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Dos niños murieron en guarderías a cargo del Mies, ¿qué pasó después?

Dos niños fallecieron en guarderías a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en 2018. Cinco personas fueron procesadas y una fue condenada a tres años de prisión.  Pero ni el MIES ni las fundaciones a cargo de las guarderías han sido responsabilizados por lo que pasó.
  • Muerte de dos niños en guarderías del Mies.

    Dos niños murieron en guarderías del Mies en 2018. Ilustración de Gabriela Valarezo para GK.

El 27 de diciembre de 2019 una bebé de siete meses falleció mientras estaba en una guardería privada, en el norte de Quito. Lastimosamente, no es la primera vez que algo así ocurre en esa ciudad.

Saúl Farinango murió pocos días después de cumplir un año. En la mañana del martes 9 de octubre de 2018, su mamá lo había dejado en la guardería Gotitas de Ternura, ubicada en Carcelén, al norte de Quito. Se despidió, como todas las mañanas y se fue. No se imaginó que era la última vez que lo vería con vida.

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En octubre de 2018, Joaquín murió en circunstancias similares, el mismo día. También en su guardería (Nubes de Colores) que —como la de Saúl— era parte de la red del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Más de un año después, el  27 de noviembre de 2019, Magaly Quishpe, la educadora a cargo de Saúl, fue sentenciada a tres años de cárcel por homicidio culposo. Este delito —dice el Código Orgánico Integral Penal (COIP)— sanciona con prisión de tres a cinco años a “la persona que por culpa mate a otra”.

Para las familias de los niños, el camino judicial ha sido lento y pesado.  “Esta investigación ha sido cuesta arriba porque se le quería dejar en la impunidad. Se pretende decir que es una muerte súbita, eso es lo más fácil”, explica Hitler Barragán, abogado de la familia de Saúl. 

Explica además, que al inicio, la Fiscalía se abstuvo de acusar a la procesada. Fue entonces cuando Barragán apeló y el proceso pudo continuar con una posterior acusación a Quishpe y tres personas más. A estas tres personas, trabajadoras de la guardería, se les ratificó la inocencia en la misma audiencia en la que a Quishpe se le declaró culpable.

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Tras la sentencia que se le dictó a la cuidadora, dice Barragán, la defensa de Magaly Quishpe pidió la suspensión de la pena, establecida en los artículo 630 y 631 del COIP.  Para hacerlo, es necesario que la sentencia sea menor a cinco años —en este caso es de tres— y que la persona sentenciada no tenga otra sentencia en curso. No se puede aplicar a delitos sexuales y violencia contra la mujer o en el núcleo familiar. 

En la audiencia, se fijó además un monto de reparación, que Quishpe deberá pagar a la familia Farinango: cinco mil dólares. “Cinco mil dólares cuesta un perro”, dice el abogado.

Barragán cuestiona, además, el mecanismo de contratación del MIES. Tatiana León, a la fecha Subsecretaria de Desarrollo del MIES, explicó, en enero de 2019,  que el Ministerio contrata organizaciones que intermedian entre la institución y estas guarderías. Mediante un convenio, el Mies aporta un porcentaje de la financiación y la organización, el saldo. 

La audiencia de juzgamiento del caso  de Joaquín Fueres debe reanudarse en febrero de 2019. Adriana Pineda, la cuidadora de Joaquín es la única procesada por este caso. 

En ninguno de los dos casos, ni al MIES ni a las fundaciones a las que contrató para manejar las guarderías, se les ha atribuido responsabilidad legal alguna. 

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Durante estos catorce meses, cinco personas han estado involucradas en los procesos judiciales: cuatro por la muerte de Saúl y una por la de Joaquín. 

Las fundaciones a cargo de los centros donde murieron Joaquín y Saúl eran Fudem, a cargo de Nube de Colores, y Centro de Madres al Servicio de la Infancia (Cemsi), a cargo de Gotitas de Ternura, según explicó la funcionaria. El  Ministerio dijo, por escrito, aseguran que Cemsi y Fundem ya no están a cargo de las dos guarderías y que tampoco mantienen ningún contrato con la institución. 

Ahora, Organización Funpsian está a cargo de Nubes de Colores y Fundación Centro Interdisciplinario de Investigación e Interacción Social (CIIIS) a cargo de Gotitas de Ternura. “Qué grave que el Estado tenga que tener intermediaciones para dar el cuidado y la protección a los niños”, dice el abogado Barragán. “Estas organizaciones contratan a personas muy humildes, se benefician de sus trabajos y el rato de una situación así, se fomenta que quede en la impunidad.” 

Barragán cree, además, que la cuerda se ha roto por el lado más débil, que  son las educadoras. Nunca se incluyó en el proceso a la organización a cargo ni al Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

El MIES habla, por su lado, de “correctivos”. En el caso de Gotitas de Ternura, donde murió Saúl, se cambió a la coordinadora del centro que estaba a cargo cuando ocurrió el hecho. “Readecuación de los espacios, cambio de local para el servicio de alimentación, se realizó actividades con familias para una veeduría del trabajo que realizan las educadoras y la coordinadora”, dice el documento que me envió el Ministerio. En el caso de Nubes de Colores, Adriana Pineda fue separada del centro. Según la información del MIES, además, la coordinadora del Distrito Quito Centro, Evelyn Valencia, renunció a su cargo tras lo ocurrido.

Mientras, las familias de Saúl y Joaquín esperan. La de Saúl, para saber qué se decidirá tras el pedido de la cuidadora de cumplir su pena fuera de la prisión. la de Joaquín, la decisión de la justicia sobre su cuidadora. Cualquier decisión que tome la justicia, ni Saúl ni Joaquín volverán. 

María Sol Borja
Periodista con experiencia en televisión y prensa escrita. Docente universitaria y traductora. Ha colaborado con medios internacionales como New York Times, CNN en Español y DW. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es la editora política de GK.