La vida de los otros

Si supieras, niño, que según el protocolo sigues vivo

El 9 de octubre de 2018, los niños Joaquín y Saúl  murieron en dos guarderías del Mies, en circunstancias similares. La justicia investiga a cinco educadoras. El Mies se remite a contar cómo deberían funcionar los protocolos, los mismos protocolos que no funcionaron para Joaquín y Saúl.
  • Ilustración de Daniela Mora


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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Joaquín tenía un año cinco meses. Le encantaba el fútbol y la sopa. Correteaba por la casa de sus papás y hacía poco había aprendido a pedir una de sus golosinas favoritas: chupetes. Saúl había cumplido un año poco antes. Su juguete favorito era una tortuga sonora. Daba sus primeros pasos y sabía decir mamá. Ambos salieron el martes 9 de octubre de 2018 hacia sus guarderías: la de Joaquín era Nubes de Colores, en el sector de Carcelén Bajo, en el norte de Quito. No muy lejos, estaba la de Saúl: Gotitas de Ternura. Ambas, parte de la red del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies). Los dos niños murieron el mismo día, en circunstancias similares. Aunque han pasado tres meses desde que sus padres viven a diario su duelo, la angustia ha aumentado porque no se ha podido esclarecer qué pasó con sus hijos.

Katherine Loachamin es la mamá de Saúl. Tiene 25 años y vive a pocas cuadras de la guardería. Saúl era su segundo hijo. Su hija mayor, Camila, tiene 8 años y no logra comprender la magnitud de la muerte.

— Ella me dice que me ponga bien. Mira qué bonito que está el día, mami. Vamos a jugar, vístete y salgamos.

Pero Katherine no tiene ganas de dejar la cama. Todo le recuerda a su hijo. En un rincón de la sala ha armado un pequeño altar. Hay fotos de Saúl sentado, jugando, en brazos de su madre, el día del único cumpleaños que llegó a celebrar.

El martes en que perdió a su hijo, como todas las mañanas, Katherine lo llevó a la guardería a la que Saúl asistía hacía once días y en la que ella había trabajado hasta agosto de 2018, cuando pidió el cambio para que su hijo pudiera asistir a Gotitas de Ternura, pues no está permitido que la madre y el hijo estén en la misma institución.

Katherine estaba trabajando cuando su jefa le dijo que habían llamado de la guardería y que había una emergencia con su hijo. Ella tomó un taxi y se fue de inmediato. Cuando llegó, se enteró que su hijo ya no estaba en la guardería, sino en un centro médico a poca distancia de allí.

Saúl murió —según su autopsia— por asfixia por “sofocación, obstrucción de la vía respiratoria”.

Eso puede significar muchas cosas. La hipótesis de la madre es que el pequeño vomitó mientras dormía y que no hubo nadie para socorrerlo. Las versiones que rindieron en la Fiscalía cuatro educadoras —entre ellas, Magaly Quishpe, a cargo del niño— coinciden en que a la una de la tarde dos educadoras salieron a almorzar.

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“Yo iba en el taxi pensando que mi hijo se rompió la cabeza o que le mordieron. Jamás pensé que estuviera muerto”, dice Katherine, la madre de Saúl Farinango. Fotografía de Sol Borja para GK.

Regresaron a la una y cuarenta, y la otras dos —una de ellas, Quishpe— salieron en ese momento hasta las dos y veinte. De las mismas versiones se puede comprender que no había profesoras permanentemente en el cuarto de los niños mientras ellos hacían la siesta, sino que hacían “rondas”.

Cuando Magaly regresó del almuerzo y fue a despertar a los niños, se dió cuenta que Saúl no reaccionaba y que “estaba morado”. A gritos pidió ayuda. Llegó otra educadora, Erika. Llamaron al 911 y le dieron primeros auxilios. El pequeño no reaccionaba. La directora del centro autorizó a que salieran hacia el centro de salud, ubicado a algunas cuadras del lugar. Un vecino que pasaba por ahí las llevó en su auto. Llegaron al centro de salud a las dos y cincuenta y cinco de la tarde, según la versión de Gonzalo Moreno, el médico que atendió a Saúl.

Moreno le practicó, durante quince minutos, el procedimiento de reanimación cardio pulmonar a Saúl, que llegó sin pulso. A las tres y cuarto de la tarde se confirmó la muerte del pequeño. El médico notificó a la Dirección Distrital del Mies y allí le indicaron que esperara la llegada de Medicina Legal.

