de distintos países para perseguir delitos que se podrían haber cometido en varios países, o para recuperar bienes producto de delitos fuera de las jurisdicciones donde se cometieron. 

La asistencia estadounidense evidenció que había un grupo de funcionarios públicos y otras personas en el Ecuador que eran parte de una “estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública”. 

El 22 de abril de 2021, la Fiscal Diana Salazar pidió que se amplíe la asistencia penal internacional de Estados Unidos para que le envíen fotografías o audios de José Raúl De la Torre y Roberto Barrera recabados en la investigación en la Florida. también pidió que se envíen documentos certificados sobre cuentas específicas en bancos de Estados Unidos.   

La Fiscalía dice que la estructura estaba liderada por funcionarios públicos de altos cargos —entre ellos, Briones y Celi. Es, por decir lo menos, paradójico que en la trama investigada esté involucrada la cabeza del máximo organismo de control del uso de los bienes y recursos del Estado, la Contraloría General del Estado. Celi es el segundo contralor que enfrenta cargos penales: su sucesor, Carlos Pólit, fue sentenciado como parte de la trama de corrupción Odebrecht, pero permanece prófugo en los Estados Unidos. Ni Briones ni Celi han hecho pronunciamientos públicos tras su detención. 

PUBLICIDAD

Los líderes de la estructura, sostiene la Fiscalía, habrían exigido sobornos a cambio de desvanecer glosas impuestas por la Contraloría, encabezada por Celi, por la indebida ejecución de contratos entre Petroecuador EP y la empresa NOLIMIT S.A., dedica a la venta por mayor de maquinaria y equipos para la construcción y minería. Una glosa es la determinación de la existencia de una irregularidad en la ejecución de un contrato de deber administrativo de funcionarios públicos y proveedores estatales que causa un perjuicio al Estado por acciones u omisiones que violan las obligaciones de los contratos con el Estado. En este caso, el perjuicio que determinaban las glosas que se habrían desvanecido alcanzaba los 13 millones de dólares de perjuicio. Según la Fiscalía, los líderes de la estructura ofrecían, además, desvanecer los pagos de planillas que debía Petroecuador a NOLIMIT S.A. 

Durante año y medio, la Fiscalía trabajó sigilosamente para armar su caso en esta investigación. Todo se volvió público en abril de 2021, cuando se ejecutó un megaoperativo policial que incluyó 25 allanamientos liderados por Diana Salazar, Fiscal General del Estados. Como resultado, se detuvo a Celi y Briones. Además, de Esteban Celi, hermano de Pablo Celi, Luis Briones, hermano de José Agusto Briones, y otras personas, identificadas por la Fiscalía como Silvia L, Angelo R, Andrés L, Natali C. Otras tres fueron retenidas por 8 horas para investigaciones. 

Ese día, la Fiscalía levantó como evidencia más de 93 mil dólares en efectivo en las casas de los detenidos, nueve teléfonos, nueve computadoras, dos cajas fuertes. Al siguiente día, el 14 de abril, el juez nacional, Felipe Córdova, acogió el pedido de la fiscal Salazar de prisión preventiva para Celi y su hermano Esteban, Briones y su hermano Luis, y otras personas identificadas solo como Silvia L, Angelo R y Andrés L. 

Celi es juzgado por un juez de la Corte Nacional porque tiene fuero de corte al ser una autoridad pública (el presidente, vicepresidente, los ministros, asambleístas, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, vocales del Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo y el Contralor, entre otros, tienen fuero de Corte Naciona). Según las reglas procesales del país, el fuero de corte del encausado también beneficia a los otros procesados. 

Otra persona identificada como Natalia C. tiene medidas sustitutivas a la prisión preventiva: presentación periódica, no puede salir del país, y usa un grillete electrónico. La Fiscalía no detalló por qué el juez decidió que Natalia C. reciba esas medidas. En Ecuador la prisión preventiva debe dictarse, como medida excepcional, para garantizar que los investigados comparezcan al proceso penal, evitando su fuga o evasión. En teoría, la prisión preventiva debería dictarse solo cuando las medidas sustitutivas no son suficientes —sin embargo, varios expertos penales denuncian que en el país se abusa de esta medida cautelar privativa de la libertad. Además, el juez Córdova ordenó que las cuentas bancarias de todos los implicados sean inmovilizadas y no puedan enajenar sus bienes. 

El 16 de abril de 2021, la defensa de Pablo Celi apeló la prisión preventiva. Veintiún días después, ayer 7 de mayo, se realizó la audiencia de apelación en la Corte Nacional de Justicia. La fiscal Diana Salazar argumentó que hay elementos de convicción para que se mantenga la prisión preventiva. “La aplicación de medidas sustitutivas coadyuvaría a que los líderes de la organización vuelvan a sus cargos y actividades privadas, y a que obstaculicen la investigación”, dijo Salazar en su intervención. 

La Fiscal Salazar pidió al tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Byron Guillén, Luis Rivera y Mercedes Caicedo, que rechace el pedido de apelación a la prisión preventiva. La audiencia fue suspendida y se reinstalará el jueves 13 de mayo. Si se finaliza entonces, los jueces darán a conocer su decisión de forma oral. Según lo que decidan, los procesados que están privados de libertad (todos los procesados están en la cárcel 4 de Quito, excepto Silvia L. que está en cárcel de mujeres de Chillogallo, al sur de la capital) podrán salir de las prisiones, pero mantendrían medidas como grilletes electrónicos, prohibición de salir del país y presentación periódica ante una autoridad.