Santiago* desapareció el 24 de septiembre de 2016. Santiago —delgado, bronceado, de ojos marrón y pelo negro—, tiene quince años, vivía con su madre, su hermano pequeño y su padrastro en Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador. Hace dos años, su madre se enteró de que a Santiago no le gustan las chicas, sino los chicos: alguien le contó que su hijo andaba con hombres mayores, y ella —una evangelista convencida de que la homosexualidad es un pecado mortal— perdió el control: “Comenzó a cazar a los amigos de mi primo, a ver con con quién se juntaba, a averiguar la edad de todos ellos para meterlos presos” —recuerda Roberto, primo de Santiago— “decía que ellos eran mayores de edad y que habían abusado de Santiago”. 

Como no tenía ninguna prueba, la Policía desechó su acusación muy pronto. Cambió de estrategia: lo llevó al hospital psiquiátrico Lorenzo Ponce, pero lo único que consiguieron esas consultas fue que Santiago se deprimiera. Lo expulsaron de su colegio porque un profesor lo vio cogido de la mano de otro chico. Se inscribió en otro pero ya había perdido cualquier interés: se fugaba de clases, no estudiaba. Finalmente, también lo sacaron. Entonces su madre tomó sus primeras medidas extremas: convencida de que solo su religión salvaría a su hijo de la condena de la sodomía, lo envió a un colegio adventista en Santo Domingo de los Tsáchilas, a cinco horas de su casa. Ahí, las autoridades y maestros sabían que Santiago es gay y que debían curarlo. Si se portaba mal, lo encerraban dos horas a rezar para que, según Roberto, “su pecado y todos los diablos que tenía dentro desaparezcan”.

Santiago no podía hablar con nadie ni recibir visitas. Él fingía estar de acuerdo pero después de cuatro meses, se enfermó. El doctor lo mandó a reposar con su madre en Guayaquil. “Cuando logró salir de ahí en abril de 2015, regresó flaco, como si hubiera pasado por una enfermedad catastrófica”, recuerda su primo. Su madre y su padrastro le dijeron que debía elegir: o regresaba al colegio o debía irse de la casa. Eligió lo último: se fue donde su papá y su abuela. En ese ir y venir, su relación con ella y Roberto se fortaleció: más que sus parientes, se convirtieron en sus confidentes. Su padre, indignado por lo que ha pasado su hijo, quería denunciar a su exesposa pero Santiago no lo dejó: tenía esperanza de regresar a casa con ella. La había perdonado, pensando que no volvería a tratarlo así. Además, extrañaba a su hermano. Su madre lo recibió para poder dar el paso más drástico en lo que creía era el tratamiento para el mal que padecía su hijo: internarlo en una clínica para que lo deshomosexualicen. No se lo dijo a nadie. Santiago se esfumó.

Una idea vergonzosa como curar la homosexualidad es también una idea popular en el Ecuador. En 2009, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) denunció que desde hace por lo menos diez años existen centros dedicados a impartir brutales terapias para convertir a sus pacientes en heterosexuales: hay reportes de violaciones, golpes e insultos. Quienes los manejan los presentan bajo la fachada de centros de rehabilitación para drogas y alcohol pero secretamente ofrecen curar la homosexualidad. Según la exministra de Salud ecuatoriana Carina Vance, en 2013 se calculaba que de los doscientos centros por adicciones que había en el país, ciento veinte tenían licencias para funcionar y ochenta eran clandestinos. En 2011, el Ministerio de Salud Pública clausuró 30 solo en la provincia de Guayas. Pero aunque se cierren algunos establecimientos, el problema persiste. La presidenta del Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos que acompañó a Roberto durante la búsqueda de su primo, Diana Maldonado, dice que más de sesenta personas son encerradas al año en Guayaquil, pero que tener un número exacto es muy difícil. “La gente no denuncia, salen muy atemorizados y algunas veces muy mal en su salud mental y emocional”. Muchas veces las víctimas prefieren alejarse, callar e intentar olvidarlo todo.