— Yo iba en el taxi pensando que mi hijo se rompió la cabeza, o que le mordieron o que se agarró los dedos. Jamás me imaginé que había muerto.

Dice Katherine con los ojos vidriosos. Cuando llegó al centro infantil, le dijeron que fuera al centro de salud. En el mismo taxi se subió e hizo el mismo recorrido que minutos antes había hecho otro carro con Saúl y sus cuidadoras.

El médico que la recibió le empezó a hacer preguntas. Ella no quería responder nada, quería saber dónde estaba su hijo. Él la llevó a un consultorio y le empezó a explicar el procedimiento que le había aplicado a Saúl. Desesperada ante la escena que se le estaba creando, Katherine recuerda que casi gritó:

— ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Mi hijo está muerto, doctor?

Recuerda que el médico asintió con la cabeza y ella abrió la puerta gritando:

— ¿Dónde está mi hijo?

Alguien le señaló una camilla. Sobre ella encontró el cuerpo de su pequeño.

§

Yadira Morales es la madre de Joaquín. El 9 de octubre de 2018 dejó a las ocho de la mañana a su hijo en Nubes de Colores, el centro infantil a pocas cuadras de su casa. Yadira vende helados pero ese día, por sugerencia de su papá, decidió quedarse en la casa y prepararle “algo rico” para el almuerzo a Joaquín, su hijo de un año cinco meses. Hacia la una de la tarde su papá le fue a buscar a su casa. Él había recibido una llamada de la guardería de su nieto. Le habían dicho que el pequeño estaba vomitando. Yadira corrió hasta el centro de salud.

— Cuando yo llegué la profesora estaba llorando. Señora perdóneme, discúlpeme pero no fue mi culpa, pero yo lo maté, yo lo maté.

Dice Yadira que repetía. En medio de la confusión, Yadira recuerda que alguien pronunció las palabras que hasta hoy, trituran su espíritu: ya no hay nada que hacer.

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Fotografía de Valentina Tuchie para GK.

La profesora de la que habla Yadira es Adriana Pineda. En su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía, contó que cerca de la una de la tarde, con todos los niños a su cargo dormidos, ella bajó a la cocina a buscar su almuerzo y regresó a la sala a comer allí. “Después de terminar mis alimentos fui a darles la vueltita a los niños como siempre y cuando llegué a donde estaba el niño Joaquín veo que le sale un líquido de la boca y estaba mal, los ojitos estaban volteados para arriba”. Dijo que se asustó, le dio unas palmadas en la espalda mientras llamaba a una de sus compañeras. Muy similar a la escena que ocurriría minutos después en Gotitas de Ternura, con Saúl, llamaron al 911, pararon un vehículo para que las llevara al centro de salud y se subieron las dos profesoras, la directora y el pequeño Joaquín.

Llegaron al centro, una médica se llevó al niño y quince minutos después les informaron que no había nada más que hacer. La autopsia, posteriormente, tendría otra coincidencia con la muerte de Joaquín: asfixia por sofocación, obstrucción de vía respiratoria.

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Esta es la última foto de Joaquín Fueres. La envió la profesora a la madre pocas horas antes de su muerte.

Fue Yadira quien tuvo que avisarle a Rubén, su esposo, que su hijo había muerto. Él no lo podía creer. Menos de dos horas antes, Yadira le había enviado la foto —que sería la última— de su hijo en la guardería.

— La última foto de mi hijo fue ese día a las 11h53. Yo le escribí a la profesora y ella me mandó la foto, dice Yadira.

Su pelo negro cae sobre su mejilla, cubriendo las lágrimas que corren sin cesar.

§

Las coincidencias de las muertes de Joaquín y Saúl son macabras. “La misma persona que nos recibió la denuncia a nosotros, les recibió a los papás de Joaquín. El mismo que le hizo la autopsia a mi hijo, le hizo a él. El mismo padre que le dio la misa a mi hijo le dio al otro niño”, dice Katherine Loachamin. Sus manos se juntan sobre sus piernas. En el fondo de la sala de su casa, brilla una vela prendida para su hijo.

Los rezagos de su breve paso por la vida de sus padres están en toda la casa.  “Le íbamos a bautizar. Ya tenía su traje para el bautizo. Él sabía todo. Le preguntábamos si había comido, él decía que sí. Ya podía bajarse solo de la cama”, recuerda Katherine. Es el único momento en que sus ojos se iluminan y alcanza a esbozar una sonrisa tímida.

Es escueta. Su mirada se pierde a veces y se queda en silencio. Dice que su esposo corrió con todos los gastos del funeral a pesar de que el Mies les había ofrecido el ataúd. No recuerda muchos detalles.

