Era enero de 2019 y en el Consejo Nacional Electoral de Transición había un sorteo: el orden en el que aparecerían en las papeletas electorales los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Por primera vez, desde su creación en la Asamblea Constituyente de 2008, sus miembros serían elegidos por voto popular. El organismo, en teoría, debía ser independiente de las otras funciones del Estado y estar conformado por representantes de la sociedad civil, lejos de la política partidista. Más de una década después, luego de acusaciones de servilismo al gobierno de Rafael Correa, de una consulta popular que cambió la forma en que era seleccionado y un consejo transitorio, había 43 personas dispuestas a ocupar uno de los siete asientos que conforman el Consejo, encargado de, entre otras cosas, designar autoridades de control, como Superintendentes y Defensor del Pueblo. En un país donde la imaginación no alcanza para anticipar la realidad, pocos pronosticaban que su futuro presidente se enfrentaría con la Iglesia, con los medios y con la Asamblea.
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La foto del sacerdote manabita José Carlos Tuárez Zambrano aparecía en la séptima casilla de la papeleta de candidatos hombres. Se promocionaba como sacerdote: tanto en la foto de la papeleta como en las entrevistas, aparecía vistiendo casi siempre una camisa de manga corta oscura y el clériman —la distintiva gargantilla blanca y rectangular de los curas. “Hola, soy el padre José Carlos Tuárez Zambrano, con más de veinte años dedicados a la docencia, al voluntariado y al servicio comunitario”, decía en el spot que grabó el Consejo Nacional Electoral (los candidatos al CPCCS no podían hacer campaña en el sentido convencional). Movía las manos y las juntaba sobre el pecho: “Recuperaremos los valores a favor de la familia. Seré la voz de los que no tienen voz”.
En gran parte de sus intervenciones hablaba de Dios, citaba la Biblia y planteaba sus posturas sobre, por ejemplo, la despenalización del aborto. “Es inaceptable la postura de ciertos asambleístas. Se los eligió a ustedes para que defiendan la vida, la familia, nuestros intereses como ciudadanos. Soy provida. Soy profamilia”, tuiteó en enero de 2019.
La postura de Tuárez ha sumado respaldos dispares. Fernando Balda, el político por cuyo intento de secuestro está enjuiciado el expresidente Rafael Correa, tuiteó en febrero que había que votar por el sacerdote. “Lo conozco, Carlos Tuárez, hombre íntegro, capacitado académicamente, trabaja incansablemente por los más necesitados. Totalmente anticorreísta. Lo necesitamos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para devolverle institucionalidad al país. Votemos por él!!!”. Tres meses después, cuando Tuárez y otros candidatos exigían que el Consejo Electoral les entregara las credenciales de que habían ganado las elecciones, Rafael Correa compartió un video con su reclamo.
Ese día, Antonio Cabrejas, superior religioso de Tuárez, en la orden de los dominicos presentó en televisión un documento en el que el presidente del CPCCS firmaba como principal de la Casa San Pablo Apóstol de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán de Guayaquil. El problema, según Cabrejas, es que nunca tuvo ese cargo.
El dominico enseñó, también, un certificado de que Tuárez jamás dirigió la radio La Voz del Santuario en Baños, algo que también decía su hoja de vida. Tampoco era cierto, según Cabrejas, que ocupó un cargo en la facultad de Teología San Esteban. César Cárdenas del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos presentó los certificados del convento y de algunas instituciones educativas que negaron haber tenido relación laboral alguna con Tuárez. Cárdenas ya había intentado, sin éxito, evitar la posesión de Tuárez.
Cabrejas dijo que le había advertido a Tuárez sobre los riesgos de participar en política. “El padre José Carlos ha vendido su alma al diablo” dijo en una entrevista en Ecuavisa. Según Cabrejas, le había recordado a su subordinado que ser sacerdote era un oficio de por vida y que el Consejo de Participación Ciudadana estaba condenado a muerte. “Y él lo que está haciendo es poniéndole las banderillas” dijo.
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Como todos los candidatos al CPCCS, Tuárez no podía, en teoría, hacer campaña. Podían, sin embargo, asistir a entrevistas en medios de comunicación. A la mayoría, Tuárez, iba vestido de sacerdote. Ahí empezó su desencuentro con la Iglesia.