Hay unos pocos casos que se vuelven públicos, aunque a veces sea demasiado tarde. Cuando la guayaquileña Zulema Constante tenía 22 años fue enviada por sus padres a una clínica clandestina por consumo de drogas y alcohol en Tena, en la Amazonía del Ecuador. Ahí le decían que su orientación sexual era una enfermedad, la hacían leer la Biblia mientras le repetían que ella era una degenerada. El caso se difundió por redes sociales, y como su papá era una persona política las personas del centro la embarcaron en un taxi y la mandaron de vuelta a Guayaquil. “La encargada me decía cosas como aquí vas a cambiar, vas a usar falda, vas a comer vegetales. Me hablaban de mi novia,  que le iba a pasar esto y lo otro, me decían que no iba a salir de ahí” —recuerda Zulema— “Estás vulnerable, llegas y no sabes dónde estás, qué te van a hacer ni qué va a pasar. No sabes cuánto tiempo vas a estar ni cómo va a ser al siguiente día cuando te despiertes”. Paola Ziritt estuvo 2 años en uno de estos centros donde fue violada a diario. Paola Concha, de 23 años, estuvo internada por 18 meses: recibió constantes golpes esposada a un tubo. Esto es lo que Roberto y su abuela temían que Santiago haya vivido.

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La tortura de Santiago no empezó ni en la escuela adventista ni en la clínica que su madre lo internó: empezó en casa. Cuando regresó, ella le daba cuadernos sucios, viejos y desgarrados para el colegio. Su hermano menor, en cambio, recibía todo nuevo e impecable. Según Roberto, “ella lo marginaba, para que el pequeño no se contagie y se haga homosexual”. Su madre lo volvió a llevar al hospital psiquiátrico. Después de varias consultas le pidió al psicólogo que lo internaran, pero el doctor le contestó que no había nada malo con Santiago. Ella se enfureció: comenzó a gritar y, entre insultos, salió del hospital, donde no volvieron más. Para ella era inconcebible que no hubiese algo malo en su hijo. Él se refugió en Roberto y su abuela: los visitaba con frecuencia y los mantenía al tanto de lo que ocurría. Pero para agosto de 2016, Santiago solo hablaba con ellos por Whatsapp. Una tarde de fines de septiembre, no volvió a contestar. Su abuela y su primo Roberto empezaron a buscarlo con la sospecha de que estaría internado en una clínica de “deshomosexualización”.

Las primeras pistas llegaron desde Estados Unidos. Raquel, mamá de Roberto, lo llamó a contarle que la madre de Santiago le había escrito para verla: estaba en Nueva York. Cuando Raquel le preguntó dónde estaban sus dos hijos, ella le dijo que el menor se había quedado con su hermana en el Ecuador, y que Santiago estaba en un centro de rehabilitación en un pequeño pueblo rural en una provincia de la costa, a seis horas de Guayaquil. Cuando Raquel le preguntó por qué, ella dejó de contestar los mensajes. Roberto y su abuela supieron dos cosas: que su sospecha de que la mamá de Santiago lo había internado era cierta, y que ella se había ido del país. Lo extraño para su primo era que Santiago no tenía ninguna adición: “no es ni alcohólico ni drogadicto ni loco. Yo sabía que le estaban haciendo algo”, recuerda. La búsqueda de su primo continuó en las redes sociales: la abuela vio una foto familiar que el hermano de Santiago subió a Facebook y le dejó un comentario preguntándole dónde estaba el hermano que no aparecía en la imagen. El niño —o alguien más— borró la foto sin dar explicaciones. Sus amigos también aportaron con datos: uno de ellos le dijo a Roberto que Santiago contó que su madre lo enviaría a un lugar sorpresa. Otro dijo que había escuchado que se iba a ir otra ciudad a estudiar. Roberto siguió la búsqueda con su abuela, aunque ella prefirió mantener un perfil más discreto.

