Tannya Varela fue la primera mujer en la historia del Ecuador en ocupar el cargo de comandante general de la Policía Nacional. Fue designada por el entonces presidente Lenín Moreno en marzo de 2021 y ratificada por Guillermo Lasso en mayo de ese año. Pero fue destituida ocho meses más tarde, en enero de 2022, tras el aumento de violencia en el país —el anuncio fue hecho un día después del asesinato de cinco personas en la Playita del Guasmo, en la provincia costera de Guayaquil. Hubo también nueve heridos.

El 18 de diciembre de 2025, Varela —ya en servicio pasivo, es decir, sin funciones operativas pero vinculada a la Policía— fue detenida en su casa, en el norte de Quito, durante un operativo policial. La Fiscalía la investiga por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida —cuya condena, según el Código Penal, va de entre 1 y 3 años. 

En el operativo —que incluyó cinco allanamientos en las provincias de Pichincha y Manabí— también fue detenido el coronel José Luis Erazo Villarreal, jefe de la Policía del Distrito Manta desde enero de 2025. Además, fue arrestado Rodney Rengel, ex capitán de la Policía, mientras estaba en el Aeropuerto de Quito.

La investigación contra los tres se abrió en 2023 por la supuesta filtración de un informe —reservado por orden judicial— dentro de una indagación por el delito de narcotráfico que empezó en 2021 y a la que se denominó el caso León de Troya. Según la Fiscalía, la filtración habría ocurrido en dos momentos: en 2021 y 2023. 

Te contamos quién es Tannya Varela.

Sus supuestos vínculos en el caso León de Troya

El caso León de Troya comenzó en mayo de 2021, días antes de que Lasso se posesionara como presidente. La Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico de Sustancias Sujetas a Fiscalización de la Policía empezó a rastrear a una presunta organización delictiva dedicada al envío de droga al extranjero, que operaba en las provincias costeras de Manabí y Guayas.

A partir de ese seguimiento se abrió una investigación. Como parte de ese proceso, la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno de la Policía hizo un informe fechado el 15 de enero de 2022, que fue entregado a la Fiscalía.

Cuatro días después, el 19 de enero de 2022, el fiscal Rubén Darío Balda Zambrano, de la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, pidió el archivo de la investigación previa, al considerar que no había “elementos de convicción que aporten al proceso investigativo”. El 21 de marzo de 2022, el juez Cristhian Luvin Quito archivó el caso y mantuvo la reserva de la investigación.

En diciembre de 2022, el Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA) —entonces liderado por Fernando Villavicencio, asesinado en 2023—publicó un informe sobre el caso León de Troya. En ese documento, según el medio Primicias, señalaba que Varela supuestamente participó en el cierre de la investigación por narcotráfico y la conocían con el alias de “La Madrina”. 

Su rol como oficial de la Policía, supuestamente, era dar seguridad a la organización delictiva. También habría puesto a policías de su confianza en puestos clave para supuestamente cooperar con la operación del narcotráfico. Entonces, Varela no se pronunció. 

En febrero de 2023, un portal digital filtró un documento policial que detallaba el seguimiento a varias personas que serían parte de una presunta estructura de narcotráfico, supuestamente aliada a la mafia albanesa —organización criminal dirigida por el albanés Dritan Gjika, vinculado a investigaciones por tráfico de drogas y delincuencia organizada. 

La publicación reveló que la investigación del caso León de Troya apuntaba a Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso, y a Rubén Cherres, uno de los amigos más cercanos de Carrera, quien fue asesinado meses después, en julio de 2023.

Esa filtración motivó la reapertura de la investigación. Ocho meses más tarde, el 31 de octubre de 2023, la Fiscalía anunció que el caso León de Troya se acumularía a la investigación del caso Encuentro, denominado así por el eslogan del gobierno de Lasso.

La Fiscalía investigaba un “esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública, que incluía varias instituciones del Estado”. 

En ese mismo período, el 17 de marzo de 2023, la Fiscalía abrió una investigación previa denominada Poder Policial por el presunto delito de asociación ilícita contra Tannya Varela, Mauro Vargas, ex director de Inteligencia de la Policía, y Giovanni Ponce, ex inspector general de la institución.

Ese mes, el entonces presidente Lasso anunció la solicitud de desvinculación de Vargas y Ponce, tras la filtración de fragmentos de una conversación entre ambos. En esos audios, presuntamente se los escucha discutir sobre el archivo de la investigación del caso León de Troya. 

Aunque el caso Poder Policial se encontraba en fase de investigación previa, se hizo público en mayo de 2024, cuando la fiscal general del Estado, Diana Salazar, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sobre León de Troya. 

En esa comparecencia, Salazar afirmó que existía una “presunta intervención de altos mandos de la Policía Nacional para articularse con la finalidad de beneficiar a los presuntos infractores del denominado caso León de Troya, mediante cambios administrativos de personal a su cargo y para dejar en la impunidad hechos delictivos”.