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Yadira es la mamá de Joaquín Fueres. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.

Yadira sí. Relata con precisión cada momento, incluso tras la muerte de su hijo. Habían pasado varias horas y no podía llevarse el cuerpo de Joaquín. Era de noche y como aún le daba de lactar, la leche acumulada de todo el día convertía en dolor físico todo el peso emocional que había de las horas previas. Pasaron la noche en la Fiscalía. Al día siguiente fueron a la morgue, y allí llegó una funcionaria del Mies y le dijo que no se preocupe por nada más, que ellos se iban a encargar.

Pero pasaron varias horas y no regresaban con el ataúd para poder llevarse a Joaquín. “Cuando llegaron trajeron una caja enorme, blanca, sucia. Ahí mi hijo quedaba nadando. Mi hermana les dijo que se están burlando de mi dolor. La señora del Mies reaccionó mal. Me dijo: si no les gusta lo que les doy entonces vayan ustedes a buscar”.

La sucesión de hechos terminó de derrumbar a Yadira y Rubén: llevar el cuerpo de Joaquín del centro de salud a la morgue, de ahí  a la funeraria. Allí no los dejaban entrar para vestir a su hijo. Habían pasado más de 30 horas de la muerte y aún no podían velarlo. El administrador de la funeraria le ayudó a acelerar el proceso y pudieron armar la capilla ardiente en una cancha de volley en su barrio, cerca de la casa de Joaquín y de la guardería en la que murió.

— Le enterramos al día siguiente pero cuando llegamos al Batán, el nicho era muy pequeño y el ataúd no entraba.

§

Yadira y Katherine no duermen bien. Han bajado mucho de peso. Se pasan los días intentando entender qué pasó con sus hijos, dos bebés que apenas empezaban a conocer el mundo. Las investigaciones están en la Fiscalía. En el caso de Saúl, el fiscal Francisco Rosero emitió un dictamen abstentivo el 2 de enero de 2019. Eso quiere decir, que durante la etapa de investigación  no se pudo encontrar elementos suficientes para considerar que las cuatro personas procesadas infringieron su deber de cuidar al niño y por lo tanto, no se las acusa por el delito por el que se estaba investigando —homicidio culposo— que, precisamente, se refiere a la omisión de adoptar las medidas de resguardo y actuar de forma imprudente.

En el dictamen fiscal, Rosero dice que se conoce que el niño se asfixió luego de regurgitar la leche que se le sirvió de alimento. Cita, además, a especialistas en cuidados intensivos pediátricos que aseguran que “no es previsible la regurgitación de alimentos y asfixia y por este mecanismo en un niño sano de hasta 13 meses de edad que se encuentra dormido”, lo que a Rosero le sirve de argumento para decir que la muerte de Saúl no era evitable. Dice, además, “humanamente es imposible mantener la mirada en un infante durante las 24 horas del día, o durante las 8 horas y más que permanecen los niños en el Centro, pues las educadoras deben realizar sus necesidades básicas y deben alimentarse como un derecho inherente al ser humano”.

El Protocolo de Seguridad para Centros Infantiles del Buen Vivir es la norma que regula las medidas de seguridad que deben ser aplicadas para salvaguardar la integridad de los niños que van a los centros infantiles a cargo del Mies. El protocolo no obliga a mantener la mirada sobre ellos durante 24 horas, como dice el fiscal.

Ni siquiera durante las ocho que pasan bajo el cuidado de las educadoras. Pero sí hay obligación clara: cuando los niños duermen, siempre deben tener vigilancia. La duración de la siesta puede ser entre una y dos horas. No se habla de rondas, como las cuatro personas que dieron su versión en la Fiscalía dijeron. El objetivo de estar siempre es poder “responder de forma ágil ante cualquier situación que se pueda presentar”.

Hitler Barragán, abogado de la familia de Saúl no está satisfecho. No entiendo cómo es  posible que la muerte de un niño en una guardería regida por el Estado, no tenga consecuencias penales.

— Cuando se muere un perro, se investiga. Se muere el cóndor y se investiga. ¿Aquí se muere un niño y no pasa nada?

El proceso está ahora en la Corte Provincial de Pichincha a la espera de que una fiscal analice los argumentos de Barragán y de Rosero, y decida si ratifica la abstención o la rectifica.

Para la familia de Saúl, aún hay unos días de espera. La audiencia preparatoria a juicio será el 30 de enero.