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Roberto escribió en su muro de Facebook que su primo había desaparecido y que sospechaba de que su madre lo había internado en un centro por su orientación sexual. La presidenta del Observatorio de Derechos Humanos, Diana Maldonado, había conocido a Roberto en 2015, en una conferencia en la Universidad Politécnica Salesiana donde él estudia. Ella vio el post y le dijo que el Observatorio lo ayudaría. Acudieron a la Defensoría del Pueblo, el órgano estatal encargado por proteger los derechos humanos,  crearon una campaña en las redes sociales y el vicepresidente del Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías, Luis Garcés, le escribió directamente a la madre de Santiago: ¿dónde estaba su hijo? El 3 de octubre de 2016 —el mismo día en que quienes buscaban a Santiago dieron una rueda de prensa en Guayaquil—, su madre apareció desde los Estados Unidos. Le escribió a Raquel y dio la inverosímil explicación de que había enviado a su hijo a una clínica en una provincia de la costa para que le tratasen el Virus del Papiloma Humano (VPH), una de las infecciones más comunes —80% de la población sexualmente activa la ha tenido— de transmisión sexual en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, suele desaparecer después de meses de ser contraída. Un pequeño porcentaje de estas infecciones —provocadas por dos tipos de VPH de cien— pueden causar cáncer al cuello uterino o a los órganos reproductivos. Pero, sobre todo: el VPH se trata con medicamentos —como cremas o inyecciones— y no requiere ser ingresado en una clínica. Peor una a cientos de kilómetros de casa. Roberto cree que ella falsificó la firma de su ex esposo para internar a Santiago.

Mientras tanto, su madre intentaba intimidar a quienes buscaban a Santiago. Por WhatsApp le dijo a Raquel que lo único que ella buscaba era que su hijo “tenga una mejor conducta” y que su exesposo seguramente lo único que quería era dinero y quitarle la patria potestad de Santiago. Además, dijo que su hijo era un manipulador. Según Roberto, su tío no sabía nada. Cuando se enteró, se reunió con los abogados de su exesposa: quería dejar claro que no tenía nada que ver con la campaña de búsqueda de su hijo, que no buscaba dinero: “Él dice que solo que quería que Santiago aparezca”, dice Roberto. Mientras tanto, él y su abuela seguían hablando con amigos del primo perdido, escudriñando redes sociales, esperando que su madre volviese a decir algo. Poco a poco fueron desenredando el ovillo del paradero de Santiago. “Parece que estamos por buen camino”, me dijo el 3 de octubre. Tres días después, Santiago apareció.

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Los centros de tortura (o clínicas de deshomosexualización) son la aplicación más retorcida de una teoría pseudo-científica llamada terapia de reorientación sexual. Es la creencia sin ningún asidero de que se puede convertir a la heterosexualidad a un homosexual si se sigue una serie de modificaciones en su conducta, o si se somete a ciertas prácticas. Uno de sus mayores promotores es el psicólogo estadounidense Joseph Nicolosi, que propuso una serie de técnicas psicoanalíticas para que los gays se conviertan. Algunos de sus consejos para hombres gays son hacer deportes, evitar socializar con mujeres a menos que sea con fines románticos, evitar actividades consideradas interesantes para la comunidad gay —como museos de arte contemporáneo, conciertos de ópera— aumentar el tiempo que comparte con hombres heterosexuales, ir a misa, tener sexo con mujeres, casarse con mujeres, y tener hijos con mujeres. Otras supuestas técnicas de reorientación incluyen “métodos bioenergéticos” que consisten en golpear una almohada con una raqueta de tenis mientras el paciente grita “¡Mamá, por qué me has hecho esto!”. 

