Gabriel Martínez, quien lleva menos de una semana como Ministro de Gobierno, ahora tiene una nueva función. Además de sus labores como ministro, ahora presidirá también el Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador. Antes de Martínez, el directorio era presidido por Johana Pesántez, Secretaria General Jurídica de la Presidencia. 

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El nombramiento de Martínez se hizo mediante un Decreto Ejecutivo del 8 de marzo pasado. Sin embargo, se hizo público la tarde de ayer, 10 de marzo. El oficio de la Presidencia dice que ahora “todas las acciones relacionadas al Sistema Nacional de Rehabilitación Social” se deberán coordinar con el Ministerio de Gobierno. 

En el pasado, las acciones técnicas relacionadas con este sistema, que controla las cárceles del país, se hacían desde el Ejecutivo. Esto debido a que desde que se eliminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2019, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) y sus organismos internos pasaron a ser una institución adscrita a la Función Ejecutiva. 

Según el oficio de la Presidencia, las acciones que se ejecuten desde el Ministerio de Gobierno con respecto al sistema de rehabilitación social deben cumplirse en el marco de la Constitución del Ecuador. La Constitución establece que las personas privadas de la libertad son un grupo prioritario porque están bajo tutela del Estado. Esto quiere decir que son sujetos de derechos, y que además merecen un cuidado reforzado. 

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En el documento, Johana Pesántez, Secretaria General Jurídica, agradeció a las entidades que conforman el Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Pesántez agradeció la gestión, el desarrollo y la ejecución de proyectos en los diferentes centros de rehabilitación social. Sin embargo, no especificó en qué consistieron esos proyectos ni el impacto que han tenido en los reclusos. 


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Expertos en el sistema penitenciario aseguran que los programas que se hacen no son suficientes. Ha habido recortes presupuestarios que han afectado el desarrollo de los proyectos que son esenciales para lograr una verdadera rehabilitación social. Los proyectos de educación y aprendizaje de oficios han disminuido y los programas de atención de salud física y mental, han dejado de implementarse como antes. 

En 2018, Ernesto Pazmiño, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, dijo que se necesitaba por lo menos 292 millones de dólares al año para mantener el sistema carcelario. Ese año fue de 131 millones. El presupuesto de 2021 es de aproximadamente 63 millones de dólares— solo un poco más de la cuarta parte de lo que en realidad se necesita para que el sistema funcione.

El nombramiento de Martínez no significa la salida del Director del SNAI, Edmundo Moncayo, porque no son cargos distintos. El SNAI es un organismo estatal que controla el funcionamiento de todo el sistema de rehabilitación. El Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social trabaja en conjunto con el SNAI. Fue creado en 2020, y tiene la función de gestionar y administrar los centros de privación de libertad. Además es el organismo encargado de la prevención, mantenimiento, control y la seguridad de los centros de privación de libertad. 

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No se sabe a qué se debe la decisión de nombrar al ministro Martínez como nuevo presidente del Directorio. Sin embargo, podría deberse a la masacre del 23 de diciembre en 4 cárceles del país que dejó 79 reclusos fallecidos. Martínez  es economista con mención en finanzas, y antes de ser Ministro de Gobierno fue el Ministro de Obras Públicas.