Tras el paro nacional de octubre de 2019, hay un solo acuerdo: el Ecuador sigue en estado económico crítico. El gobierno quiere sacarlo de ese coma con una ley de crecimiento económico y —al menos eso espera— con la eliminación de los subsidios a los combustibles que causó la crisis del mes pasado. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que lideró las protestas, se opone a esa estrategia y, junto a otras decenas de organizaciones sociales, a través del autoproclamado Parlamento de los Pueblos, presentó, el 31 de octubre de 2019, su propia propuesta económica. “Es una medida de reactivación urgente que tiene acciones inmediatas y a largo plazo”, dice Severino Sharupi, exdirigente de la Conaie y parte del equipo técnico que ayudó a redactarla. Pero su viabilidad ha sido cuestionada por algunos expertos, aunque otros la consideran un punto de partida.
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Ambas propuestas —la del gobierno y la de la Conaie— buscan que paguen más los que más tienen, pero sus críticos dicen que es pura retórica. El economista Alberto Acosta Burneo cree que la de los pueblos no va a favorecer a los más pobres porque castiga a los grupos económicos que más producen. Eso, dice, impactará en los que menos tienen. “Lo que hace es aumentar la cantidad de pobres al destruir los incentivos para producir”, dice Acosta. El exministro coordinador de la Política Económica, Diego Borja, cree lo mismo de la propuesta del gobierno. “En la propaganda te dice eso (que paguen más los que más tienen), pero en realidad eso no es así”. Dice que la Ley de Crecimiento Económico no busca la equidad. “Eliminan el anticipo del pago del impuesto a la renta para todos, incluyendo oligopolios y grandes empresas. ¿Dónde está el que más tiene más paga? Eso es puro discurso”, dice Borja.
Algunas de las medidas propuestas por el Parlamento de los Pueblos son establecer un impuesto del 1% a los activos de los 270 principales grupos económicos del país, reducir el IVA al 10% (es del 12% actualmente), disminuir la tasa de interés para las microempresas, no aceptar la autonomía del Banco Central (una discusión que se analiza más adelante en este reportaje), suspender todas las concesiones mineras y la expansión petrolera, eliminar los sueldos vitalicios a expresidentes y vicepresidentes, y crear un programa de reparación integral para los afectados por el paro. La propuesta incluso pide despenalizar el aborto por violación. “No es descabellada, extremista o fuera del marco constitucional. Ofrece salidas puntuales a corto, mediano y largo plazo”, dice Sharupi.
Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el proyecto presentado por el Parlamento de los Pueblos es una iniciativa ciudadana —o, al menos, así lo han tomado en la Asamblea Nacional. La propuesta fue recibida por la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario, pero no es considerada un proyecto de ley, ni será acogida en su totalidad.
Según Borja, la propuesta liderada por la Conaie es “bastante integral en el sentido de lo que necesita el Ecuador que tiene problemas económicos muy claros”. Para Borja, todos los problemas económicos del país parten de la falta de empleo y de empleo adecuado. De ahí nacen otros, como el estancamiento en el crecimiento, la caída de la inversión y del consumo. El exministro cree que “en términos generales, el sentido de la propuesta de la Conaie es bastante más ligado a la necesidad económica del Ecuador que lo que hace el gobierno nacional”. Según Borja, esta propuesta reconoce la existencia de los problemas económicos del país — como la falta de empleo y la caída de inversión— y plantea medidas para resolver esos problemas económicos reales y nacionales; con a una agenda de crecimiento, equidad y reducción de la pobreza a nivel nacional.
A otros expertos económicos les preocupa las restricciones de la propuesta de los Pueblos, como eliminar la expansión petrolera o la minería a gran escala. Si se reducen las actividades que generan ingresos, dice el economista Alberto Acosta Burneo, “¿de dónde va a salir la plata para sostener los programas sociales?”.
El Parlamento de los Pueblos pide que Petroecuador cambie los términos de los contratos de prestación de servicios petroleros, sin especificar qué es lo que debe corregir. Es algo recurrente en sus propuestas: no está muy claro cómo se ejecutarán las medidas sugeridas. Severino Sharupi dice que es una propuesta “a grosso modo”. Sharupi dice que deberán esperar a que el gobierno acoja su propuesta para, juntos, revisar todas las condiciones y ponerse de acuerdo. “Si es que el gobierno no acepta, o no tiene la intención de dialogar sobre este documento, no podemos pasar a desmenuzar mucho más fino las propuestas”, dice Sharupi.
Pero para muchos economistas, en temas tan delicados, hilar fino desde el inicio es, quizá, lo más prudente. Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, cuestiona los conocimientos sobre servicios petroleros de los miembros del parlamento popular. “¿Por qué estiman que están mal?”, pregunta. Dice que su gremio ha analizado los contratos petroleros y que se podrían ajustar, pero que dejarían de ser competitivos frente a otros mercados. “No es de sugerir por sugerir. No hay que traer cosas que no pueden realizarse”, dice Albán. El exministro Borja cree que planteamientos como la eliminación de la minería a gran escala y de las concesiones petroleras necesitan ser discutidos y analizados. “Hay cosas que se las podrían tomar inmediatamente, pero hay otras que necesitan discutirse”, dice.
