Tras la muerte de 79 reclusos en un amotinamiento en cuatro cárceles del país, el Presidente del Ecuador, Lenín Moreno, habló en cadena nacional. La noche de hoy, martes 23 de febrero, Moreno admitió que los hechos ocurridos ayer son “una ola de violencia jamás antes registrada en el Ecuador”.

El Presidente Moreno dijo que la violencia proviene de varios puntos. Uno de ellos, dijo, es que el número de personas privadas de libertad pasó de 9 mil en 2007 a 40 mil en 2020. Según Moreno este aumento se debe a la “lucha frontal de este gobierno frente el delito” y que ha resultado en un mayor número de delincuentes apresados. “Esto disparó el hacinamiento y volvió insostenible el actual sistema penitenciario”, dijo Moreno.  

Sin embargo, la experta en derechos humanos y personas privadas de la libertad, Daniela Oña explicó que el incremento de población penitenciaria se debe en buena medida a la expansión del “catálogo de delitos” que se hizo en el COIP en 2014 y al abuso de la prisión preventiva por parte de los jueces. Oña dijo, además, que el aumento de la población carcelaria era predecible, pero que no se tomaron las medidas necesarias a tiempo. Según Oña, tampoco “se pensó en cómo se puede prevenir el hacinamiento o la sobrepoblación en las cárceles”. 

Moreno no desperdició su rueda de prensa para, una vez más, cuatro años después, seguir culpando al gobierno anterior. “Se construyeron mega centros carcelarios para 15 mil personas cada uno en los que fácilmente se dispersa el control”, dijo el Presidente, alegando que el estándar internacional es construir centros de reclusión reducidos para tener un mayor control sobre ellos. 

Además, reconoció que la falta de recursos económicos y personal es un grave problema. Moreno dijo que dispuso al Ministerio de Economía y Finanzas destinar el presupuesto necesario para controlar el problema en las cárceles del país. 

Noticias Más Recientes

Daniela Oña dijo que el recorte presupuestario del gobierno de Moreno ha afectado al sistema carcelario, pero explicó que la situación que se vivió ayer en las cárceles del país es la manifestación de un problema “multidimensional”, en el que ha influido también el debilitamiento progresivo de la institucionalidad de todo el sistema penitenciario y también por una debilidad en su manejo. A ello se suma, según Oña, la ineficacia del Estado en el manejo de todas las instituciones, como la Fiscalía, los jueces, y otras instituciones “que han sido ineficaces para dar respuesta a la criminalidad”. 

Moreno dijo que la violencia de ayer en las cárceles no era una coincidencia. “Lo de ayer no es casual: fue organizado en el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y tráfico de drogas en todo el territorio nacional”, dijo el Presidente. También dijo que “no era casual” que en el 2008, se haya “desmantelado la base de Manta”. Eso, dijo Moreno, provocó el aumento del tráfico de drogas. En 2008, Moreno era vicepresidente del gobierno que tomó la decisión de terminar el acuerdo de cooperación por el que la base militar de Manta, en la costa ecuatoriana, era utilizada por el ejército estadounidense para realizar acciones de patrullaje contra el narcotráfico. 

Moreno fue aún más allá en sus insinuaciones. También dijo que “no era casual” que recientemente se presentarán denuncias de que el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) financia campañas políticas en Ecuador —una clara referencia a la supuesta financiación del grupo guerrillero a la campaña del candidato Andres Arauz. “Es muy grave que haya dinero del narcotráfico en campañas políticas del país”, dijo Moreno. Arauz ha negado haber recibido fondos de la organización guerrillera colombiana. 

Moreno también dijo que se declararon zonas de máxima alerta a los centros penitenciarios y “restablecimos de esta forma el control en su interior”. Pero minutos después, hubo un nuevo amotinamiento en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil. Según Moreno, las Fuerzas Armadas harán controles de armas, explosivos y municiones en el perímetro externo de los centros de rehabilitación social durante las 24 horas y por el tiempo que sea necesario.