El 24 de marzo de 2014, Pamela Martínez le envió un mail a Laura Terán, su asistente, con un documento adjunto que hoy es parte del proceso judicial del caso llamado Sobornos 2012-2016 —antes conocido como Arroz Verde. El archivo que envió a Terán era una especie de informe —que habría tenido como destino final al presidente Rafael Correa— sobre una reunión con el entonces Contralor General del Estado, Carlos Pólit. Según el documento, el Contralor le habría pedido que le informe a Correa que había salvado de responsabilidades a María de los Ángeles Duarte, una alta funcionaria del gobierno. “Quiere mostrarle abundantes e importantes observaciones que tiene contra la gestión de María Duarte. Él afirma que la limpiará pero quiere que usted conozca.”, escribió Martínez. 

Duarte no es la única mencionada en el adjunto: también habla de pedidos hechos, presuntamente, en nombre de Ramiro González, hoy procesado por irregularidades en su gestión como expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y por Omar Simon, expresidente del Consejo Nacional Electoral y exsecretario particular de Rafael Correa. 

  • Para recibir nuestra edición semanal en tu correo todos los lunes, regístrate aquí.

Hasta principios de marzo de 2014, Duarte fue Ministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Correa (al que perteneció desde sus inicios). Dejaba el cargo, dijo, porque “tenemos derecho como todo ser humano de darnos un respiro, por la familia, por los amigos”. 

Para esa época, Pamela Martínez era asesora del presidente Correa y Pólit cumplía su segundo período como Contralor. El primero empezó en 2007 y terminó en 2012. La limpia que menciona Martínez a su asistente sería de los informes de la Contraloría a la gestión de María de los Ángeles Duarte. Hoy Martínez es la principal implicada en el caso Sobornos 2012-2016 y Pólit vive en Miami, Estados Unidos, desde donde, desde mayo de 2017, no ha regresado al Ecuador, donde ha sido sentenciado a seis años de prisión por concusión dentro de la trama de corrupción Odebrecht. 

En el informe que Martínez debía entregar a la Presidencia, también hablaba de Ramiro González. “Que Ramiro González y Antonio Ricaurte son compadres. Muy unidos. Que hasta hace poco Ricaurte fue donde el contralor a abogar para que se le borren glosas a Ramiro G”, dice el documento adjunto al mail. 

PUBLICIDAD

Ricaurte fue concejal, vicealcalde y alcalde de Quito, en reemplazo de Paco Moncayo, que dejó su cargo en 2005 para postularse a la reelección. González era, desde mayo del 2013, Ministro de Industrias —lo fue hasta mayo de 2015, cuando empezó a distanciarse del gobierno de Rafael Correa. Antes, había ocupado la presidencia del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, y había creado el movimiento político Avanza, que nació como aliado de Alianza País. 

Pero Ricaurte niega haberse reunido con Pólit. En una entrevista telefónica dice que fue amigo de González, que participaron en procesos electorales juntos, pero que nunca se reunió con el excontralor. 

— Ramiro González no ha sido mi compadre, ni mi hermano y peor yo he ido a abogar en la Contraloría por nadie. Peor si él era Ministro, él habrá tenido más contactos que yo. 

El documento que hoy está ya en los folios de la investigación dice, también: 

“Que a pocos días de ser designado Omar Simon, asesor presidencial, lo llamó y le trasladó una instrucción del Señor Presidente de borrarle las sanciones administrativas que se le interpusieron como consecuencia de su cargo electoral anterior. Que unas ya se les borró pero que otras son más difíciles.”

Omar Simon cree que se puede referir a una sanción administrativa que inició en 2009 y estaba aún en proceso en 2014, por una supuesta falta cuando era Presidente del Consejo Nacional Electoral y estaba al frente del proceso de selección para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

— Me querían poner una sanción administrativa. Los plazos que establecía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eran días laborables. Entonces el concurso atravesó varias fechas en las que había feriado. En febrero del 2009 me querían poner una sanción administrativa porque decían que hemos trabajado dos sábados y hemos dejado de trabajar lunes y martes. 

Dice Simon en una entrevista telefónica en referencia a cómo manejó el concurso para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. También afirma que —cuando salió el informe final de la Contraloría— le pidió una cita al contralor Pólit para explicarle su argumento de los días feriados, pero que no fue en marzo de 2014. Dice también que no recuerda si, al momento de la reunión, aún era secretario del presidente Correa. “Hace poco”, dice en referencia al presente, “me llegó una notificación, este año, hace tres semanas que desvanece las acusaciones que le menciono”. Las investigaciones de la Fiscalía deberán determina si los pedidos de desvanecer informes —una práctica de la que se ha rumorado insistentemente pero nadie ha dado evidenecias concretas— sucedió o no. 

