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El gobierno del Ecuador decidió ampliar la zona intangible del Parque Nacional Yasuní, después de que el 4 de febrero de 2018, los ecuatorianos votaramos en una consulta popular para se amplíe este área. El Decreto Ejecutivo 751 del 21 de mayo de 2019 dice que la Zona Intangible pasará de 758.051 hectáreas a 818.501,42. Parece una buena noticia pero en realidad las intenciones están lejos de proteger a los pueblos indígenas en aislamiento que allí viven.
Para entender la dimensión de la amenza detrás del decreto, es necesario saber cómo está dividida la Región del Yasuní: la Reserva de Biósfera Yasuní, el Parque Nacional Yasuní, la Zona Intangible y su Área de Amortiguamiento, el territorio Waorani y los bloques petroleros.
El Parque Nacional Yasuní es el área más grande, mide 982 mil 300 hectáreas. Es tan biodiverso que por hectárea viven más de 100 mil especies de insectos y 655 especies de árboles.
La Zona Intangible es el territorio donde según registros, transitan los pueblos indígenas en aislamiento Tagaeri Taromenane. Pero estos no se encuentran solo en esta zona.
El Área de Amortiguamiento es el espacio o límite que divide a la Zona de Explotación de la Zona Intangible. Este espacio busca proteger e ir disminuyendo el impacto de las explotaciones hasta llegar a la Zona Intangible.
Lo que a primera vista parece un gran anuncio, en el fondo está lleno de inconsistencias que ponen en peligro a la Región del Yasuní. El artículo 3 del decreto permite que se instalen plataformas de perforación y producción de petróleo en más de 400 mil hectáreas del Área de Amortiguamiento. En esta área se asientan y mueven los pueblos aislados. Por lo que en teoría debería estar prohibida cualquier tipo de actividad petrolera.
El decreto más que una solución es el anuncio de una amenaza petrolera disfrazada de protección ambiental.
