Siete veces recibió Andrés* un esquema de tratamiento contra el VIH en Venezuela. Siete veces Andrés escuchó a los doctores decirle: “te voy a cambiar el esquema porque ya no me viene la otra pastilla” o “te voy a cambiar la pastilla porque se acabaron y creemos que ya no van a venir”. El 11 de febrero de 2019, después de cerca de seis meses de no haber recibido sus antirretrovirales, Andrés decidió irse de Venezuela y nunca más volver. Ahora vive en Ecuador, donde tampoco ha sido fácil sobrevivir porque hasta este país lo han perseguido la discriminación, las dificultades para conseguir trabajo y la falta de alimentos. Además, en algunos casos la falta de medicamentos agravan la situación de personas como Andrés.

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Andrés es gay y tiene 29 años. Fue diagnosticado con VIH hace seis años. Enterarse fue duro. Pero aún más duro ha sido soportar la homofobia y la discriminación. Cuando su familia supo de su diagnóstico lo echaron a él y a su madre de la casa. Decían que él daba un mal ejemplo a sus primos. Se quedaron en la calle.

Andrés vivió con VIH en Venezuela durante seis años. Pero con el pasar del tiempo su situación empeoró por el desabastecimiento de antirretrovirales. Andrés pasaba nervioso, hasta que cayó en depresión. Hasta ese momento aún no tenía planes de salir de su país.

Pero eso cambió un día de octubre de 2018, cuando miembros de colectivos —grupos armados paraestatales que amedrentan a quienes están en contra del gobierno de Nicolás Maduro— irrumpieron en casa. “Entraron a las 12 de la noche y salieron a las 4 de la madrugada. En ese momento todo fue tortura”, recuerda con la voz pausada y entrecortada, que los amarraron y amenazaron. “Decían: son mariscos (una expresión para hablar de personas homosexuales), vamos a meternos con ellos y torturarlos”. En el instante en que los colectivos salieron de su casa, Andrés supo que tenía que irse de Venezuela. Lo vendió todo y partió.

Como Andrés, otras 30 mil personas en Venezuela han dejado de recibir sus tratamientos antirretrovirales, según datos de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), una organización no gubernamental que apoya a las personas que viven con VIH en ese país. La crisis no es de ahora: desde al menos 2016 el gobierno venezolano no compra medicamentos antirretrovirales. Hoy no existen cifras oficiales sobre cuántas personas viven con VIH. Se estima que son 120 mil. De ellas, dice la RVG, solo 42 mil estarían recibiendo tratamiento.

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Antonio* se graduó de médico general en Venezuela un 11 de diciembre de 2015 y dejó su país el 24 de julio de 2016. Planificó su viaje con meticulosidad. Investigó qué papeles tenía que sacar para salir de su país. Siempre encontraba un motivo para aplazar su viaje, pero el día que se enteró de que era VIH positivo, supo que no podía esperar más tiempo. Tres meses después, empacó sus maletas e hizo un recorrido de poco más de tres días para llegar a Ecuador.

Pero antes de irse, pasó tres meses sin tomar ninguna pastilla antirretroviral. Antonio sabía que conseguir tratamiento en su país “era y sigue siendo un caos”. Pudo hacerse un control con una infectóloga en una clínica privada. Realizarse los mismos exámenes en un establecimiento público habría sido imposible. “Prácticamente tuve que ahorrar dos sueldos completos, como médico, para pagarme los exámenes”, dice Antonio. Pero eso no fue lo más difícil.

La prueba que le hicieron para diagnosticar el VIH fue una conocida como Elisa de tercera generación. El estudio Interpretación de las pruebas usadas para diagnosticar la infección por virus de la inmunodeficiencia humana dice que la reactividad de la prueba Elisa significa “un diagnóstico presuntivo de la infección por el VIH”. Además, según la organización StopVIH, su alta sensibilidad “hace que tenga menos especificidad. Ésto significa que puede dar «positivos falsos» (con poca frecuencia)”. La organización indica que para compensar “se hacen pruebas confirmatorias automáticamente, después de un Elisa positivo. Las pruebas Western Blot e IFA son de alta especificidad para los anticuerpos anti-VIH”. “En Venezuela a mí nunca me hicieron Western Blot porque no había reactivos. A mí solo me hicieron con una Elisa de tercera generación que es una prueba viejisima”, dice Antonio. Dice, además, que si hubiera querido realizarse la Western Blot hubiera tenido que reunir seis meses de su sueldo para la prueba. Algo que hubiera sido impensable para él.

