La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional cerrará pasado mañana, viernes 19 de marzo, la etapa de prueba dentro del juicio político contra del ministro del Trabajo, Andrés Isch. Después, la Comisión de Fiscalización tendrá un plazo de cinco días para presentar un informe con las conclusiones y las razones por las cuales recomienda al pleno de la Asamblea que se archive o se dé trámite al juicio político contra Isch. 

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Andrés Isch es acusado por las asambleístas correístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga de incumplimiento de funciones. Son siete los cargos que pesan sobre el Ministro de Trabajo. El primero tiene que ver con el conflicto laboral de los trabajadores de Explocen, una fábrica de explosivos de capitales estadounidenses y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). Los trabajadores de esa fábrica piden un contrato colectivo, y durante ocho meses han ocupado instalaciones de Explocen ante la negativa de sus directivos de firmarlo (ocupar el lugar de trabajo es un derecho de los trabajadores en huelga). Los trabajadores acusan al Ministerio de Trabajo de favorecer a su empleador. 

Una de las trabajadoras de la empresa, María José Ponce, afirmó haber sido despedida, a pesar de encontrarse en su período de lactancia. Freddy Caisa, secretario del Comité de Empresa de Explocen C.A, en una de sus comparecencias en la comisión pidió que proceda con el juicio político en contra de Andrés Isch. “el Ministerio de Trabajo no ha cumplido con su rol de tutelar los derechos de los trabajadores, pues permitió que fueran despedidos compañeros que tenían entre 5, 10, 15 y 20 años de trabajo, con liquidaciones irrisorias”, dijo Caisa. 

Otro de los motivos del pedido de juicio político contra el Ministro de Trabajo es por un supuesto incumplimiento de la disposición transitoria vigésimo quinta de la Constitución, que dice que la revisión anual del salario básico “se realizará con carácter progresivo”. 

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Esto quiere decir que el salario básico deberá ir en aumento y no puede disminuir. Sin embargo, el año anterior no hubo un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y empleadores, por lo que el Ministerio de Trabajo se encargó de definirlo, según lo estipula el artículo 81 del Código del Trabajo,  pero lo mantuvo en el mismo monto que el año anterior — 400 dólares—, lo que a criterio de las asambleístas Holguín y Aguiñaga infringe la norma constitucional. 

Un tercer motivo para el juicio es una supuesta desprotección de los derechos laborales de las personas en condición de vulnerabilidad durante la emergencia sanitaria de covid-19. En una de sus comparecencias, el Ministro de Trabajo dijo que la Ley Humanitaria creó garantías para todos los sectores sociales, entre ellos los trabajadores. Sin embargo,Isch reconoció que uno de los ámbitos en los que no pudieron preservar los derechos laborales fue el de las personas con discapacidad, pero aseguró que se emitió un Acuerdo Ministerial para garantizar los derechos de este grupo para que puedan acogerse a la reducción emergente de la jornada laboral, sin que se afecte su remuneración.

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Andrés Isch asumió el Ministerio de Trabajo en julio de 2020, en medio de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. Isch reemplazó a Luis Poveda, quien apenas estuvo en el cargo cuatro meses.