El 20 de noviembre de 2024, Danilo Carrera y Antonio Icaza, ex gerente de la Corporación Nacional de Electricidad, fueron sentenciados por delincuencia organizada en el caso Encuentro. 

Su ascenso en la Policía Nacional

Varela fue designada mediante un Decreto Ejecutivo la tarde del 22 de marzo de 2021, tras la renuncia de Patricio Carrillo. No se especificaron los motivos. Carrillo fue Comandante General de la Policía desde enero de 2020, y renunció casi un mes después de una de las peores masacres carcelarias de la historia del Ecuador.

El entonces presidente Lenín Moreno y su Ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, agradecieron a Carrillo por sus “valiosos servicios”.

En su cuenta de Twitter, en marzo de 2021, Moreno dijo que la nueva Comandante de la Policía tiene una “notable trayectoria al servicio de la ciudadanía y su protección integral”. Antes de asumir este cargo, Varela era Jefe del Subcomando General de la institución. 

Según una biografía corta en el sitio web del Ministerio de Gobierno, Varela nació en la provincia andina de Imbabura en noviembre de 1966, pero trabajó durante más de 20 años en la ciudad costera de Guayaquil.

Se graduó de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo en 1987, su primer trabajo en  la institución fue en el Grupo de Tránsito de Pichincha y luego fue parte del Servicio Urbano de la ciudad de Ibarra. Varela también fue investigadora de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

En 1996, cuando era subteniente, Varela se radicó en Guayaquil. Allí fue jefa de la Georreferenciación del Delito, directora de la Escuela de Formación Femenina de Guayaquil, jefa provincial de Migración, y directora del Hospital de Policía. Varela fue la primera mujer al mando de la Comandancia de la Zona 8 —conformada por los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón de la provincia del Guayas.

Según el Ministerio de Gobierno, Varela también ayudó a crear el Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif), y fue parte de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). Además fue directora de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo.

Al nombrarla como Comandante, Lenín Moreno le deseó éxitos a Varela “en su labor de garantizar la seguridad de todos”. 

Su cuestionado paso por la Comandancia General 

Su gestión estuvo marcada por fuertes tensiones con Víctor Araus. El 3 de agosto de 2021, Araus —entonces general de la Policía con 36 años de servicio y luego candidato a la Presidencia en 2025— fue cesado junto a otros tres oficiales de su misma promoción en un proceso de ascenso.

El informe que determinó su calificación —10,76 sobre 20— fue elaborado por la entonces comandante general, Tannya Varela, y el ministro de Gobierno de ese momento, César Monge. Esa puntuación impidió el ascenso de Araus y de sus compañeros Pablo Rodríguez, Paulo Terán y Edgar Correa.

A mediados de ese mes, los cuatro oficiales interpusieron una acción de habeas data para acceder a la documentación de respaldo en la que Varela se basó para decidir que no ascenderían. Araus tenía dudas sobre la transparencia del proceso de calificación y pidió copias certificadas del acta de la reunión en la que Varela y Monge habrían evaluado su ascenso.

La calificación y las “evasivas” —según Araus— para entregar la información derivaron en una denuncia presentada por el general en contra de Varela por presunta falsificación y uso de documento falso. Sin embargo, de acuerdo con registros de la Función Judicial, a diciembre de 2025 Varela no tiene antecedentes derivados de ese caso.

Lo que sí ocurrió después fue que Araus presentó una acción de protección. La jueza constitucional Verónica Medina resolvió que él y sus tres compañeros fueran restituidos en sus cargos.

A finales de ese mismo año, en diciembre de 2021, el entonces embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, dijo públicamente la existencia de “narco generales” en el país. 

Tras esas declaraciones, Varela pidió que se hicieran exámenes patrimoniales y auditorías al alto mando policial por parte de la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Superintendencia de Bancos.

Posteriormente, el embajador precisó que uno de los casos a los que apuntaba Estados Unidos era el de los llamados “narco generales”, a quienes se les había retirado la visa, aunque no mencionó nombres. Poco después, los ministerios de Gobierno y de Defensa emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraron que a ninguno de sus generales se le había retirado la visa. 

Además, pidieron a la Embajada de Estados Unidos la entrega de información relacionada con el tema “para que, de manera inmediata, sea puesta en conocimiento de las instituciones ecuatorianas pertinentes y se inicien las investigaciones del caso”.

El 14 de diciembre, el diario Primicias publicó que cuatro oficiales de alto rango de la Policía Nacional sí habían perdido su visa estadounidense: David Proaño, Enrique Espinosa de los Monteros, Víctor Araus y un cuarto general cuya identidad no fue revelada.

Tras estos episodios polémicos, la tarde del 23 de enero de 2022, el presidente Guillermo Lasso anunció que Varela dejaría el cargo y le agradeció por sus servicios. También dijo que el general Carlos Cabrera la reemplazaría al frente de la Policía Nacional.