En febrero de 2019 le recordaron a Tuárez que el derecho canónico prohíbe a los sacerdotes aceptar cargos públicos que impliquen “una participación en el ejercicio de la potestad civil” y aceptar sin licencia de su superior “cargos u oficios fuera de su propio instituto”. Además, se lo suspendió del ejercicio de su ministerio: Tuárez no puede celebrar misa públicamente ni confesar, por un año, desde el 24 de enero de 2019. Además, tenía prohibido hacer proselitismo a su favor de su candidatura “en radio, televisión y demás medios de comunicación”.
Pero Tuárez no se detuvo. Siguió yendo a la prensa. Siguió vistiendo como sacerdote. Siguió invocando a Dios, incluso, con palabras desafiantes. “Hubo dos comunicados bastante inmisericordes, dos comunicados que no estuvieron asistidos por el Espíritu Santo”, dijo en una entrevista en abril de 2019, cuando ya se conocía que había ganado un puesto en el nuevo CPCCS. Tuárez llamó a los comunicados “insinuaciones” que según él no provenían de ningún obispo, sino “de dos sacerdotes que, como le digo, estaba el espíritu del demonio dentro de esos comunicados”, dijo. Al final, sí habló un arzobispo: Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil dijo que no se podía ser sacerdote y candidato o sacerdote y funcionario público al mismo tiempo. Pero para el padre Tuárez parece que no hay imposibles.
La relación entre el sacerdote Tuárez y la Iglesia se ha tensado más desde entonces. El 17 de junio de 2019, cuatro días después de ser posesionado por la Asamblea Nacional, la Iglesia Católica hizo un nuevo intento de distanciamiento con Tuárez.
En Radio Católica se leyó un breve comunicado que aclaraba que “mientras ejerza una actividad pública o política, tiene prohibido “realizar el ministerio sacerdotal como también el uso del hábito religioso”. El comunicado decía además que todos sus actos y declaraciones quedaban “bajo su responsabilidad y no se considera como postura de la Iglesia”.
Su insistente distancia con Tuárez era, quizás, porque a los cuestionamientos sobre la veracidad de su experiencia y los desatinos en su discurso y su relación con los medios, se sumaron acusaciones sobre supuestas irregularidades en su patrimonio y en la adquisición —y devolución de unos bienes.
En su declaración patrimonial ante la Contraloría, requisito obligatorio para su posesión, consta que tiene bienes por 372 mil dólares. Además, según varios medios, doce días antes de asumir su cargo, inscribió, en la Notaría Tercera de Ibarra, un acta en la que cedía la propiedad de un departamento en Crucita (avaluado en 29 mil dólares) y dos pólizas por sesenta mil dólares.
Según el acta, en abril de 2014 Mariana Jiménez Quinteros, ahora de 71 años de edad le cedió a Tuárez tres pólizas por más de 104 mil dólares, dinero que el sacerdote usó para comprar un camión que fue alquilado a una cementera en Imbabura.
Pocos días antes de que Tuárez ganara las elecciones, Jiménez le reclamaba, a través de su abogado, las regalías por el alquiler del vehículo y la devolución del departamento bajo amenaza de tomar acciones legales.
Al final hubo una acuerdo: Tuárez devolvió las pólizas (que se adquirieron con la venta del camión, hecha en junio de 2018) y el departamento. Además, le entregó un cheque de 5 mil dólares a Jiménez, que se obligó a “no realizar quejas, reclamos y conversaciones”, ni a “difamar conceptos o epítetos en contra del señor José Carlos Tuárez Zambrano”.
Esas dudas relacionadas a su patrimonio también generaron cuestionamientos por parte de la Iglesia. “Tengo un pequeño patrimonio, dijo en una entrevista difundida el 19 de julio. “Yo lo he hecho con el sudor de la frente”. Antes ya había dicho que era libre para vender, para comprar, para adquirir bienes. “¿O sea, cuál es el problema?, le respondió a un periodista. Pero, según Cabrejas, su superior, sí hay un problema: “Los religiosos no podemos tener propiedad particular personal privada ni cuentas ni pólizas ni nada de eso” dijo el dominico. “Si él lo ha hecho, lo ha hecho a escondidas de los superiores de la orden. Todo lo que tenemos es comunitario”.
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Que ha sido calumniado ha dicho Tuárez. Que pretenden desacreditarlo. Que es un perseguido. Que jamás se ha visto “un ataque tan inmisericorde” en contra de una autoridad electa por el pueblo. Que hay un linchamiento mediático en su contra.
