Un día después de las elecciones generales de 2021, el gobierno de Lenín Moreno presentó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización que busca reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero.
La ley se presentó como parte del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y Ecuador, firmado en agosto de 2020, que incluye un calendario con metas que debe cumplir el país. Entre ellas está la aprobación de una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero en febrero de 2021.
Entre los principales puntos del Proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización está la autonomía del Banco Central del Ecuador y una reorganización de la Junta de Política y Regulación Financiera que, con la reforma, se encargaría de los sistemas financiero nacional, de valores y seguros. Esto quiere decir, según la economista María Herrera, “todo lo que tiene que ver con los ingresos y los gastos de la economía” y va también a “encargarse también de la política económica del país, que es todo lo que tiene que ver con producción de bienes y servicios, importaciones y exportaciones”. La reforma también contempla un cambio en el proceso de designación de las autoridades del Banco Central y la Junta de Política y Regulación Financiera. Esto tiene el objetivo de evitar que el gobierno de turno “mantengan injerencias en la actuación de estas entidades”, según el proyecto de ley.
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El documento también contempla reformas a los entes de control y supervisión del sistema financiero nacional, como la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE), institución encargada de administrar el Seguro de Depósitos de los sectores financiero privado y del popular y solidario.
El proyecto de ley, que tiene 84 reformas, fue enviado con carácter de económico urgente. Esto quiere decir que la Asamblea Nacional tiene 30 días calendario, contados a partir de su recepción, para aprobarlo, modificarlo o negarlo. Para que el proyecto de ley sea aprobado debe, primero, pasar por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que se reunirá para calificar el proyecto de ley para su tratamiento. Es decir que el CAL determinará la prioridad de su tratamiento.
En las 24 horas siguientes a la calificación, el Presidente de la Asamblea Nacional deberá entregar el proyecto de ley a los asambleístas. Una vez que el CAL determine la prioridad de su tratamiento, la Presidencia de la Asamblea Nacional envía el proyecto a la comisión especializada permanente.
Dentro del plazo de 10 días, la comisión deberá presentar al Presidente de la Asamblea Nacional, su informe para primer debate. El primer debate se desarrollará en una sola sesión y los asambleístas presentarán sus observaciones por escrito en el transcurso de la misma sesión o hasta tres días después.
La comisión especializada analizará y recogerá las observaciones al proyecto de ley realizadas en el primer debate. La comisión especializada deberá presentar a la Presidencia de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate.
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En el plazo de 48 horas , la Presidencia de la Asamblea incluirá el proyecto en el orden del día del Pleno para segundo debate, en el que se lo aprobará, modificará o negará. La Asamblea puede archivar el proyecto con el voto de la mayoría absoluta- 70 votos. O puede aprobar el proyecto con el texto presentado por el Presidente o con los cambios introducidos por los Asambleístas en los debates.
El proyecto de ley es enviado al presidente con los cambios de la Asamblea. En el plazo de 30 días, el Presidente podrá aprobarlo, vetarlo u objetarlo parcialmente.
El código fue aprobado en 2014 durante el gobierno de Rafael Correa.