El presidente Lenín Moreno ha repetido en varias ocasiones en sus tres años de gobierno que iba a hacer una “cirugía mayor a la corrupción”. La pandemia del covid-19 ha revelado que, si el paciente sigue sobre la mesa de operaciones, el procedimiento se ha complicado al punto de comprometerle la vida. La Contraloría está haciendo 53 auditorías a las compras públicas de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Se habla de sobreprecios de hasta el 9.000% en contratos entre marzo y mayo de 2020. La corrupción es, generalmente, discutida y entendida por sus implicaciones éticas, pero tiene también durísimos impactos económicos y sociales. 

Hay una pregunta recurrente que nos hacemos ecuatorianos y latinoamericanos: ¿cuánto cuesta la corrupción?

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La respuesta genérica es mucho. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, se puede obtener una idea del tamaño de este fenómeno a partir de los sobornos pagados cada año en todo el planeta. Ambos organismos estiman que la industria del soborno mueve entre 1,5 y 2 billones de dólares —sí, millones de millones—: cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, 18 veces el PIB del Ecuador. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) añade que al menos 2,6 billones de dólares se pierden en enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y otros actos de corrupción. 

Son solo aproximaciones: calcular su costo real —a nivel económico y social—, coinciden los expertos, es muy difícil porque el comportamiento corrupto varía y generalmente está oculto. Por eso hay otros indicadores para medir su impacto. El más usado es el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) de Transparencia Internacional —una organización no gubernamental que promueve medidas anticorrupción. En esa escala, 0 equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente. En 2019, Ecuador tuvo 39/100

El índice no puede capturar la frustración individual de esta realidad, dice Transparencia Internacional. Detrás de los números están los efectos cotidianos. Agustín Acosta Cárdenas, abogado especializado en temas anticorrupción y compliance, dice que el hecho de que suceda durante una crisis sanitaria vuelve aún más grave a situación. “Es escalofriante ver cómo algunos funcionarios del gobierno se aprovechan de esta emergencia”, dice. 

En abril, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) compró insumos médicos en contratos con 100, 250 y hasta 400% de sobreprecio. El 3 de mayo, se hizo pública la compra en el Hospital del IESS de Los Ceibos de Guayaquil de 4000 fundas para cadáveres a 148 dólares que en el mercado cuestan apenas 12. Con el presunto sobreprecio se podrían haber comprado 45.333 trajes de bioseguridad, 138.071 mascarillas KN95 o 525.714 mascarillas quirúrgicas.

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Tres días después, el 8 de mayo, una nota de Primicias reveló un sobreprecio del 40,2% en la compra de 7 mil kits de alimentos. En el Hospital Eugenio Espejo en Quito se investiga el sobreprecio de equipos laparoscópicos. En el Hospital Docente Ambato, de overoles y mascarillas. En el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil la pesquisa es por peculado. La Fiscalía ha abierto indagaciones en al menos 15 establecimientos de salud y las denuncias siguen apareciendo. 

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La corrupción también impacta la recaudación tributaria. Según Monitor Fiscal, un estudio del FMI, las naciones menos corruptas recaudan 4% más del PIB en impuestos que los países más corruptos donde hay mayor evasión de impuestos. La diferencia implica “menos dinero para la inversión pública” en educación y salud en países como Ecuador. 

Los actos corruptos debilitan las funciones clave del sector público. “Incluida la capacidad de recaudar impuestos o tomar decisiones de gasto de manera justa y eficiente”, concluye el informe del FMI. La confianza, dice el politólogo Francis Fukuyama, es un pilar fundamental para construir una sociedad económicamente exitosa. La corrupción, dice Michel Rowland, presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción de Quito, afecta drásticamente la legitimidad política y la confianza social en las instituciones. Por años, expertos han buscado cómo erradicar estos delitos y construir esa sociedad ideal: justa, legítima, próspera. 

Mientras los expertos discuten cómo, las consecuencias de la corrupción impactan directamente en la vida diaria del Ecuador. El 4 de mayo de 2020, Agustín Albán, Secretario de Educación Superior, dijo que las universidades públicas recibirían 98 millones menos porque el 80% del dinero asignado a las universidades depende de la recaudación tributaria que cayó durante la pandemia del covid-19. Hay menos recursos para entregar a las instituciones, “derivado de la fórmula de asignación de recursos”, dijo

En mayo, se anunció, también, un recorte a la educación básica y la eliminación del Instituto de Fomento y Talento Humano, encargado de la entrega de becas y créditos estudiantiles. El 19 de mayo, Lenín Moreno anunció el cierre de más empresas públicas —como Medios Públicos, Correos del Ecuador y Tame— y la reducción de las horas de trabajo de los servidores públicos. “Si hubiera una buena gestión de los recursos, tal vez no sería necesario pasar por estos momentos de crisis”, dice Michel Rowland. La corrupción parecería, también, impedirnos ver cosas que resultan más o menos obvias. 

