La noche de hoy, 22 de abril, el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización fue aprobada por la Asamblea Nacional. En la sesión del pleno del Legislativo de hoy hubo 86 votos a favor del proyecto de ley que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero. De los 135 asambleístas que estaban presentes, 41 votaron en contra, 7 en blanco y uno se abstuvo. Según la Asamblea, en las próximas horas el documento será enviado al Ejecutivo para que sea vetado o aprobado.  

El proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo el pasado 25 de marzo. Era de carácter económico urgente —es decir que si la Asamblea no la trataba en un máximo de 30 días, se aprobaba automáticamente. El 29 de marzo el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó su tratamiento y el proyecto pasó a la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Hoy, después de dos debates, el proyecto fue aprobado. 

Uno de los principales objetivos de la legislación, según el Ejecutivo, es que le dé “independencia técnica” al Banco Central del Ecuador (BCE). Para eso, se cambió la forma de selección de  los miembros de la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera y el Directorio del BCE —sus dos organismos de control. Con la recién aprobada ley serán sean nombrados por la Asamblea. Los organismos ya no estarán conformados por representantes del Ejecutivo, como hasta ahora. 

Además, la ley volverá a establecer los cuatro sistemas de balance del Banco que se eliminaron en 2010. Con esos mecanismos, el dinero que reciba el BCE en depósitos (sus pasivos) estará totalmente respaldado por sus reservas internacionales (recursos de libre disponibilidad para emergencias). Eso es fundamental para que el Banco tenga solvencia económica y pueda cumplir con sus obligaciones como ser el garante de la dolarización en el país. 

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Los cuatro sistemas son: el dinero que circula en Ecuador, los depósitos de otras entidades financieras como el Banco del del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), los depósitos del sector público y todas las demás cuentas del BCE como su patrimonio. Según la Ley de Defensa de la Dolarización, las reservas cubrirán los depósitos en orden de prioridad. El dinero circulante del país es el más importante, así que ese se respaldará primero. Se espera que hasta 2026 los pasivos de este sistema estén cubiertos en un 100%. 

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En los dos debates, según la Asamblea, participaron 28 asambleístas de distintas bancadas. Los que votaron a favor hablaron de cómo la ley fortalecería la dolarización y daría más liquidez al país. El asambleísta Fernando Callejas, de CREO, dijo que la ley era necesaria para “evitar que el Banco Central se constituya en caja chica de cualquier gobierno irresponsable, demagogo y populista”. 

En cambio, quienes votaron en contra argumentaron que la ley era inconstitucional porque defendía los intereses de grandes grupos económicos. El asambleísta Carlos Ortega, de Alianza País, dijo que pedía que el proyecto se archive porque “va a favor de los intereses de los banqueros”. La asambleísta Silvia Salgado, también de Alianza País, dijo que al ser un proyecto de carácter económico urgente el tiempo para el debate había sido limitado y evitó que otros sectores productivos sean parte del debate, lo que podría “significar el impacto económico de este proyecto”. 

Después de la aprobación de la ley en el pleno, Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, dijo en su cuenta de Twitter que “Ecuador ha dado un paso muy importante y fundamental para defender la estabilidad económica y la dolarización”. El Ministro agradeció a quienes apoyaron la reforma. El presidente Lenín Moreno dijo, también en Twitter, que “ahora ningún gobernante hará mal uso del dinero del pueblo”. Este proyecto de ley era uno de los ofrecimientos que había hecho el actual gobierno para sus últimos días en el poder. 

El proyecto había sido enviado a la Asamblea en dos ocasiones anteriores y fue rechazado por el CAL. Antes del tercer intento, el Ministerio de Finanzas y la Asamblea conformaron mesas de trabajo interinstitucionales para revisar el contenido del proyecto antes de volver a enviarlo. En esas discusiones también participaron representantes del Banco Central del Ecuador, la Junta de Política y Regulación Monetaria, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.