Mientras en Quito el Consejo Nacional Electoral niega, al igual que en 2014, la convocatoria a una consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní, la deforestación en el parque avanza. El Proyecto de Monitoreo del Amazonas Andino (MAAP, por sus siglas en inglés) publicó el 2 de diciembre de 2019 una actualización de la tala de bosques para crear plataformas de perforación y caminos de acceso dentro de los bloques ITT y el bloque 31. Son 57 hectáreas más de deforestación en el Yasuní.
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Las plataformas petroleras planificadas se muestran en el círculo amarillo, cerca de la zona de amortiguamiento de la Zona Intangible. Imagen cortesía de MAAP.
El informe dice, además, que, por el efecto de bordes, el área de impacto es en realidad, de 655 hectáreas, lo que superaría el límite de 300 hectáreas establecido en la consulta popular de 2018. El efecto de bordes son los impactos que “se extienden al bosque circundante desde el borde de la deforestación”, dice el reporte de MAAP. Incluyen “cambios en la estructura del bosque y el microclima, una mayor mortalidad de los árboles y una mayor susceptibilidad al fuego”.
Imágenes satelitales que muestran la actividad petrolera reciente dentro del bloque ITT. GIF cortesía de MAAP.
En 2018, una consulta popular propuesta por el gobierno de Lenín Moreno sobre distintos temas, tuvo una complicada pregunta final. Compuesta de dos partes, la primera preguntaba si el área intangible del parque debía ampliarse en por lo menos 50 mil hectáreas. La segunda, consultaba si el área de explotación petrolera se reducía de 1030 hectáreas a 300. La activista ambiental Esperanza Martínez escribió, después de que la pregunta fuera aprobada con más del 67% de los votos, que su aplicación era ambigua: “Sugiere que el problema de la explotación petrolera es la extensión física que ocupan las plataformas minimizando el impacto de toda la operación —la sísmica, la exploración, la tala de árboles para abrir vías”. Para algunos, decía Martínez, la respuesta afirmativa se podía entender que como “un permiso de explotación de 300 hectáreas allí donde está prohibido, para otros que la reducción del área de explotación es una medida adicional e indispensable para proteger a estos pueblos”.
Para cumplir con lo dispuesto en la consulta popular, en junio de 2019, el gobierno del Ecuador amplió el área intangible del parque. Medía más de 758.000 hectáreas, y fue ampliada a más de 800.000. La zona es considerada intangible desde 1998, cuando el Estado la reconoció como el área de tránsito de los pueblos indígenas en aislamiento, como los Tagaeri y los Taromenane. Fue delimitada casi una década después, al final del gobierno de Alfredo Palacios. A su alrededor, hay una especie de capucha protectora, llamada la zona de amortiguamiento, que sirve para separarla de lo campos petroleros. A pesar de que la ampliación parece una buena noticia, varias organizaciones ambientales la han cuestionado porque el decreto ejecutivo que la ordenó incluía, también, el permiso para actividades petroleras dentro de la zona de amortiguamiento.
Wuaoranis en la selva del parque nacional Yasuní. Fotografía de pxhidalgo
Lo cierto es que la actividad petrolera no cesa en la zona, considerada uno de los lugares más megadiversos del mundo. En 2013, tras el fracaso de la iniciativa Yasuní ITT; empezó en el bloque 31. En 2017, arrancó en el bloque ITT. El proyecto MAAP presentó en febrero de 2018 imágenes satelitales del impacto que causaba: eran, directa e indirectamente, más de 400 hectáreas de deforestación en el Yasuní, producto de la penetración de la industria petrolera en el área.
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En la zona intangible, según MAAP, hay planes para al menos tres plataformas de perforación en el Parque Nacional Yasuní. Estas plataformas acercarían la actividad petrolera a la zona de amortiguamiento.