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Otros críticos de la propuesta del Parlamento de los Pueblos son aún más severos. Acosta Burneo dice que el proyecto busca “castigar a los mayores productores del país”. Crítica la propuesta de incrementar al 4% la recaudación del impuesto a la renta de los 270 grupos económicos del país, imponer 1% de impuesto a los activos y el 5% del patrimonio de estos grupos. Según la propuesta de la Conaie, al ser impuestos directos, no afectarían la capacidad productiva, ni los costos primarios, ni de factores de producción de estas empresas y recaudarían más de 4 mil millones de dólares.
Los impuestos directos se aplican al ingreso o al patrimonio de las empresas. Según el político y economista español Alberto Garzón, es más justo subir los impuestos directos porque “se aplican sobre la riqueza y no su manifestación indirecta: el consumo”. Acosta Burneo opina que el consumo sí se vería afectado porque la mayoría de estos grupos económicos produce bienes de consumo masivo, y los principales consumidores de estos bienes son las personas de menores ingresos, que terminarían asumiendo los costos. Víctor Hugo Albán dice que el cálculo de los 4 mil millones de dólares que recaudaría la propuesta es incorrecto y supone que es el resultado de mal asesoramiento. “No sé de dónde sacan cifras”, dice Albán, “Nosotros hemos hecho varias simulaciones técnicas con varios economistas de distintas especialidades y podemos concluir que las del Parlamento de los Pueblos están erradas”.
Otra medida controversial abanderada por el Parlamento de los Pueblos es la reducción del IVA del 12% al 10%. Alberto Acosta Burneo la llama “un error económico grave” porque busca “impulsar el consumo”. Eso, dice, no genera riqueza, que, a su forma de pensar, se logra impulsando la producción “generando un entorno adecuado con costos competitivos”, dice. Albán ve una contradicción en exigir garantías económicas (como el programa de reparación integral para los afectados por el paro y el incremento del salario básico) y, al mismo tiempo, pedir que se reduzca la recaudación de impuestos. “Si hubieran hecho una simulación real, podrían ver que eso no tiene sentido. Esa es una falacia”, dice Albán, “No se puede sugerir cosas sin hacer los debidos estudios”.
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La ley de crecimiento económico que promueve el gobierno también tiene críticos y genera escepticismo. Anunciada a inicios de octubre de 2019, pretende recaudar 731 millones de dólares en el 2020 y 887 millones en 2021. Según el presidente Lenín Moreno, la eliminación del subsidio al diésel y la gasolina representaría un ahorro anual de 1300 millones de dólares. Después del paro —y de derogar la eliminación de los subsidios— no ha dicho cuánto ahorro generaría un subsidio focalizado.
Durante el debate de la Ley de Crecimiento Económico en la Asamblea Nacional, el Colegio de Economistas de Pichincha intervino por una hora ante la Comisión de Régimen Económico. Su vicepresidente, Víctor Hugo Albán, recomienda que la Asamblea estudie y corrija la Ley de Crecimiento Económico, “si bien tiene falencias, que recomendamos que se corrijan, no deja de ser cierto que tiene cosas buenas” dice. Albán enumera como positivas la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la regulación de las tasas de interés, la imposición del impuesto de consumos especiales (ICE) a las fundas plásticas y la independencia del Banco Central.
El gremio de economistas propuso cambios al proyecto: que se revisen las tasas de interés en la deuda pública y privada, los impuestos a las exportaciones y a las grandes empresas, y que se simplifique la parte tributaria para fomentar la inversión. Albán, vicepresidente del gremio, dice que entre sus sugerencias está que se cree un fondo de liquidez con la diferencia entre el valor del barril de petróleo presupuestado (51 dólares por barril) y el real (entre 57 y 60 dólares). Esa diferencia de 6-9 dólares por barril no está incluido en el presupuesto, así que no debe entrar a caja, sino debe destinarse al fondo de liquidez.
Este fondo de liquidez serviría para imprevistos como, por ejemplo, una catástrofe natural. Raúl Aldaz, investigador del London School of Economics con un PhD en Estudios del Desarrollo, explicaba en 2018 que los fondos no son, de por sí, buenos o malos. “Su utilidad para un país depende de cómo se los utilice”, escribió. El mismo Aldaz recordaba tras el terremoto de 2016 que el Ecuador había eliminado estos fondos ocho años antes.
