En una época en que el Estado anda haciendo austeridad en lo social, es vital entender el impacto positivo de los programas de salud, educación y asistencia —puntualmente, del Bono de Desarrollo Humano. El estudio Fuerte efecto del programa de transferencias monetarias condicionadas de Ecuador sobre la mortalidad infantil por enfermedades relacionadas con la pobreza, de Ana Lucía Moncayo, del Centro de Investigación para la Salud en América Latina (CISeAL), relacionó la reducción de un 15% (entre 2009- 2014) del promedio de mortalidad de niños menores de 5 años al Bono de Desarrollo Humano.  La reducción se ha dado gracias a una menor incidencia de la desnutrición, las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias, que son las principales causas mundiales de muerte en niños de esa edad.

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La investigación de Moncayo demostró que por cada aumento del 1% en la cobertura del Bono de Desarrollo Humano había una disminución del 3% en la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por desnutrición. Lo mismo pasaba con la tasa de mortalidad por infecciones respiratorias. Además, según la investigación, el bono redujo las tasas de hospitalización en general y por diarrea, en estos niños.

La diarrea mata a 2.195 niños a nivel mundial cada día. Es que el SIDA, la malaria y el sarampión combinados. En Ecuador, entre 2009 y 2014, las enfermedades relacionadas con la diarrea se redujeron en un 79%. Las enfermedades provocadas por la malnutrición bajaron en un 27,6%.

A nivel mundial, el 42% de los países tienen programas como el Bono de Desarrollo Humano, que técnicamente se llaman Transferencia Condicionada de Recursos (TCR) a su población más pobre. En lenguaje común, es la entrega de una cantidad determinada de efectivo a las familias pobres que cumplan ciertas condiciones. Aunque hay diferencias significativas en el gasto de cada país —y en las condiciones que deben cumplirse—, en la mayoría se ha reducido la tasa de mortalidad infantil. 

El Bono de Desarrollo Humano es el programa de asistencia social más grande del Ecuador. Es manejado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Comenzó en 2003. Fue precedido por el Bono Solidario, que era un programa de transferencia incondicional: no había condiciones como contraprestación. Desde el 2013, el bono es de 50 dólares mensuales para familias con miembros menores de 18 años. Hay una transferencia adicional que depende del número de niños de la familia que llega a, máximo, 150 dólares. 

Para entregarlo, el Estado observa el índice de clasificación socioeconómica del Registro Social 2013. Es una lista para identificar y priorizar quiénes deben acceder a los distintos programas y servicios sociales. En 2019, 419.571 personas recibieron el Bono de Desarrollo Humano que tiene distintos objetivos: garantizar un nivel mínimo de consumo para las familias, proteger a los ancianos y discapacitados, y mejorar la salud y educación de los beneficiarios. En salud, busca reducir la desnutrición crónica y las enfermedades infantiles prevenibles. En educación, promover la reinserción escolar y asegurar que los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años asistan continuamente a clases. 

Para recibirlo, las familias deben cumplir con responsabilidades en salud, educación, vivienda, erradicación del trabajo infantil y el acompañamiento familiar. Para cumplir con los objetivos de educación y salud, el Bono de Desarrollo Humano tiene dos condiciones. La primera es que las familias que reciben los 50 dólares mensuales lleven a sus hijos menores de tres años a dos controles de salud al año. La segunda, que todos los hijos de cinco hasta 18 años de esas familias estén inscritos en una escuela o colegio. Zoila Cunalata ha recibido el bono desde hace ocho años y dice que, además de los 50 dólares mensuales, la han apoyado con servicios salud y educación para sus tres hijos. Los tres han accedido a los servicios, pero solo el menor — de ocho años — asistió a los controles obligatorios de salud del MIES. El Bono de Desarrollo Humano tuvo un efecto positivo en reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, dice la investigación de Moncayo, porque reduce el riesgo de malnutrición e infecciones respiratorias en ellos.  

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A nivel mundial, según la Unicef,  la mayoría de las muertes infantiles son causadas por la pobreza y enfermedades que pueden prevenirse. Las Naciones Unidas incluyeron a la mortalidad infantil como el cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM)  para acabar con la pobreza. 

La meta era reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de menores de cinco años (U5MR) entre 1990 y 2015. Debía pasar de 93 muertes por cada mil nacidos vivos en 1990 a 31 por cada mil para 2015. Aunque el objetivo no se cumplió — la U5MR global llegó a 41 por cada mil en 2016—  la tasa de mortalidad infantil mundial se redujo más de la mitad: un 56%. En América Latina y el Caribe la tasa de mortalidad de menores de cinco años se redujo aún más: cayó en un 67% desde 1990.

Los programas de Transferencia Condicionada de Recursos afectan a la supervivencia a través de dos mecanismos principales. Primero, permiten que la familia pueda hacer compras para mejorar sus condiciones de salud. Eso incluye alimentos, medicamentos o materiales equipos de mayor calidad que reducen la exposición a infecciones (respiratorias e intestinales). 

