La Asamblea Nacional no censuró a Andrés Isch, Ministro de Trabajo, en el juicio político que se llevaba en su contra. En su sesión virtual 702, el pleno legislativo votó sobre la moción de censura a Isch, que recibió 45 votos afirmativos, 15 en contra, 1 blanco y 56 abstenciones. Según la Ley de la Función Legislativa se requieren los votos afirmativos de las dos terceras partes de la Asamblea (91) para censurar a un funcionario sometido a juicio político. El proceso contra Isch comenzó el 8 de abril de 2021.
Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, asambleístas del bloque correísta, eran las solicitantes del juicio político y, por ende, sus acusadoras. Isch era señalado por presunto incumplimiento de funciones en el conflicto laboral de más de 50 trabajadores de Explocen, una fábrica de explosivos de capitales estadounidenses y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), que estuvo en una huelga que duró 253 días. Los trabajadores de Explocen exigían la firma de un contrato colectivo. La medida terminó el 23 de marzo de 2021, cuando firmaron un convenio de estabilidad laboral por dos años.
Otro de los motivos por lo que las asambleístas Holguín y Aguiñaga pretendían censurar al Ministro de Trabajo, era el supuesto incumplimiento de la disposición transitoria vigésimo quinta de la Constitución, que dice que la revisión anual del salario básico “se realizará con carácter progresivo”. En 2021 no hubo aumentó de salario básico con respecto al del 2020, y se mantuvo en 400 dólares. Según sus interpelantes, que no haya habido ninguna alza contravenía el mandato constitucional.
Un tercer motivo era la desprotección de los derechos laborales de las personas en condición de vulnerabilidad durante la emergencia sanitaria de covid-19. La asambleísta Marcela Holguín dijo que el Ministro permitió el despido de miles de trabajadores con indemnizaciones injustas. Holguín dijo que hubo una interpretación indebida del artículo 169 numeral 6 del Código de Trabajo, que dice que los trabajadores pueden ser despedidos en “caso fortuito o fuerza mayor”. Además, las asambleístas acusadoras también argumentaron que el funcionario público denegó el acceso inmediato a la información pública al Observatorio de Discapacidad.
En su presentación de descargos, Isch dijo que la información de datos personales es confidencial pero adujo que sí entregó planes operativos anuales aprobados del 2013 al 2020 de la Unidad de Discapacidad, así como el número de empleadores públicos y privados capacitados por esa Unidad, entre otros datos. “Les recuerdo que no tengo absolutamente nada que ver con la competencia para otorgar, calificar o dar ningún tipo de carnet de discapacidad”, dijo el Ministro de Trabajo, quien alegó también que el pedido de juicio político en su contra tenía una intención electoral. Para ello, presentó tuits de Aguiñaga, quien buscaba (y logró) su reelección.
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Andrés Isch ocupa el cargo desde julio de 2020, asumió ese cargo en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19, en la que al menos 500 mil personas perdieron sus empleos, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
