La noche del 27 de mayo de 2020, Javier Viteri chateó con su asesino por el messenger de Facebook. Ese día sus amigos Royman Tene, Jordy y Jonathan Yaguachi fueron a su departamento, en la pequeña ciudad de Arenillas, en la provincia sureña de El Oro, para jugar videojuegos. Un par de horas después, Hilmar Corozo —un conscripto en el cuartel de las Fuerzas Armadas BI Constitución y el hombre con quien Javier Viteri había estado chateando— le dijo que iría a su departamento. Viteri se alegró cuando recibió el mensaje, recordó Royman Tene, en la audiencia de flagrancia.
En ese momento, les pidió a sus amigos que salieran del departamento, y ellos se sentaron afuera, a esperar que llegara la visita de Javier. Desde ahí vieron cuando Corozo llegó. Después de casi 40 minutos que el conscripto entró, lo vieron salir corriendo del departamento con la mochila de Royman Tene, que había dejado en la casa de su amigo Javier. Los jóvenes pensaron que era un ladrón, lo persiguieron por cuadras y cuadras por la calle principal de Arenillas, pasaron por el parque Las Mercedes, un hombre en moto los ayudó a intentar atrapar a Corozo pero no lo alcanzaron. “Yo ya estaba cansado, los perros ladraban”, dijo Royman Tene en la audiencia de flagrancia realizada el 28 de mayo de 2020. En el trayecto Corozo botó la mochila y Tene la recogió, regresaron a la casa de su amigo sin saber que yacía muerto.
La puerta principal del edificio estaba cerrada, unos vecinos les abrieron, y luego forcejearon la chapa del departamento porque Javier Viteri no respondía y nadie tenía la llave. La Policía llegó a las 11 de la noche, y uno de los policías dijo que lo encontraron muerto con puñaladas en la espalda y el cuello. Por los mensajes de Messenger, los tres amigos y un primo de Viteri que se enteró enseguida de lo que había pasado, supieron que había chateado con Hilmar Corozo y habían quedado en verse a las 10 de la noche. La Policía detuvo al conscripto de 19 años inmediatamente en el cuartel en que estaba acantonado.
El fiscal Sixto Minga investiga el caso. Corozo tenía que declarar el 11 de junio en la fiscalía, pero no asistió. Michael García, abogado de la familia Viteri, cree que no lo hizo por estrategia de su defensa. Parte de la evidencia que revisa el fiscal Minga son las páginas de Facebook y los celulares de Viteri y Corozo. Viteri, de 22 años, era un hombre homosexual. Pedro Gutiérrez, abogado experto en derechos de la comunidad LGBTI, dice que su asesinato es un mensaje simbólico sobre lo que significa ser un hombre gay y enfrentar la discriminación y la violencia que aún hay en el Ecuador.
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Viteri murió a pocos días que comience junio, el mes del orgullo gay, y de cumplirse los 51 años de que la Policía allanara el Stonewall Inn, un bar gay en Greenwich Village, Nueva York, golpeando a los clientes y provocando protestas que duraron cinco días. Ahí se forjaron los movimientos por los derechos de la población LGBTI en Estados Unidos. En Ecuador, en el mes del orgullo se celebra la aprobación del matrimonio igualitario en 2019.
Fue un gran paso: hace apenas 22 años la homosexualidad dejó de ser un delito en el país, aunque la despenalización se dio porque el Tribunal de Garantías Constitucionales consideró a las personas homosexuales como enfermos mentales que no podían ser juzgados penalmente. Pero a pesar de la gran victoria, la violencia y discriminación contra las personas de las comunidades LGBTI persisten.
Gutiérrez dice que el robo de la mochila podría distraer de lo que verdaderamente ha pasado: una persona fue asesinada porque su orientación sexual era homosexual. Según un documento de la Alianza de los Derechos Humanos Ecuador, conformada por más de 20 organizaciones defensoras de derechos, “este caso no puede ser subregistrado por parte del Estado”: la muerte de Viteri es un delito de odio.