Ya sentado en la cabecera de la mesa de los consejeros, la prensa convocada, vestido de traje oscuro, camisa blanca y corbata amarilla, el sacerdote que ya no vestía como sacerdote, estaba acompañado de los consejeros Victoria Desintonio y Walter Gómez mientras hablaba de Guillermo Lasso, excandidato presidencial y líder de CREO. Dijo que habían recibido denuncias de supuesta corrupción de Lasso, a quien se refirió como “el banquero que tanto daño le hizo al país”. El juicio político en contra de los tres, dijo, era la estrategia del bloque de CREO para detener las investigaciones en contra de Lasso. Según él, Lasso no ha cumplido con la desinversión de capitales en paraísos fiscales que manda la ley ecuatoriana (la prohibición es para quienes ejerzan cargos públicos).
Ante la vaguedad de sus acusaciones, los periodistas empezaron a distraerse. “ Yo he tenido todo este tiempo el acoso mediático del que todos ustedes han sido testigos, de este acoso inhumano e inmisericorde”, dijo Tuárez.
Cuando una periodista le preguntó sobre su supuesta intención de dejar insubsistentes los nombramientos a autoridades hecho por el CPCCS de transición, Tuárez reaccionó a la defensiva: “Usted está engañando y confundiendo al país con su pregunta”. Dijo que la Asamblea no los ha dejado ejercer sus funciones, pidiéndoles explicaciones de cosas que, asegura, no están dentro de sus competencias.“Nos tienen que preguntar acerca de nuestras funciones, no de nuestras vidas pasadas, no de lo que hacemos ni de lo que dejamos de hacer”.
Tuárez se refería, muy probablemente, a la comparecencia a la que fue llamado en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional una semana antes para explicar denuncias en su contra.
Más se tardó en marchar desde la sede del CPCCS hasta la Asamblea —una caminata de unas ocho cuadras que hizo acompañado de simpatizantes suyos— que en entrar y salir de la comisión. “Debo manifestar que no soy sujeto de fiscalización ni de juicio político por acciones anteriores a mi posesión, por lo cual me permito retirarme, agradeciendo el espacio para esta aclaración. Bendiciones, hasta luego” dijo el padre Tuárez, se levantó y se fue. Los asambleístas miembros de la comisión no alcanzaron a decir palabra alguna.
Una semana después, en la rueda de prensa donde decía que no los dejaban trabajar, Tuárez tuvo un momento de penitente contradicción. Cuando la periodista que le había hecho la pregunta que lo incomodó, intentó repreguntarle, el sacerdote transustanciado en político, la cortó en seco: “Es importante que usted sea una periodista seria y no un poco cizañosa”, le dijo.
Pero cuando otro reportero se quejó por la actitud de ciertos miembros del equipo de comunicación del CPCCS, Tuárez, suavizando la voz y con gestos cuasi teatrales, se retractó: “Pido perdón, no se le puede tratar mal a la prensa. Pero nunca he hecho preguntas que atenten a la dignidad de la persona y que atente al país como usted trató de hacerlo hace un momento, discúlpeme, señora, porque hay que saber preguntar”, dijo alzando la voz. “Pido perdón si se los ha maltratado. David, eso no puede ser porque esta es la casa de la prensa, la casa de la verdad”, dijo, dirigiéndose al director de comunicación de la entidad.
Pero a pesar del acto de contradicción, en general, su relación con los medios ha sido ríspida. Insiste en que es víctima de linchamiento mediático, que la prensa da paso a ataques en su contra. Sus simpatizantes agredieron a periodistas. Y, en reminiscencia a otros tiempos, llamó a la prensa “corrupta”.
No es el único epíteto que ha usado. Cree que la prensa tiene intereses, que los reportajes que replican las irregularidades que aparecen en distintos frentes son un linchamiento mediático, figura legal creada por la Ley de Comunicación de 2013 y que sirvió para perseguir a medios de comunicación, con el pretexto de que, concertadamente, buscaban atacar a ciertas instituciones o funcionarios públicos. La figura fue eliminada con las reformas de diciembre de 2018. “No es justo que el Ecuador tenga esta prensa que miente, no es justo que el Ecuador tenga esta prensa que está vendida a los poderes económicos y políticos” dijo en una entrevista.
El equipo de comunicación del CPCCS —que mantiene un chat de WhatsApp con la prensa— ha tenido que hacer frente a las quejas de los periodistas por las limitaciones en la cobertura o las largas esperas. Durante una de las convocatoria al pleno, algunos periodistas se quejaban de una espera de tres horas o de la falta de respuestas ante el pedido de pronunciamientos. Incluso algunas convocatorias han sido compartidas por los periodistas ante el silencio de los comunicadores de la institución.
