El colectivo Mujeres Amazónicas y Amnistía Internacional —movimiento global que defiende los derechos humanos— entregaron más de 250 mil firmas a la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Las firmas en apoyo a las líderes indígenas Nema Grefa, Patricia Gualinga, Salomé Aranda y Margoth Escobar —recogidas en más de 168 países— fueron la excusa para exigir agilidad en los procesos legales de las denuncias que ellas han presentado por los ataques que han recibido, y están estancados desde hace uno y dos años por falta de agilidad de la Fiscalía.
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Las lideresas, que viven en diferentes localidades de la Amazonía ecuatoriana, aprovecharon la coyuntura del Día de la Mujer el pasado 8 de marzo para viajar hasta Quito y durante cinco días realizar actividades para visibilizar que sus denuncias no han sido tomadas en cuenta.
La Fiscalía de Ecuador se comprometió a investigar las amenazas y hostigamientos hacia las Mujeres Amazónicas. Fotografía de la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado de Ecuador
Las mujeres que han sufrido los ataques tienen roles protagónicos en sus comunidades. Nema Grefa es presidenta de la nacionalidad sápara, Patricia Gualinga es lideresa del pueblo kichwa sarayaku, Salomé Aranda es dirigenta de la mujer y la familia de la comuna Moretecocha de la nacionalidad kichwa y Margoth Escobar es activista de los derechos humanos y la naturaleza.
Con la entrega de las firmas, las mujeres amazónicas pidieron que la Fiscalía avance en las investigaciones sobre los ataques que han recibido, que se identifiquen a los autores materiales e intelectuales de esos hechos. A Margoth Escobar le quemaron la casa, a Nema Grefa la amenazaron de muerte, y a Patricia Gualinga y Salomé Aranda, unas personas las atacaron con piedras en sus casas.
Un pedido para proteger a los defensores de territorio
María José Veramendi y Andrés Rangel, de Amnistía Internacional para Sudamérica, pidieron en una rueda de prensa el 9 de marzo de 2020, que el Estado Ecuatoriano realice un protocolo de investigación de delitos cometidos contra defensoras de los derechos humanos. Según Veramendi, la Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador ofreció trabajar en la elaboración del protocolo junto con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y otras organizaciones de Estado. El protocolo estaría listo en octubre de 2020.
En febrero de este año, Ecuador ratificó su adhesión al Acuerdo de Escazú, un compromiso de países latinoamericanos para proteger a los líderes ambientales y defensores de territorios en la región donde hay más muertes violentas por este tema. Veramendi dice que esperan que la ratificación sea un llamado de atención para que por fin las autoridades implementen medidas de protección a los defensores de derechos humanos.
Veramendi explica que en Ecuador los crímenes contra las mujeres amazónicas se investigan como cualquier crimen. “Como el robo de una cartera, sin tomar en cuenta el trabajo que ellas hacen”, dice. Asegura que la defensa de derechos que hacen las mujeres amazónicas, en la mayoría de ocasiones, afecta los intereses políticos o económicos del Estado, y según Veramendi eso no se toma en cuenta como una posible línea en las investigaciones.
En respuesta a un pedido de información de Mongabay Latam, la Fiscalía de Ecuador confirmó que no hay ninguna disposición relativa a personas defensoras de derechos humanos. Es decir, los casos se tratan como si cualquier ciudadano —que no sea defensor de DDHH o el ambiente— recibiera un ataque. Para las investigaciones que hace la Fiscalía sobre cualquier delito denunciado, rige al Código Integral Penal (COIP) y esa ley no especifica la protección a defensoras o defensores.
La resistencia de las mujeres amazónicas
El colectivo Mujeres Amazónicas surgió en el 2013, cuando organizaciones indígenas y los defensores de derechos humanos recibían constantes ataques en el gobierno del expresidente Rafael Correa, como lo indica el Informe “No nos van a detener” de Amnistía Internacional, publicado en abril 2019. Desde 2013, las mujeres amazónicas han sufrido más ataques, amenazas, hostigamiento, y persecución judicial “como investigaciones penales en su contra por su participación en manifestaciones pacíficas”, dice también el informe. Por ejemplo, en noviembre de 2013, Margoth Escobar intentó estar en la apertura de sobres de la licitación de la XI ronda petrolera, pero no le permitieron entrar. A la salida del evento, Escobar se acercó al embajador de Chile de ese entonces, Juan Pablo Lira, y le dijo que en esa reunión estaban los líderes falsos y afuera los que de verdad defienden la naturaleza. Escobar fue acusada de agredir al director de la empresa Belorusneft, Andrey Nikonov, y en 2014, la Fiscalía la llamó a declarar porque estaba acusada de sabotaje y terrorismo.
