El 30 de junio de 2020, la jueza Marcela Ortega negó el pedido de caución solicitado por José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Tuárez cumple prisión preventiva dentro de un proceso por el supuesto delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos, según la Fiscalía General del Estado

De acuerdo con el artículo 543 del Código Integral Penal (COIP), la caución —o fianza— es una garantía que se ordena para “garantizar la presencia de la persona procesada” y suspende los efectos de la prisión preventiva. Para fijar la medida, el procesado debe hacer una solicitud formal que será analizada en una audiencia oral. Si se aprueba, se discute su modalidad y las condiciones. En el caso de Tuárez, la solicitud de caución fue rechazada.

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Tuárez fue detenido el 28 de noviembre del 2019 en Portoviejo durante el operativo denominado Emperador. En él, se detectó una red de 37 personas que, además de Tuárez, habrían participado en  el  presunto delito de tráfico de influencias. 

 Antes de la detención de Tuárez la Fiscalía investigó el caso durante cuatro meses en las provincias de Guayas, Los Ríos, Sucumbíos, Pichincha, Tungurahua y Manabí. El operativo de la Fiscalía se dio por una denuncia ciudadana que alertaba sobre la supuesta venta de cargos públicos. 

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Según la Fiscalía, entre las instituciones en las que se ofertaban estos puestos estaban la Dirección General de Aviación Civil, la Aduana, la petrolera Petroamazonas y algunos hospitales públicos. “Los cargos podrían llegar a ser ofertados a cambio de grandes sumas de dinero que llegan hasta los 26 millones”, dijo la Fiscalía. La institución también confirmó que las personas involucradas en el caso presuntamente solicitaban porcentajes de los montos de contratación.

En diciembre de 2019, la Fiscalía pidió prisión preventiva para Tuárez y 8 personas más por 12 meses para continuar con la investigación. El tráfico de influencias se castiga con penas privativas de libertad de 3 a 5 años, según el COIP.  

La defensa de Tuárez ha estado tramitando la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario por meses. Una petición anterior ya fue negada el 26 de mayo del 2020 por la jueza Marcela Ortega.

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José Carlos Tuárez es un ex sacerdote dominico y ex funcionario público que fue designado presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social después de que en las elecciones de marzo de 2019 fuera el candidato más votado para ser parte de dicha función del Estado. Mientras estuvo en el cargo, Tuárez se convirtió en un personaje controversial: se enfrentó a los medios de comunicación, su orden religiosa condenó su actuación y por último fue sometido a tres juicios políticos por incumplimiento de funciones, proselitismo y arrogación de funciones. Fue censurado y cesado de su cargo en agosto de 2019.

Tuárez ha negado su participación en la red de tráfico de influencias investigada actualmente. Antes de ser procesado por este presunto delito, ya tenía otras acusaciones de perjurio y falso testimonio en su hoja de vida y la falsificación de documentos y por irregularidades en su inscripción como candidato para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.