§

En una oficina con vidrio en lugar de paredes, con una ventana grande tras el escritorio, a través de la que se ve el exterior, trabaja Tatiana León, Subsecretaria de Desarrollo Infantil del Mies. Ha quedado en dar la entrevista el viernes a las cuatro de la tarde. La cita pactada fue un poco atropellada.

Durante varios días insistimos en el pedido de entrevista a un vocero del Mies capaz de informar y responder a las dudas sobre la muerte de Saúl y Joaquín. Diez días después del primer pedido, recibí un oficio firmado por la Coordinadora Zonal del Mies, Silvana Haro, en el que se negaban a pronunciarse al respecto. “Es primordial no revictimizar a las familias y respetar su derecho a la intimidad debido al duelo por el que atraviesan. Por este motivo el Ministerio de Inclusión Económica y Social se excusa de emitir nuevos pronunciamientos al respecto”.

Insistí. Dos días después se me concedió la entrevista, no con Haro sino con León. Tras un largo preámbulo aclaratorio sobre la importancia de no llamarlas guarderías, sino Centros de Desarrollo Infantil Integral, explicó que el Mies contrata organizaciones que intermedian entre ellos y esos centros (o guarderías). Mediante un convenio, el Mies aporta un porcentaje de la financiación y la organización, el saldo. Las fundaciones a cargo de los centros donde murieron Joaquín y Saúl eran Fudem, a cargo de Nube de Colores, y Centro de Madres al Servicio de la Infancia (Cemsi), a cargo de Gotitas de Ternura.

León continuó explicando una serie de reglamentos, parámetros y cambios normativos aplicados en los últimos años para “mejorar el servicio”: todo lo que debería ser, desde la perspectiva burocrática del Estado. Un discurso similar al que dio el Ministerio de Salud al ser consultado en agosto de 2018 por el procedimiento que se debió seguir en el caso de un niño presuntamente abusado por su maestro. Todo en el papel suena de maravilla. Todo, en la realidad, está bastante alejado de ser aplicado.

En la norma, en el papel, en teoría, en el discurso, las profesoras no podían abandonar el cuidado de los niños mientras dormían. En la realidad, según el testimonio de todas, eso ocurrió. En el caso de Saúl, quedaron dos profesoras para tres salas; en el de Joaquín, al menos para bajar a calentar la comida, la profesora tuvo que abandonar la sala algunos minutos. En ambos casos, eso es un incumplimiento específico a la norma. No es el único.

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Yadira aún guarda las cosas de su hijo Joaquín. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.

Adriana Pineda, la profesora de Joaquín dijo en la Fiscalía que había recibido “capacitación de primeros auxilios a través de plataforma virtual”. León la contradice: “No es tan así”, dice con su voz pausada. Y retoma otra larga explicación del deber ser. Dice que existe una estrategia de mejoramiento del talento humano de los servicios de desarrollo infantil integral. Que se implementó “todo el proceso de profesionalización, formación continua, certificación de competencias laborales y se apoya con becas de post profesionalización”. Que esto implica cursos presenciales, virtuales y combinados. “Obviamente la formación profesional implica una capacitación continua durante dos años y medio en una institución de educación superior”. Que hay cursos presenciales de primeros auxilios. “Se capacitaron 3 mil 168 personas en cursos de primeros auxilios”.

A pesar de ese marco regulatorio, dos niños murieron. A pesar de las normas, una profesora dice que su capacitación para primeros auxilios —que podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de los niños a su cargo— la recibió de forma virtual. La explicación de la funcionaria, sin embargo, parece describir los más exigentes y rigurosos parámetros de control. El deber ser versus lo que en realidad sucede. Se lo hago notar. “Eso es lo que pasa. Y sobre el proceso no voy a dar declaraciones. Eso está en investigación. Las causas pueden ser diversas. La población que atiende el Mies es grande por lo tanto, son eventualidades que pasaron desgraciadamente. Pueden haber varias causas y eso lo determinará la Justicia”.

Para David Paredes, abogado de la familia de Joaquín, hay otro problema: la infraestructura del centro en el que murió el pequeño. “No es la adecuada para los niños”, dice. Cuenta que hay un cuarto con dos cunas en el cual se reciben ocho niños. “En cada cuna dormirían 4 menores. No hay condiciones de seguridad. Hay filos de varillas salidas, tomacorrientes expuestos a los niños, gradas que no son aptas para un menor que está aprendiendo a caminar”.

Las fotografías tomadas por la Fiscalía durante la reconstrucción de los hechos muestran la habitación en la que murió Joaquín. Hay, en efecto, dos camas pequeñas, insuficientes para la cantidad de niños.