La desigualdad también crece con estos delitos. Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro —organización representante de Ecuador en la Red Anticorrupción Latinoamericana— dice que cuando los fondos públicos se malversan se dejan de producir bienes y servicios de calidad para los ciudadanos. “Generalmente, se afecta más a los que menos tienen”, dice Muñoz, aunque matiza: para salir de la crisis se necesitará más que recuperar lo perdido en estos delitos. Y, aún así, la pregunta de cómo se podría haber utilizado la plata drenada por redes de corrupción enquistadas en el Estado hace cinco, diez, quince o más años martillea constantemente en el imaginario social.

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La corrupción es un mal estructural ecuatoriano. Se remonta décadas, pero en tiempos más recientes todos los gobiernos fueron manchados por ella. En 2001, un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, estimaba que solo en evasión tributaria, contrabando y comisiones de contratación pública la corrupción le costaba al país 2 mil millones de dólares anuales desde 1997.

En junio de 2004, el entonces presidente Lucio Gutiérrez tenía 16 casos de corrupción que lo involucraban directamente, a su familia o a funcionarios de su régimen. Entre 35 mil dólares en un anticipo de un préstamo no autorizado para su hermana, robos de combustible que le costaron más de 200 millones al país, y aportes no reportados a su campaña: Gutiérrez tenía una investigación abierta casi por cada mes que llevaba en el poder. Años antes, los gobiernos de Jamil Mahuad, Abdalá Bucaram, León Febres Cordero y muchos otros también estuvieron marcados por la corrupción y dinero perdido que nunca fue recuperado.  

Moreno tenía tanta fe en su famosa cirugía que hasta les ofreció a los jubilados el dinero que se fuese a recuperar. El vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo que en 2019 se recuperaron 16 millones de dólares de los casos de sobornos. Una pequeña parte de los 35 mil millones de dólares que, según la Comisión Nacional Anticorrupción, se perdieron durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa entre coimas, sobreprecios, evasión de impuestos, y otros. Lo mismo que costaría construir 23 metros como el de Quito o 16 plantas hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair. 

La verdadera pregunta, dice Michel Rowland, es cómo canalizar ese dinero hacia la ciudadanía. Si se lograse recuperar fondos de los actos de corrupción, deberían destinarse prioritariamente a salud, educación y a la recuperación de empleo. El problema es, según Rowland, que “en realidad no sabemos cuánto se puede recuperar”. 

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Es una gestión complicada. Muchas veces está fuera del país en cuentas offshore o escondido en otras empresas o fideicomisos. El abogado Agustín Acosta, dice que hay instituciones privadas, como Krys Global, que se dedican a recuperarlo y ofrecen varias opciones de pago por sus servicios. Según el experto,  no se trata de tener leyes que castiguen el delito, porque sí las tenemos, sino voluntad política para enmendar esos errores y recuperar el dinero perdido. 

El primer paso, dice Rowland, es tener normas legales actualizadas y bien organizadas. Aclara que más leyes no significa menos crimen, pero que la normativa de Ecuador tiene documentos que deben concretarse, reformarse o modernizarse. Como la Ley Orgánica Transparencia y Acceso a la Información Pública que se expidió en 2004 y ya ha perdido vigencia. El 20 de mayo, Lenín Moreno anunció que entregaría a la Asamblea un plan para reformar las compras públicas durante la crisis y acelerar la recuperación de los activos producto de malversaciones de fondos públicos. Según el Presidente, la corrupción en Ecuador debe combatirse “caiga quien caiga”. 

En Ecuador falta una ley para proteger al denunciante y garantizar que no pierda su cargo o sea perseguido. “No solo a nivel estatal, sino en las mismas empresas”, dice Acosta. Lo que sí hay en Ecuador, dice el abogado, es la obligación de denunciar actos de corrupción. Los gobernantes son un factor indispensable de la lucha para prevenirla. Acosta añade que los ecuatorianos deben alejarse del conocido “roba, pero hace”, porque todo acto de corrupción pública se hace con su dinero. 

La transparencia en los procesos de compra es más necesaria que nunca. La ciudadanía debería tener acceso a los datos, dice Rowland, para que sepa las condiciones en las que se ha contratado algún bien o servicio. Los ciudadanos organizados e indignados, explica, son aquellos que luchan contra la corrupción. “Cuando no reaccionan ante la injusticia es porque el comportamiento se ha generalizado”, dice Muñoz. En la cotidianidad, se la ve como algo natural. 

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La lucha contra la corrupción es una inversión de dinero, personal y mucho tiempo. Agustín Acosta dice que se debe hacer un cambio estructural en la sociedad. “No es algo esporádico que se genera únicamente en las compras públicas con sobreprecio” dice. Empieza poco a poco. Al pagar para escapar de una multa, para conseguir el cupo en un colegio, para evitar un corte de energía, para cambiar una decisión de un juez. Esa normalización afecta la capacidad de lucha contra el crimen.