Un delito de odio es un acto de violencia física o psicológica de odio contra una persona por su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, estado civil, identidad cultural, discapacidad, estado de salud, vivir con VIH, por su condición migratoria, identidad de género u orientación sexual. Según el Código Integral Penal, si provoca la muerte, la sanción es de 22 a 26 años de prisión. La sentencia por asesinato es la misma, pero Pedro Gutiérrez dice que juzgar la muerte de Viteri como un acto de odio ayudaría a entender la violencia por prejuicio y la persistencia de la homofobia en la sociedad ecuatoriana.
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La violencia y asesinatos a personas LGBTI no empiezan ni terminan con Javier Viteri. Danilo Manzano, activista LGBTI y director de la organización Diálogo Diverso, dice que la muerte de Viteri se hizo mediática pero hay muchos actos de odio que nadie conoce. En 2019 hubo 11 asesinatos a personas de la población LGBTI, tres intentos de asesinato y 4 casos de secuestro y tortura, según un informe de la Asociación Silueta X.
Además, el informe dice que 2019 fue un “año de terror” porque superó en un 500% los datos recopilados en años anteriores. Stephano Espinoza, del colectivo Guayaqueercity, dice que la noticia de la muerte de Viteri se conoció luego de tres o cuatro días por las redes sociales —mientras tanto, hubo un silencio completo en los medios de comunicación.
Entre los actos de odio que no se conocen porque tampoco se denuncian (o si se denuncian las investigaciones no avanzan), están el caso de una persona homosexual a quien en mayo de 2013 la despidieron de su trabajo por su orientación. En Manta, en noviembre del mismo año, a una persona transgénero le impidieron el ingreso a un lugar público por cómo iba vestida. Un hombre homosexual de 18 años fue detenido por policías en noviembre de 2012 y abandonado en las afueras de Quito. Casos como estos se repiten sin que nos enteremos.
Los actos de odio hacia la población LGBTI también se cometen dentro de sus familias. Según, Pedro Gutiérrez, una de las primas de Viteri contó que en su adolescencia, la familia lo internó en una clínica de deshomosexualización “es algo que el abogado ni la familia se han pronunciado, ni han dicho nada” dice Gutiérrez. En Ecuador está prohibido el funcionamiento de clínicas de deshomosexualización pero en la clandestinidad todavía atienden. En estos lugares las personas sufren torturas, golpes, insultos y hasta violaciones en intentos de volverlos heterosexuales.
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En la foto que compartió en Facebook un mes antes de que lo mataran, Javier Viteri se sostiene la sonrisa con la mano izquierda y su codo permanece casi flotando. Está sentado en un sillón rojo brillante.
En otra, aparece con una sonrisa ligera, un cartel en las manos y tiene las mejillas pintadas con la bandera arcoíris de la población LGBTI. Sus amigos dicen que le gustaba ir al gimnasio y jugar básquet. Prefería el ceviche y la lasagna, recuerda su tía Janeth Viteri. Quería ser médico, trabajaba de ayudante en un consultorio odontológico.
Su asesinato no solo cortó de cuajo todo eso, sino que es un reflejo del tipo de sociedad en que vivimos. “También de la falta de sensibilización del Estado y de una ley de prevención de violencia que incluya a la población LGBTI”, dice Manzano. En Ecuador aún no están penalizados los crímenes contra las personas LGBTI, la justicia del país está lejos de reconocer estos delitos como un problema que pone en riesgo la vida de quienes conforman esta comunidad.
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Desde el 28 de mayo, Hilmar Corozo está en prisión preventiva, por 30 días, mientras dura la investigación por asesinato. Hasta ahora, el fiscal sigue analizando las páginas de Facebook y los celulares. El abogado Michael García dice que el fiscal tiene que disponer nueva fecha para recibir la versión de Corozo. García cree que hay un posible delito de odio, pero esperará que la fiscalía termine la investigación y que pueda reformularse como un acto de odio. Las crueles redes sociales culparon a Viteri de su muerte por dejar entrar a un desconocido a su casa. Espinoza cree que esa visión es parte de una cultura en la que los gays no tienen derechos y que pasa lo mismo en la violencia contra las mujeres: culpar a la víctima.