Pero en otros casos, realizarse una prueba Elisa o conseguir antirretrovirales ni siquiera es una opción. De no ser por las organizaciones que ayudan a las personas que viven con VIH en Venezuela sería casi imposible recibir cualquier tipo de atención. Eduardo Franco, secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva, una organización venezolana que trabaja a favor de las personas con VIH, dice que en innumerables ocasiones ha tenido que entrar a la fuerza a los hospitales para que atiendan a los pacientes con VIH. “Los aíslan en cuartos aparte, no les permiten usar los baños, no les dan el tratamiento que necesitan. El maltrato es enorme en algunos centros de salud”, dice Franco.

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El 14 de febrero de 2019, Andrés y su pareja llegaron a Rumichaca, frontera entre Ecuador y Colombia. Usa una palabra para describir su viaje: travesía. Al salir de Venezuela, no tenía pasaporte y el único documento de identidad que llevaba era su cédula y la carta andina. Para poder salir de Venezuela y Colombia tuvo que cruzar por dos trochas –caminos irregulares por los que transitan los migrantes– y pagar 60 dólares a los trocheros por que le permitieran pasar.

A su llegada a Ecuador no tenía el pasado judicial, uno de los requisitos de ese entonces para poder entrar al país. Andrés tuvo que hablar con un médico de las oficinas de migración para que le permitiera cruzar la frontera. Le contó su estado de salud y le presentó su informe médico, donde decía que era VIH positivo. Pero el doctor le ignoró. Su pareja buscó de nuevo al médico, dice Andrés, y le dijo que “doctor si usted piensa que esto no es una enfermedad catastrófica, mire, nos podemos morir con esta enfermedad”. El médico no tuvo otra opción que llamar al guardia de migración. El guardia les dijo que tenían diez días para transitar en el país.

En Ecuador no existe un registro de cuántas personas venezolanas LGBTI hay en el país. Así como no hay registros, tampoco hay programas gubernamentales que integren a este grupo de la población. El Ministerio de Inclusión Económica y Social —encargado de ejecutar políticas para la inclusión social de la población más vulnerable— tiene casas de acogida para la población migrante venezolana, pero no contempla entre sus grupos de atención prioritaria a las personas migrantes LGBTI.

Andrés es uno de los 1.062 venezolanos viviendo con VIH en Ecuador. Pero, también, es apenas una de las 373 personas que reciben su tratamiento antirretroviral en el Ministerio de Salud Pública (MSP). La razón detrás de que tan pocas personas accedan a sus medicinas es la movilidad, dice el MSP. Muchos de los venezolanos que viven con VIH llegan a Ecuador solo de tránsito y continúan su camino, afirma la institución.

El Ministerio de Salud Pública no es la única entidad que brinda servicios de salud en el país. También está el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) —una entidad estatal autónoma responsable de proveer la cobertura de seguridad social universal. Las personas que reciben servicios de atención aportan el 9,45% de su salario mensual para tener, entre otros beneficios, un seguro médico y de desempleo. Dentro de esa cobertura está incluida la obligación de proveer los antirretrovirales para quienes viven con VIH. Pero para quienes acceden a sus medicamentos a través del IESS el desabastecimiento ha sido una constante. Más de una vez han dejado de recibir sus tratamientos.

Andrés retira sus antirretrovirales en el Hospital Pablo Arturo Suárez, uno de los de la red del MSP. Aunque no ha tenido problemas de abastecimiento, ha sorteado otras dificultades como la falta de alimentos. Además de la falta de acceso al trabajo y la discrminación.

Antonio es paciente de uno de los hospitales que forman parte de la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Carlos Andrade Marín (HCAM). Ahí dejaron de entregarle antirretrovirales hace dos meses. Desde septiembre de 2019, cuando pudo conseguir un empleo formal, empezó a atenderse en el HCAM. Antes recibía sus medicinas en el hospital Eugenio Espejo del MSP. Cuenta que durante el tiempo que recibió atención ahí no tuvo ningún inconveniente. Pero, irónicamente, desde que es afiliado al IESS ha tenido  muchos problemas.

