La pregunta 7 ha sido declarada por las organizaciones ambientales como una de las más difíciles de comprender. Situación que se complica aún porque es la única que no tiene un anexo. Lo que es medianamente claro es que es una pregunta ambiental, que es sobre el Yasuní, que vincula a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario al Yasuní. Pero más allá de eso, para la inmensa mayoría, la pregunta es demasiado complicada.

La pregunta, que hasta las 22:00 del 4 de febrero había ganado el Sí con 67,6%, habla de ampliar el área intangible en al menos 50 mil hectáreas.  Esto responde al hecho de que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario tienen, desde 1998, un territorio reconocido como Zona Intangible, creada durante el gobierno de Jamil Mahuad y delimitada durante el gobierno de Alfredo Palacio, en 2007. En esa delimitación, se extendió la protección del territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario con una zona de amortiguamiento de 10 hectáreas adicionales en todo el contorno del territorio. Pero este territorio ha resultado insuficiente pues se ha detectado presencia de estos pueblos fuera de esta área delimitada. Con la pregunta 7, se entiende que se ampliará la zona hacia aquellas áreas en donde ha habido presencia de estos pueblos.

Quienes promueven el No afirman que esto pudo hacerse por decreto ejecutivo. Y es posible que así sea, pero nunca se hizo, y consultarlo a la ciudadanía fue no sólo un acto de justicia sino también de pedagogía.

La segunda parte de la pregunta habla de una reducción del área de explotación petrolera de 1.030 hectáreas a no más de 300 hectáreas. Esta parte es aún más difícil de comprender porque se presta para diferentes interpretaciones. Sugiere que el problema de la explotación petrolera es la extensión física que ocupan las plataformas minimizando el impacto de toda la operación —la sísmica, la exploración, la tala de árboles para abrir vías. Para algunos es interpretado como un permiso de explotación de 300 hectáreas allí donde está prohibido, para otros que la reducción del área de explotación es una medida adicional e indispensable para proteger a estos pueblos.

La pregunta seguramente hubiese obtenido un porcentaje del Sí más alto si hubiera sido más clara en cuanto a la protección del Yasuní. Todos sabemos que si hay un tema que ha calado en el corazón de los ecuatorianos es que el Yasuní debe ser conservado por ser nuestra utopía.

Ahora que ganó el sí es necesario estar atentos sobre cómo se procesará la pregunta.

Y hay más preguntas que respuestas: Al decir por lo menos 50 mil hectáreas, ¿a cuánto puede llegar ese al mes? ¿200 mil? ¿100 mil? ¿Cuál es el territorio con el que pueden dar garantías a estos pueblos para vivir en libertad? ¿Quién determinará las zonas de ampliación?  ¿Quién está calificado para tomar estas decisiones? ¿Se hará a puerta cerrada o habrá participación?

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Sobre la reducción del área a no más de 300 hectáreas lo más importante como punto de partida será conocer cuánto se ha afectado ya de esta área. ¿En dónde se pretende reducir el área y en dónde mantenerla? ¿Como serán las decisiones?  ¿Cuál es el nivel de participación?

Desde hoy sin duda inicia un proceso que pondrá en juego la credibilidad de quienes impulsaron la consulta y la voluntad política con la que incluyeron esta pregunta que es ambiental, que se la presentó como una para proteger los derechos de la naturaleza y que daba continuidad a una lucha larga por conservar el Yasuní.

Hay retos para todas las partes. Para los pueblos indígenas será muy importante participar a fin de que la ampliación de los territorios no genere conflictos con el pueblo Waorani con quienes comparten fronteras en la zona intangible.  

El Ministerio de Petróleos deberá deponer sus intenciones de explotar 300 hectáreas en la Zona Intangible (en su zona de amortiguamiento), pues de otra manera robaría el sentido de la pregunta en la consulta.

La Asamblea Nacional, que tenía la obligación de monitorear este proyecto, deberá entregar informes sobre el estado de la situación dentro del parque, pues cuando en 2014 otorgó el permiso de explotación, se comprometió a hacer inspecciones cada 6 meses. Hasta la fecha debía haber hecho 7 informes y solo ha hecho 2. Es una deuda que debería apurarse en saldarla.

El Ministerio de Ambiente deberá presentar informes de cumplimiento de las normas ambientales y ser muy cuidadoso de actuar bajo el criterio de prioridad ambiental, tal como le corresponde a esta cartera de Estado

Las organizaciones ambientales deberán sostener su trabajo de investigación en el campo y  entregar las evidencias de lo que ya se han adelantado a denunciar: que hay más de 700 hectáreas ya afectadas, y que por lo tanto lo que corresponde es iniciar el cierre de operaciones y la reparación de las áreas ya intervenidas.

Nada de esto podría haber pasado sin consulta. Su ejercicio fue un derecho de participación al que no debe renunciarse y fue además un precedente importante para futuras decisiones ambientales que son temas de interés nacional.