La madrugada del jueves 28 de noviembre de 2019,  el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez fue detenido por el presunto delito de tráfico de influencias en Portoviejo, capital de la provincia costera de Manabí. 

Además de Tuárez, fueron detenidas más de treinta personas en un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía en las provincias de  Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos. José Carlos Tuárez fue detenido, según la Fiscalía,  por pertenecer a una supuesta organización “dedicada a ofertar cargos en varias instituciones del Estado, entre ellas la Dirección de Aviación Civil (DAC) y la Aduana”. 

Los involucrados, dice el comunicado, “pedían grandes cantidades de dinero, que van desde los cinco hasta los veinte millones de dólares” por dichos puestos. Además, habrían ofrecido contratos en entidades públicas, “a cambio de recibir entre el 10% y el 20% del monto de la contratación”, dijo la Fiscalía.

Entre los elementos encontrados durante los allanamientos están “teléfonos celulares, dinero en efectivo, cheques, documentos, laptops, armas, currículos de varias personas, entre otros indicios”, dijo la Fiscalía.

El delito de tráfico de influencias, según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP),  se configura cuando una persona “prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros”. La pena traficar influencias en el Ecuador va de tres a cinco años de cárcel.

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Tuárez fue electo por votación popular para integrar el CPCCS en las elecciones de marzo de 2019. Después de asumir como consejero, el pleno del organismo lo nombró su presidente. Desde el inicio de su gestión, José Carlos Tuárez entró en una confrontación directa con otros poderes del Estado y, además, con la prensa. Durante su gestión, fue criticado por compararse con Jesús. Tuárez, un sacerdote dominico, fue cuestionado incluso por sus superiores religiosos, quienes dijeron que “ha vendido el alma al diablo”. Dos meses después de asumir su cargo, fue destituido en un juicio político en la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones, proselitismo y arrogación de funciones.