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Pero este hostigamiento judicial solo es una de las formas de violencia que sufren. “Esas amenazas y ataques tienen que ver con el activismo que ellas hacen en el centro sur de la Amazonía contra la expansión petrolera y de concesiones mineras”, dice María Belén Páez, directora de la fundación Pachamama, organización que defiende los derechos de los pueblos indígenas.
Las mujeres amazónicas se oponen a la explotación de varios bloques planteados en la XI ronda petrolera, específicamente el 10, el 22, el 79 y el 83. Aunque en 2019, Andes Petroleum renunció la explotación del bloque 79 en la provincia de Pastaza, porque se acogía al recurso de fuerza mayor que aplica cuando por razones externas una empresa no puede desarrollar actividades y cumplir con el contrato con el Estado. Aún así, el bloque 83, ubicado también en Pastaza, sigue concesionado a la misma compañía. El Estado Ecuatoriano no ha realizado una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas afectados por la explotación petrolera en sus territorios.
El estancamiento de los procesos
Las investigaciones sobre los cuatros casos —Nema Grefa, Patricia Gualinga, Margoth Escobar y Salomé Aranda— que debe hacer la Fiscalía están en investigación preliminar, etapa del proceso penal antes que se formalice la investigación. En dos años, ningún caso ha avanzado. “Es muy preocupante que las investigaciones no avancen”, dice María José Veramendi, “ponen en riesgo la vida de las mujeres amazónicas y la vida de cualquier persona defensora de derechos humanos en la medida que los crímenes permanezcan en la impunidad”.
Fernanda Vanegas, politóloga y especialista en derechos de las mujeres, dice que en América Latina hay un fenómeno de criminalización a los defensores y que el objetivo de los hostigamientos, amenazas o ataques es frenar el trabajo de esos activistas.
El director de derechos humanos de la Fiscalía de Ecuador, Daniel Vejar, recibió las firmas en apoyo al colectivo Mujeres Amazónicas. En la reunión para entregar el documento, la Fiscalía se comprometió a que funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Control Jurídico y de la Dirección de Protección de Víctimas y Testigos, irán la última semana de marzo de 2020 a Pastaza para verificar el avance de las investigaciones. “Estamos esperando que efectivamente cumplan con eso y las investigaciones avancen”, dice Veramendi. Pero por la emergencia sanitaria del Covid-19 que atraviesa Ecuador y el mundo, lo más probable es que la fecha de visita se deba reconsiderar, informó la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado.
Fernanda Vanegas explica que las autoridades de cualquier país tienen la obligación de investigar los hechos y más cuando ya los conocen. En este caso, las mujeres amazónicas ya denunciaron las agresiones.
En el caso Salomé Aranda, por la demora en el proceso, el fiscal que lleva el caso tiene una investigación disciplinaria abierta en el Consejo de la Judicatura porque el proceso ha estado diez meses inactivo. En el caso de Patricia Gualinga, recién dos años después de los ataques que recibió, el 3 de marzo de 2020, las autoridades fiscales le notificaron que realizarán el reconocimiento del lugar de los hechos. Las autoridades “vieron de afuera y tomaron fotos”, dice Gualinga. Pero ella ya no vive en ese lugar.
En el caso de Margoth Escobar no se han tomado evidencias de la casa incendiada para identificar a los responsables. En abril de 2019, Amnistía Internacional determinó que en los cuatro casos “la Fiscalía ponía como excusa para no investigar que no tenía recursos para hacer las diligencias”, dice María José Veramendi.
“Estas personas necesitan una protección reforzada y si el Estado no está cumpliendo con esas obligaciones, potencialmente se abre la posibilidad de responsabilidades internacionales del Estado” como llevar la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice Vanegas. El Estado debería estar tomando medidas proactivas y serias para prevenir que los hechos denunciados no se reproduzcan y paren inmediatamente, comenta la especialista.
El acompañamiento de Amnistía Internacional no es nuevo. En agosto de 2018, junto con otras organizaciones que defienden los derechos de los pueblos indígenas y la naturaleza en Ecuador, enviaron una carta abierta al presidente Moreno. En el documento explicaban los ataques de los que habían sido víctimas las mujeres amazónicas. Pedían “que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección a las mujeres lideresas y las familias que se encuentran en los territorios, que por ser defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, actualmente son amenazadas”. María José Veramendi dice que no recibieron una respuesta a ese documento.
“Ese silencio del gobierno obliga a las lideresas a arriesgar sus vidas todos los días para continuar defendiendo los derechos humanos y la naturaleza de la amazonía ecuatoriana”, dijo Andrés Rangel encargado de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional en la rueda de prensa de la presentación de las firmas el pasado 8 de marzo de 2020.