Antonio empezó con sus controles en diciembre de 2019. Cuenta que cuando llegó le hicieron “una consulta rápida” y le dieron sus medicinas. Un mes después, le mandaron a hacer todos los exámenes. “En diciembre me agarran los turnos para los exámenes y me los hacen en enero de este año y desde ahí más nunca veo al médico desde enero de este año”, dice. Al principio, cuenta, le dijeron que los exámenes son cada seis meses.“Supuestamente, siguiendo el hilo de los seis meses me tocaba control en julio de la cita”, dice. Han pasado once meses.

Además de la falta de atención, también hay escasez de medicinas. Cuando Antonio fue a retirarlas en septiembre de 2020, tuvo que escuchar lo que nunca quiso oír: no tenemos medicamentos. La falta de tratamientos antirretrovirales, el motivo por el que salió de su país, ahora es una realidad que está viviendo. “Me decían ahh no, no hay. Vente el viernes, llegaba el viernes me decían todavía no ha llegado, vente la otra semana”. Hasta ahora continúa sin recibirlos. Si el desabastecimiento continúa, Antonio piensa en utilizar el seguro privado que le da su empresa. Es su única opción. Pero él duda pues no quiere revelar que vive con el virus.

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Han pasado dos años desde que Andrés llegó a Ecuador y aún no consigue un empleo formal. Mientras tanto, ha trabajado en todo lo que ha podido. Desde vender cactus en las calles de la ciudad hasta apoyar a las organizaciones que ayudan a personas LGBTI. No han faltado las veces en las que le dijeron “váyanse a su país”.

La llegada de la pandemia del covid-19 hizo que sus pocas posibilidades de conseguir empleo fijo ahora sean nulas. El informe Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador del Banco Mundial dice que los migrantes venezolanos en muchas ocasiones trabajan en condiciones menos favorables. Menos del 15 por ciento de la población venezolana migrante tiene una situación migratoria regular que le permite trabajar formalmente. Y más de la mitad de los venezolanos trabaja en el sector informal.

Sobrevivir es algo a lo que ha tenido que acostumbrarse Andrés y su familia en Ecuador. El poco alimento que consiguen es gracias a que su tía fía a las tiendas. Sobran los días en los que come solo una vez y en porciones muy pequeñas. En el mejor de los casos, dos veces. Pero también hay días en los que no tiene nada que comer. Algo que puede convertirse en un riesgo para una persona que vive con VIH. La Guía para la atención nutricional a personas con VIH de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dice que si bien una buena nutrición no puede curar el VIH, sí “puede retrasar la progresión de la misma hacia las etapas terminales, así como mantener y recuperar el estado nutricional, a fin de contribuir a la consecución de una mejor calidad de vida”. Algo que Andrés aún está lejos de alcanzar.

Como Andrés y otros migrantes venezolanos LGBT que viven con VIH su única salida es huir de Venezuela. Quedarse en su país, sin antirretrovirales ni comida, es condenarse a muerte. Pero llegar a lugares como Ecuador tampoco es sencillo: tienen que atravesar dificultades como la discriminación, la falta de acceso al trabajo e incluso la falta de alimentos. Pero para muchos, como Andrés, esos son apenas unos pocos problemas frente a lo que significa vivir todos días pensando en que mañana podrías morir.

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Para Andrés y Antonio quedarse en su país significaba, en muchos casos, condenarse a morir. Aunque Andrés recibe sus tratamientos, se enfrenta todos los días a problemas como la falta de alimentos y a las pocas oportunidades de trabajo. En cambio Antonio, a pesar de que tiene un empleo formal, no recibe sus tratamientos antirretrovirales desde hace dos meses. Andrés y Antonio no se conocen. Tienen vidas diferentes, pero ambos comparten una misma realidad: huyeron de Venezuela para poder sobrevivir.

Esta publicación se ha realizado en el marco del proyecto Puentes de Comunicación, impulsado por Efecto Cocuyo y DW Akademie, y cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.