Actualización: el 21 de noviembre de 2019, el gobierno del Ecuador envió una nueva versión de ley económica. Acá te la explicamos.

El 18 de octubre de 2019, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, presentó a la Asamblea Nacional la Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas. La propuesta —que tiene el carácter de “económico urgente”— ha recibido el nombre coloquial de Ley de Crecimiento Económico.

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Además de Martínez, fue presentada por Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), y Janeth Maldonado, subgerente del Banco Central. 

Horas antes, en cadena nacional y en un boletín oficial, el presidente Lenín Moreno anunció algunas de las medidas incluidas en la propuesta de la Ley de Crecimiento Económico. Según Moreno, las medidas “buscan proteger la economía de todos los ecuatorianos”, impedir el contrabando y “beneficiar a los sectores más vulnerables”.

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Después de entregar el proyecto, el ministro Martínez dijo que estas reformas “se han trabajado para llevar al país por la ruta de una economía sólida y que sea sostenible en el tiempo”. Según Martínez, esta ley permitirá ampliar los beneficios para los microemprendedores y agricultores para “poder reactivar la economía”. 

En la ley hay una serie de decisiones sobre la reforma tributaria: incentivos para el crecimiento de las medianas y pequeñas empresas y la simplificación del régimen tributario. Con estas decisiones se espera recaudar 731 millones de dólares en el 2020 y 887 millones en 2021. 

La Ley de Crecimiento Económico deberá  ser aprobada, reformada o negada por la Asamblea en treinta días porque es un proyecto de carácter económico urgente. La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen que para leyes que no tienen el carácter de urgente, deben ser tratadas en un promedio de 150 días, pero este periodo puede extenderse dependiendo de las prórrogas solicitadas durante el proceso.