Además, con estos programas, hay un aumento en el uso de los servicios de salud preventiva entre los más pobres. Estos servicios suelen incluir atención prenatal, postnatal, actividades educativas de salud y nutrición para madres, calendario de vacunación, controles y visitas de monitoreo de crecimiento. 

Alba Jalón, viceministra de Inclusión Social y Económica, dice que cuando la madre tiene acceso a estos servicios y asiste durante el embarazo a un centro de salud hay menos probabilidad de que el bebé nazca con desnutrición. Porque, además, de la atención y los controles prenatales, recibe consejería y orientación sobre los cuidados que debe tener. 

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Durante los primeros meses de vida de los niños, la alimentación, el monitoreo y las vacunas son cuidados claves para reducir el riesgo de desnutrición y otras enfermedades. La pediatra Piedad Villacis dice que es importante que la madre conozca qué es lo mejor para el desarrollo de su hijo, según la edad y las principales necesidades de cada caso. “Si la madre tiene buena educación, ese niño estará bien nutrido, sano y cuidado”, dice Villacís. 

Jalón explica que el MIES hace un “seguimiento nominal” de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano para comprobar que se estén cubriendo las necesidades de la población que recibe el bono, en especial de los niños. Casos como el de Zoila Cunalata demuestran que no siempre se hacen todos los controles a todos los niños, pero el estudio de Moncayo demuestra el efecto positivo que, en general, ha tenido el bono.

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El impacto positivo no se ve solo en Ecuador. El programa colombiano Familias en Acción mejoró el estado nutricional de los niños, pero solo para los menores de 2 años. El programa mexicano Progresa es asociado a un mejor estado nutricional y un mayor crecimiento de los niños. En Nicaragua, un programa similar redujo significativamente la proporción de niños con bajo peso y retraso en el crecimiento entre los beneficiarios. Un estudio brasileño mostró que el programa Bolsa Familia tuvo efectos similares a los del Bono de Desarrollo Humano en Ecuador:  contribuyó a la reducción de las tasas de mortalidad de menores de 5 años, particularmente de causas relacionadas con la pobreza como la desnutrición y la diarrea. A nivel regional, las familias pobres inscritas en programas como el bono aumentaron los gastos en alimentos y mejoraron la nutrición en sus hogares. 

Además de reducir la mortalidad infantil, estos programas tuvieron un impacto positivo en los resultados de salud y nutrición infantil, especialmente entre los niños más vulnerables y sus condiciones de vida. Por ejemplo, la cantidad de casas con saneamiento inadecuado bajó en un 5,7% en estos años. El Bono de Desarrollo Humano también redujo las tasas de hospitalizaciones de menores de 5 años, en general y por enfermedades diarreicas. 

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Pero el Bono de Desarrollo Humano no es ajeno a los coletazos del gasto excesivo y la crisis fiscal. En 2014, la cobertura del programa cayó drásticamente por la situación económica del Ecuador. La disminución de los precios del petróleo en 2014, entre otros factores, resultó en una disminución del gasto público, y eso incluía el gasto en asistencia social. 

En 2003, el Bono de Desarrollo Humano equivalía al 0,49% del Producto Interno Bruto. Entre 2007 y 2013 creció y llegó a representar hasta el 0,67%. Pero en 2015 cayó al 0,26% muy por debajo de los niveles de su creación. 

Ante la precaria situación económica que enfrentaba el país, en 2014 las condiciones de elegibilidad para el el programa del Bono de Desarrollo Humano se hicieron más estrictas.  Solo las personas en extrema pobreza podían recibir la transferencia. Con ese cambio, se eliminó a más 800 mil beneficiarios. Entre 2009 y 2014, pasaron de 1.244.875 a 444.562.

En Ecuador, dos años después de que las familias perdieran la transferencia de efectivo de este bono —que recibieron durante siete años— sus hijos pesaban menos, eran más pequeños y tenían más probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento que los niños de las familias que seguían recibiéndolo. 

Con las reducciones del presupuesto no solo se reduce el número de beneficiarios, también afecta a los servicios. Los beneficios de los programas pueden verse limitados por la calidad de los servicios existentes. La viceministra Jalón dice que el objetivo del Bono de Desarrollo Humano es mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, y eso solo se logra “mejorando la calidad de los servicios”.  En muchos casos, cumplir con los requisitos de los programas depende de la disponibilidad de servicios básicos de salud y educación para satisfacer la mayor demanda creada por los programas.

Como la mortalidad y la desnutrición tienen varias causas, la coordinación de esos servicios de calidad debe ser multidisciplinaria e incluir a los centros de salud y de desarrollo infantil. Jalón, que está en el cargo desde noviembre, dice el presupuesto del Mies se incrementó en 300 millones este año, que serán utilizados para mejorar estos servicios y capacitar al personal. 

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Esa es una necesidad urgente. En enero de 2019 dos niños murieron en dos guarderías del Mies. Aunque cinco personas fueron procesadas y una fue condenada a tres años de prisión, ni el Mies ni las fundaciones a cargo de las guarderías han sido responsabilizados por lo que pasó. No se trata solo de reducir la mortalidad, sino de tener servicios de calidad para garantizar que los resultados positivos se mantengan y evitar que se incrementen los riesgos para los niños.