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La visibilidad que hoy tiene, no se previó antes de que ganara las elecciones. Pero eso cambió muy rápido después de que dijera que por su rango de Presidente del Consejo no hablaría con nadie más que no sea el Presidente de la República. Tampoco había pedido que se le dé un edificio nuevo para trabajar, ni había llamado ‘corrupta’ a la prensa, ni se había comparado con Jesucristo. Tampoco había arengado “Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina”.
Aún era candidato. Tan pintoresco como puede resultar un sacerdote que viste atuendo de sacerdote y que habla como sacerdote mientras se inmiscuye en la política nacional, aunque según la Constitución, Ecuador sea un país laico. Tuárez era aplaudido por algunos sectores que ven en la religión un modo de salvación, que aspiran a que los valores religiosos estén atados a las decisiones que toma un Estado. Entre 43 candidatos, Tuárez se mimetizaba. La atención estaba, además, en las candidaturas de las dignidades seccionales: prefectos, alcaldes, concejales. Quienes aspiraban al CPCCS pasaban casi inadvertidos. Tuárez, advertía, sin embargo, que sus posturas religiosas dirigirían sus posturas políticas. “Soy sacerdote provida, profamilia, defiendo la vida desde la concepción hasta su término vía natural” decía en una entrevista radial, en la que evadía con agilidad las preguntas sobre el matrimonio igualitario.
Sus respuestas, advertían, la postura pública que asumiría después, ya frente al CPCCS. “Toda esta persecución mediática es solo una cortina de humo. Aprobaron el matrimonio igualitario para llamar a consulta y engañarnos nuevamente”, dijo en un tuit después de la decisión de la Corte Constitucional de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Tuárez es un hombre que se dice perseguido y busca atención mediática. En junio de 2019 quiso difundir una cadena nacional en la que aparecía vestido de sacerdote.
— Compatriotas, Ecuador ha iniciado una nueva era. Por primera vez, en nuestro país y en el mundo, hemos tomado posesión de nuestros cargos los nuevos miembros del CPCCS. A nuestro cargo queda la gran responsabilidad de fortalecer la función de transparencia.
Continuaba durante más de dos minutos recordando las funciones del organismo, con un trasfondo de imágenes suyas y, en menor grado, de los otros consejeros.
— Vamos a exorcizar al país de sus males y limpiar su alma, concluía.
La Secretaría de Comunicación decidió no transmitirla porque consideró que el contenido no era de interés público.
Su exposición mediática —al menos, tal como él la había pensado en el spot, quedó truncada— y ese intento de saltarse a los periodistas para evitar las preguntas y plantear únicamente su mensaje, no le funcionó. Tuárez tendrá que acostumbrarse a la otra exposición, la que le pone a periodistas al frente, la que le hace preguntas, la que demanda explicaciones. Y aunque ya ha dicho que él no le debe explicaciones a la prensa, las denuncias que se acumulan en su contra le recordarán que como funcionario público sí las debe.
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“El Señor me iluminó y me dijo: José Carlos, promueve una Asamblea Nacional Constituyente donde debemos irnos todos a la casa. ¿Por qué tenemos que seguir pagando a 137 asambleístas que no hacen absolutamente nada por el pueblo? Tenemos que ir a una Asamblea Constituyente donde sea reparado todo el valor ciudadano, donde no tengamos que dar cuenta a los partidos políticos ni a las élites económicas del país”, dijo Tuárez en Esmeraldas, ante un grupo de representantes de organizaciones sociales y unos pocos medios de comunicación.
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Ya ha anunciado, varias veces antes que esa es la salida. Tuárez, cree, y se encarga de repetirlo en su particular forma de expresarse, apelando a citas religiosas y escenarios apocalípticos, que es el único capaz de evitar que se “rompa la estructura del Estado”. Otro caudillo en ciernes ofreciendo refundar la patria porque solo él puede. Pero el padre Tuárez está en apuros. El juicio político contra él y otros tres consejeros fue aprobado en la Asamblea. La Asociación de Trabajadores de la Educación, UNE, presentó una denuncia en su contra, por perjurio y falso testimonio, relacionado a la documentación entregada para su calificación como candidato al Consejo que hoy preside. El 25 de julio deberá ir a la Asamblea a presentar sus pruebas de descargo. Ahí lo esperarán los periodistas con los que se enfrenta cada vez que los tiene delante. Antes de que empiece la vacancia legislativa, el legislativo al que Tuárez hizo un desplante, podría acabar con la carrera política del sacerdote tan rápido como empezó.