“Un fondo soberano recoge ingresos que provienen de recursos naturales no renovables y los canaliza de una manera preestablecida —reglas previsibles y estables, definidas desde su creación” decía Aldaz. En 2014, en el mundo existían 58 fondos soberanos. “La mayoría son nacionales para beneficio de países enteros, y otros como Alaska (Estados Unidos) y Alberta (Canadá) son subnacionales: manejan esquemas similares y son de beneficio estatal y provincial.”, explicaba el experto.
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El proyecto de Ley de Crecimiento Económico en la Comisión de Régimen Económico pasó el primer debate. En el informe del segundo debate podrán tener una evaluación previa y así perfeccionar la ley.
Pero, al igual que con el proyecto del parlamento de los pueblos, hay quienes ven riesgos en la propuesta gubernamental. El exministro Diego Borja cree que debería archivarse. “Sería una irresponsabilidad por parte de la Asamblea Nacional que permita que pase por el ministerio de la Ley, por falta de votos o alguna triquiñuela de orden legal, porque esta ley es inconstitucional” dice.
El artículo 136 de la Constitución y el 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa exige que los proyectos de ley se refieran a una sola materia y la que el gobierno envió con el carácter de económico urgente (y que si no es tratada en 30 días, pasaría automáticamente, o en jerga legal, “por el ministerio de la ley” el 16 de noviembre de 2019) trata varias asuntos.
“Según la Constitución, con una sola ley no se puede hacer el cambio tributario, monetario y financiero” explica Borja, refiriéndose a que la propuesta del gobierno busca reformar 22 cuerpos legales, entre leyes y códigos. Algunos asambleístas —como el socialcristiano Henry Kronfle— coinciden con él: dicen que el proyecto de ley es inconstitucional porque trata minería, educación y hasta territorio. “Los propios economistas hablan de seguridad jurídica, entonces empecemos respetando la norma básica de convivencia que es la Constitución”, dice Borja.
Borja se pregunta si la ley propuesta no es más que una “modificación al apuro” para cumplir con los tiempos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo que firmó con el Ecuador (y por el que el país recibirá más de 10 mil millones de dólares). “¿Vale más el acuerdo con el FMI que la Constitución?”, dice. Borja cree que la propuesta no beneficia al país “en absolutamente nada, y diría que incluso es publicidad engañosa porque el título no corresponde a lo que va a hacer. “¿Por dónde va a el crecimiento económico?”, pregunta el exministro.
Borja sostiene, además, que hay “modificaciones graves” en la parte que busca reformar el Código Monetario —la ley que regula a los sistemas monetario y financiero del país y protege los derechos de los usuarios de los servicios financieros. Dice que el artículo 230 de la propuesta busca derogar la norma que obliga a los bancos privados y otras entidades del sistema financiero a tener reservas en el país y no trasladarlas al extranjero. Las reservas nacionales de las instituciones bancarias se conoce como Coeficiente de Liquidez Doméstica (CLD) y se creó para que ese capital sea fuente de financiamiento de créditos para estimular la producción nacional. Si no hay CLD se incrementa el riesgo de inseguridad financiera en todas las instituciones bancarias.
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La autonomía del Banco Central del Ecuador es uno de los temas más controversiales de las propuestas del gobierno y del Parlamento de los Pueblos. En la del gobierno, las reformas al Código Monetario incluyen crear un directorio en el Banco Central que maneje la política monetaria del país. Actualmente, el responsable de formular políticas monetarias es el poder Ejecutivo —encabezado por el Presidente de la República— que lo hace a través del Banco Central.
El exministro Borja dice que al darle autonomía “institucional y técnica” al Central, se viola una definición constitucional ya que el Banco dejaría de ser “instrumentador de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera de facultad exclusiva del Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución”. El directorio tomaría decisiones, como definir la política de contratación y las políticas monetarias, sin presiones del Ejecutivo. El artículo 303 de la Constitución dice que el manejo de estas políticas — que incluye el monitoreo permanente de la cantidad de dinero de la economía ecuatoriana, facilitar las actividades económicas de los ecuatorianos, entre muchas otras— es facultad exclusiva del Ejecutivo, no un directorio. Así que esta sería otra violación a la Constitución.
En la situación actual del Ecuador no hay una propuesta económica ideal. Corregir el desbalance fiscal del Ecuador y cubrir los excesos del pasado tendrá un costo económico, político y social. “Lo ideal es lo responsable, en este momento, es poner en orden la economía”, dice Acosta Burneo, “no simplemente empujar una bola de nieve cuesta arriba, no vamos a avanzar a empujar, y nos va a caer encima aplastandonos a todos”, dice. Severino Sharupi, asesor de la Conaie, no descarta volver a las movilizaciones como medida de presión frente a las propuestas. “Estamos en un proceso de debate, pero no ha terminado el paro”, dice Sharupi, “Estamos en un tiempo crítico en el país y esto duraría hasta que se acepte esta propuesta”. Mientras tanto, el país sigue en delicado estado financiero: su perspectiva de crecimiento bajó al 0,6% tras la crisis de octubre de 2019.