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Se han llegado a aplicar electrochoques, y muchas mujeres han sido víctimas de lo que sus torturados (o reorientadores, como prefieren autodenominarse) llaman violaciones correctivas: sexo contra su voluntad tantas veces como sea necesario hasta que les guste. Ciertos grupos religiosos han fundado “comunidades de exgays” desde donde se aconseja orar para evitar las tentaciones. Incluso, un sacerdote inglés dijo que con exorcismos liberaba de los demonios de la homosexualidad a cuatro o cinco personas al año. Durante el nazismo, diez mil homosexuales fueron internados en campos de concentración para “reorientarlos”. Solo sobrevivieron cuatro mil. En 2009, la Asociación Psicológica Estadounidense rechazó que existiese una forma de curar la homosexualidad. En una decisión de 125 a 4, el consejo rector del organismo pidió que no se apliquen ni sugieran estas terapias, y advirtió que estos tratamientos podrían causar depresión, ansiedad e incluso llevar al suicidio a los pacientes. Siete años después, el Ecuador carga el dudoso honor de ser el país donde el fanatismo violento de las terapia de reorientación ha reabierto sus campos de tortura.

De uno de ellos ha logrado escapar Santiago. Llegó a la Defensoría del Pueblo en Guayaquil, flaco, asustado y con moretones que él mismo se había hecho por la desesperación. Iba acompañado por familiares de su madre. En esa oficina pública dijo que había estado en el lugar que su madre había dicho, pero no en un tratamiento de VPH, sino encerrado en un centro de rehabilitación clandestino por alcohol y drogas. Contó lo que padeció: le repetían que estaba ahí por homosexual, que lo metieron en una celda donde lo tenían amarrado.

Le daban pastillas sedantes que lo mantenían adormecido y lo golpeaban —tenían órdenes de no hacerlo muy duro para no dejarle marcas—, le lanzaban plátanos para que coma y muchas veces ni siquiera eso. Dijo que su madre había contratado al centro para que lo retuviesen cuatro meses (hasta enero de 2017), y que el director del establecimiento mandó una carta a su colegio en Guayaquil diciendo que estaría internado por su adicción a las drogas y el alcohol. Después de su testimonio ante las autoridades de la Defensoría, Santiago ha preferido el silencio. “Está atemorizado, afectado psicológica y emocionalmente” —dice Diana Maldonado quien fue a la Defensoría del Pueblo en Guayaquil con Roberto para recoger a Santiago— “ahora solo quiere irse con el primo para que la madre no lo pueda encerrar otra vez”. Según su primo, ese mismo día Santiago habló con su mamá. Ella le dijo que no sabía lo que le estaban haciendo pero que lo internó por su mala conducta. Insistía, además, que su hijo tiene VPH y que necesita tratamiento. Roberto dice que Santiago está muy delgado: “Él me ha contado todo lo que le pasó en ese lugar, cosas muy feas y cosas que no son de Dios, sinceramente”. Un par de días después de su liberación, Santiago ha empezado a comer otra vez. Los médicos que lo han examinado le han recetado vitaminas y reposo. Su primo dice que se encargará de ayudarlo a sanar.

Santiago ha aparecido, pero el problema de los centros de tortura persiste. Diana, la Defensoría del Pueblo y el Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías intentarán cerrar el centro de torturas y que se enjuicie a quienes lo manejan, pero la cuestión es mucho más grande: cada vez que uno se cierra, aparecen otros, o después de un tiempo, los mismos son reabiertos bajo otros nombres. Las autoridades se enteran que existen los centros en los contados casos en que uno de los internos decide hablar o alguien los denuncia. La única solución está en que se queden sin clientes: es decir, que dejen de encontrar padres y familiares que, en su profundo fanatismo religioso, crean que la homosexualidad es un pecado que se puede curar con insultos, golpes y abusos. Es paradójico: querer salvar a alguien de un supuesto pecado consintiendo delitos en contra de quien, se supone, uno ama. Santiago, apenas un chico de quince años, es una de las víctimas de esa horrorosa paradoja.

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Lisette Arévalo Gross
(Ecuador, 1992) Periodista. Es productora y reportera en Radio Ambulante. Le gusta producir historias en audio y hacer fact-checking. Escribe sobre violencia de género, y derechos sexuales y reproductivos . Estudió una maestría en periodismo de investigación en Columbia University en la ciudad de Nueva York. Fue editora junior en GK.

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