La subsecretaria León no es clara sobre si ha habido correctivos en este centro. Repite que no hará declaraciones sobre una investigación. Dice que los protocolos indican que son camas bajas separadas, para cada uno de los niños. Sin embargo no puede referir un cambio concreto en el centro en que murió Joaquín.

— Se aplica la norma técnica. Si tú quieres hacer la visita, podemos ir, verificamos y tú lo ves, dice la funcionaria, visiblemente incómoda.

Lo que sí asegura es que ambos centros siguen funcionando. Cree —hasta donde sabe, dice, que si se equivoca me hará saber— que de las cinco personas procesadas, tres están suspendidas mientras se investiga lo que ocurrió y determina responsabilidades.  “No me corresponde dar nombres, discúlpame”, dice molesta, ante la pregunta de quiénes son las personas suspendidas.

Sobre su escritorio se apilan documentos y sostiene unas hojas con las estadísticas y los datos que, en teoría, respaldan un discurso que se quiebra ante la realidad.

A eso se suman los gastos de psicólogos —en el caso de Katherine, la madre de Saúl— y de los abogados. Además a Katherine, que un mes antes de la muerte de su hijo fue trasladada a otra guardería del Mies luego de que él entrara a Gotitas de Ternura, le anunciaron que su contrato, no será renovado. Lo dice su abogado.

— Nadie se ha solidarizado con la señora, pero en las audiencias van abogados del Mies.

Consultada sobre el tema, la subsecretaria Tatiana León se vuelve a molestar.  “No tengo conocimiento. El Mies no es una institución que vulnera los derechos de ninguna persona”, dice. “Cuando un servidor público sale del Mies o es por voluntad propia o es por evaluación técnica”. Esas evaluaciones, explica, se hacen por cumplimiento de metas. “Si una persona no ha cumplido con sus metas y no ha demostrado responsabilidades”.

¿Se aplicará eso a las dos organizaciones que intermedian entre el Mies y las guarderías? El abogado Paredes dice que la relación con Fudem se dio por terminada pocos días después de la muerte de Joaquín. Según él, porque había problemas con la calidad de la alimentación, inadecuada para la edad de los niños.

Paredes cree además que la fundación violó los parámetros requeridos para la contratación de personal. Él dice que uno de los requisitos era que las cuidadoras sean, por lo menos, egresadas de una carrera tecnológica relacionada al cuidado de niños. Una de las educadoras, según Paredes, había egresado en septiembre de 2018 aunque había sido contratada nueve meses antes.

León dice que esa era la norma antigua. Que ahora el mínimo requerido es que sean bachilleres y tengan experiencia de al menos dos años. Paredes cree que hay irregularidades en el contrato. Una de las irregularidades sería que Germania Cevallos, representante legal de Fudem, dice que nunca entrevistó a Adriana Pineda, una de las cuidadoras de Joaquín, que no la conocía y que no había revisado su hoja de vida. Sin embargo, la contrató. ¿Quién es responsable del cumplimiento de las normas que tanto pregonan las autoridades del Mies?

§

En la casa de Katherine, su madre y su hermana esperan en una esquina mientras  ella da la entrevista. Es cerca del mediodía y al interior se siente un aire lúgubre. Ella, sentada en un sillón verde, se frota las manos, se acaricia los dedos, pone una mano sobre otra y las arrima sobre las piernas. Llora, se seca las lágrimas, vuelve a llorar, descontrolada, desconcertada.

— Quiero que se haga justicia. Que la muerte de mi hijo no quede en la impunidad. Que esto no vuelva a pasar.

En una habitación similar, en otro barrio de Quito,  la escena con Yadira es casi idéntica.

— Yo intenté matarme y justo llegó mi esposo, dice. Él fue mi primer bebé, las primeras patadas, mi primera ilusión. Hoy no está.

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En la casa de la familia Farinango, hay un pequeño altar para recordar a Saúl. Fotografía de Sol Borja para GK.

A las dos les pesa el silencio. Las dos temen la impunidad. Las dos exigen respuestas mientras la cuerda se quiebra por el lado más flojo: las cinco trabajadoras del Mies están respondiendo por las fallas estructurales de la institución mientras las autoridades, desde su escritorio, narran un escenario que nada tiene que ver con la realidad de dos familias que no volverán a ver a sus hijos.

María Sol Borja
Periodista con experiencia en televisión y prensa escrita. Docente universitaria y traductora. Ha colaborado con medios internacionales como New York Times, CNN en Español y DW. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es editora asociada en GK.