§

El excontralor Pólit niega haber ofrecido desvanecer informes. Tras contactarlo por Whatsapp con una lista de preguntas, envió respuestas escritas y un video en el que asegura que atendía a todos los funcionarios que pedían una cita para presentar sus descargos o quejarse de que los auditores no los recibían. Dijo, además, que durante esas reuniones, siempre, estaban a su lado, funcionarios de su confianza.

— En mi calidad de Contralor, jamás prometía ni le decía a ningún funcionario como, por ejemplo, María de los Ángeles Duarte que se le iban a quitar las glosas, a ella, a Omar Simon. Eso es falso, de falsedad absoluta.

Dice Pólit y menciona dos informes de la contraloría: DAPYA-0043, de 2015 y DAPYA-0019, de 2016.

— Allí ya se sancionaba rigurosamente con glosas que llegaban casi a los 140 millones de dólares, comenzaron con 117 millones de dólares.

Ambos informes son posteriores al mail que Pamela Martínez envió a Laura Terán, en marzo de 2014, y corresponde a la construcción del acceso norte del Aeropuerto Internacional de Quito.

En su respuesta Pólit dice, además, que el 23 de mayo de 2017, el día anterior a la posesión de Lenín Moreno, fue visitado por Richard Espinosa, entonces presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y otros funcionarios. Dice que Espinosa no estaba de acuerdo con la comunicación de resultados del examen borrador que se le entregó al IESS sobre los dineros de los jubilados del Seguro, que llegaban aproximadamente a 2 mil 400 millones de dólares, según Pólit. 

— Le dije a Richard Espinosa: lo siento mucho, Richard, pero esa solicitud de ustedes, de que la Contraloría no tendría la facultad para determinar este tipo de acciones civiles, o que en su defecto él iba en nombre del gobierno nacional, eso no podía hacer, porque el gobierno nacional… que eso no podía ser, porque el gobierno no tenía recursos para responder por eso. Le dije que ese no es un problema de Contraloría y que no son descargos de la institución los que se tiene que presentar. 

Que la reunión terminó al cabo de veinte o veinticinco minutos y que después de unas semanas, finalmente salió el informe. Pólit se refiere al informe que se hizo público el 20 de junio de 2017, que determinó que Espinosa y los miembros del directorio debían restablecer contablemente una deuda que el Estado mantenía con el IESS por 527 millones de dólares y que el IESS había eliminado de sus balances.

— Otro funcionario que me visitó en 2016 y que me escribía pormenorizadamente a través de Whatsapp era Carlos Baca Mancheno que pedía que le eliminen su nombre de esos gastos reservados por las observaciones que se habían encontrado en ese informe, dice Pólit en el video que envió. 

El excontralor se refiere al informe que apareció en enero de 2018 —cuando ya Celi lo había reemplazado en la Contraloría General y él estaba en Miami. En él, el entonces contralor subrogante Daniel Fernández de Córdova supuestamente informaba, en mayo de 2017, al Fiscal General de la Nación de la época, Galo Chiriboga, que había indicios de responsabilidad penal del exsecretario Nacional de Inteligencia, Pablo Romero Quezada y de Carlos Baca Mancheno, miembro de la comisión que investigó el 30S y posterior Fiscal General. Cuando se hizo público el informe, Baca negó la autenticidad del documento y el contralor Pablo Celi también dudó de su existencia, aunque en la respuesta que Pólit envió por WhatsApp aseguró que el informe fue discutido con un “sinnúmero de funcionarios”, entre ellos, Pablo Celi. 

Contactamos a la Contraloría General del Estado para pedir información sobre los informes mencionados por Martínez y Pólit y estamos esperando que se pronuncie en las próximas horas. El abogado de María Duarte dijo desconocer el tema consultado y ofreció hacer un pronunciamiento en cuanto tuviera información. Contactamos a los abogados de Pamela Martínez y Ramiro González pero, hasta el cierre de este reportaje no tuvimos respuesta. Intentamos también hablar con el contralor Celi, Richard Espinosa y Carlos Baca Mancheno, pero hasta el cierre de este reportaje no pudimos contactarlos.

La revelación de este y otros correos que enviaba Martínez —con ayudas memoria e informes incluidos— pueden ayudar a esclarecer la existencia de una estructura de interferencia en otras funciones del Estado por parte de algunos altos los funcionarios del gobierno pasado. Será la justicia quien determine si fue así —y si no, de dónde vienen las afirmaciones de Martínez en el documento adjunto a su correo electrónico a Laura Terán.