La Corte Constitucional sesionará mañana, 28 de abril, y en el orden del día aparecen las demandas de inconstitucionalidad contra los artículo 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tipifican el aborto como delito y establecen dos excepciones en las que no es penado. La Corte acumuló seis demandas sobre la misma materia en una sola causa, numerada 34-19, que incluye la primera que se presentó. 

Si se despenalizase el aborto por violación, se alcanzaría uno de los objetivos históricos de los colectivos de mujeres en la lucha por sus derechos. Según Carla Patiño, de Idea Dignidad, un  colectivo por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI, explica que lo que las activistas buscan es que en el numeral 2 del artículo 150 se elimine la frase “en una mujer que padezca discapacidad mental”.

Actualmente, la norma dice que no se penalizará “si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental”. Si la demanda fuese aceptada, la ley volvería no punible el aborto de un embarazo “consecuencia de una violación”. Además, explica, pide que se ordenen las reformas legales y de política pública para el acceso efectivo y oportuno al aborto consentido como un servicio público de salud para las niñas, adolescentes y mujeres cuyos embarazos sean productos de una violación sexual. Angélica Porras, exvocal del Consejo de la Judicatura, que dice que este artículo es discriminatorio porque una niña o mujer que es víctima de una violación sufre un trauma psicológico derivado de la violacción.

La primera acción por inconstitucionalidad fue presentada en julio de 2019 por Fundación Desafío en conjunto con la Coalición Nacional de Mujeres y el Frente por la Defensa de los Derechos Sexuales. Según Patiño, la demanda por inconstitucionalidad está enfocada en la norma, ya que vulnera derechos que se garantizan en la Constitución, como el derecho a la integridad y a una vida libre de violencia.

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La segunda acción fue presentada por incumplimiento por las mismas tres organizaciones debido a que existen varios informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos que piden que se despenalice el aborto por violación. Entre ellos, están el Comité Contra la Tortura, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ambos de las Naciones Unidas. Según Porras, estas dos  acciones se presentaron “como una  precaución” en caso de que la Asamblea Nacional negara la despenalización del aborto para víctimas de violación y en casos de incesto, estupro o inseminación no consentida, cuando discutía reformas al COIP. Tal negativa se dio el 17 de septiembre de 2019.

Debes saber

La tercera acción fue interpuesta en noviembre de 2020 por los colectivos Surkuna, Amazon Frontlines, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Movimiento de Mujeres del Oro. En ese mismo año otras dos organizaciones, Mujeres por el Cambio y el Cabildo de Mujeres de Cuenca, presentaron otra acción ante la Corte Constitucional. En 2021 se sumó la quinta demanda del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam). La sexta fue presentada por la abogada María Dolores Miño, quien dice que la audiencia de mañana es “una sorpresa para todos y no tenemos claro que puede pasar”. Además, dijo que “si la resolución de la Corte va a decidir sobre el fondo de la cuestión planteada, esperamos que la misma sea consistente con las obligaciones que tiene el Ecuador con respecto a derechos humanos”.

Mañana, la Corte conocerá el proyecto de sentencia de la jueza constitucional Carla Andrade. El pleno de la Corte discutirá y, eventualmente, someterá el proyecto a votación de sus nueve jueces. Los que estén de acuerdo, se adherirán a la propuesta de Andrade; los que no, votarán por un proyecto alternativo.  También es posible que se presente una propuesta alternativa y se vote más adelante, explica Porras. Por ende, no es posible afirmar a ciencia cierta que mañana se tendrá una resolución a la acción para la despenalización del aborto por violación.