Amnistía Internacional, Patricia Gualinga y Salomé Aranda fuera de la Fiscalía en la entrega de las firmas. Fotografía de Mayuri Castro
Aunque las mujeres amazónicas no hayan recibido una amenaza reciente, ni la semana pasada, ni hace un mes, si no se encuentran a los responsables de los cuatro hechos violentos de hace ya dos años, los crímenes permanecerán en la impunidad y ellas continuarán en permanente riesgo. “En cualquier momento puede resurgir una amenaza o un ataque”, dice María José Veramendi de Amnistía Internacional.
Las historias de los ataques sin culpables
En la noche del 5 de enero de 2018, un hombre rompió a pedradas las ventanas de la casa donde vivía Patricia Gualinga en Puyo, la capital de la provincia de Pastaza. Gualinga se asomó a ver y pudo identificar a un hombre que la insultó y la amenazó de muerte. Luego del ataque, ella y su familia se cambiaron de vivienda, porque la dueña tenía miedo de que actos como ese se repitieran.
Gualinga denunció en la Fiscalía Provincial de Pastaza. El hecho no pudo ser registrado por las cámaras de seguridad de la calle donde vivía. María José Veramendi, de Amnistía Internacional, cuenta que “cuando hicieron la apertura formal del video de la cámara de seguridad, la cámara no estaba funcionando y solo tuvieron un video de una cámara que está lejos del lugar, y no sirve”.
En enero de 2018, Nema Grefa fue reconocida legalmente como presidenta de la nacionalidad sápara de Ecuador. Tres meses después, el nombramiento fue impugnado por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política a pedido de un grupo de personas que apoyan las actividades petroleras dentro del territorio sápara, según se lee en el informe de Amnistía Internacional.
Pocos días después de la impugnación, en un video difundido en las redes sociales, un hombre armado con una lanza, amenazó a Grefa de muerte. “Nosotros estamos unidos aquí, presentes, rechazando y así vamos a matar a la compañera Nema Grefa que no tiene territorio”, dice el hombre en el video, sobre la supuesta falta de legitimidad de la mujer indígena.
La líder de la nacionalidad sápara denunció la amenaza en la Fiscalía Provincial de Pastaza, pero hasta hoy, esa institución no ha realizado un peritaje del video para que se establezcan las responsabilidades penales. En septiembre de 2018, la Defensoría del Pueblo dispuso una acción de protección para Grefa, y esta fue aceptada por un juez constitucional. La medida garantizaba el derecho a la integridad, el derecho a la vida, a la protección y el respeto del derecho a la autodeterminación. Un mes después, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política reconoció a Nema Grefa como presidenta de su nacionalidad y le pidió disculpas públicas. Pero la lideresa sápara siente que sigue en riesgo por la amenaza que recibió.
En la madrugada del 13 de mayo de 2018, la casa de Salomé Aranda fue atacada con piedras, y unos desconocidos la amenazaron de muerte. Aranda también denunció los hechos en la Fiscalía Provincial de Pastaza, pero hasta ahora no se han identificado a los responsables materiales o intelectuales de esos hechos. Antes de los ataques, Aranda —dirigenta de la mujer de su comunidad— además de la denuncia por los impactos de las actividades petroleras en las zonas cercanas a la comunidad Moretecocha, denunció en marzo de 2018, en una reunión con el presidente Lenín Moreno, que las mujeres de su comunidad sufrían abuso sexual.
El 29 de septiembre de 2018, la casa de Margoth Escobar fue incendiada intencionalmente, según dice el informe de los bomberos de la ciudad de Puyo, Pastaza. La vivienda de Escobar era un lugar muy emblemático, dice Veramendi, “porque ahí se reunía el colectivo de mujeres amazónicas”. Después del incendio, Escobar presentó una denuncia en la misma Fiscalía que las otras tres mujeres amazónica,s pero hasta ahora los atacantes no han sido identificados.
Escobar es mestiza pero nació en Puyo y trabaja en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del ambiente. En la rueda de prensa de la entrega de las firmas recogidas por Amnistía Internacional, este marzo de 2020, Margoth Escobar dijo: “por más de 40 años vengo apoyando la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y de los derechos de la selva”.
En 2015,— antes del incendio de su casa—, Escobar estuvo en prisión preventiva, fue golpeada y detenida por la policía en la manifestación convocada por movimientos sociales e indígenas el 13 de agosto de 2015 en contra del gobierno de Rafael Correa. Fue enjuiciada por el supuesto delito de ataque y resistencia. En diciembre de 2015, recibió el auto de sobreseimiento, es decir el fin del proceso penal, porque no hubo las pruebas suficientes en su contra.
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A pesar del temor, las mujeres amazónicas siguen defendiendo sus territorios. “Seguiremos dentro de la lucha, seguiremos resistiendo para que alcancemos nuestros objetivos”, dijo Margoth Escobar al terminar su intervención en la rueda de prensa del pasado 9 de marzo donde presentaron las 250 mil firmas.
Este contenido fue publicado originalmente en Mongabay Latam
