El jueves 3 de octubre de 2019 Ecuador amaneció paralizado después del anuncio de un paquete de medidas económicas el gremio de transportistas llamó a un paro nacional indefinido. Fueron apoyados por otros grupos de manifestantes que también rechazaban las medidas del presidente Lenín Moreno. Salieron a las calles a demandar que se dé un paso atrás. Más de setenta y dos horas, 350 detenidos después y sin que el gobierno se retracte, los transportistas depusieron la medida. las calles comenzaron a despejarse y los daños fueron evaluados. Hay unas horas de aparente calma, mientras varias asociaciones indígenas marchan hacia Quito. ¿Cómo ha quedado el Ecuador tras la primera ola de manifestaciones?

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La decisión que detonó el paro fue la polémica eliminación del subsidio a los combustibles, vigente desde hace cuarenta años. Esta medida no necesitaba ser aprobada por la Asamblea —a diferencia de otras del paquete— y fue ordenada mediante un decreto presidencial (el 883). Desde diciembre de 2018, la gasolina súper había dejado de ser subsidiada. Ahora, el diesel y la gasolina extra también. El precio del galón de la extra es de 2,39 dólares —un 30% más que el precio subsidiado. Y el diesel pasó de 1,037 a 2,30 dólares por galón.  Según el presidente Moreno, el país destinaba más de 1.300 millones de dólares anuales a este subsidio. Ahora, dijo, esos fondos serán invertidos en salud, vivienda y seguridad social. Lo cierto es que la medida es parte de un plan de austeridad impulsado por el Fondo Monetario Internacional, al que el Ecuador le ha pedido más de 10 mil millones de dólares. 

El Ecuador está en medio de un caos donde todo se contrapone y se confunde: intereses gremiales, reivindicaciones sociales, acusaciones partidistas, rezongos anticapitalistas y antineoliberales. Es una panorama confuso, en el que ni siquiera —o especialmente— los expertos no se ponen de acuerdo. 

Para algunos, las medidas anunciadas por Lenín Moreno son una valientes y acertadas. Para otros, son incorrectas e inoportunas. El economista y editor de la publicación Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, pertenece al primer grupo. Acosta Burneo dice que el Ecuador tiene dos grandes problemas: una brecha fiscal provocada por el despilfarro y una economía frágil después del mal manejo de la liquidez y el incremento de precios. Esos desafíos se deben solucionar, independientemente de ideologías o gustos políticos, dice Acosta. Es un proceso de corrección de la economía que debía hacerse. 

Pero los políticos no son quienes pagan las consecuencias del proceso de corrección. “Al final del día, las pagamos los ciudadanos” reconoce Acosta. Dice que era necesario tomar estas medidas (y otras) para corregir los problemas estructurales que, afirma, padece el Ecuador. “Si no se corrige el problema, la brecha va a continuar y la economía seguirá estancada”. 

Por otro lado, Diego Borja, ex ministro Coordinador de Política Económica, cree que el gobierno de Moreno se equivoca. Dice que tal como están planteadas las medias —sin analizarlas una por una, sino como un paquete— no contribuyen a la expansión de la economía, sino a la recesión. “Especialmente en un momento como este, en el que la previsión de crecimiento económico para este año es negativa”, dice Borja, quien ya ha dicho que las cifras muestran un retroceso peligroso.  

Borja, tomando como ejemplo la eliminación del subsidio de combustibles, dice que son medidas recesivas porque, aumentan los costos de producción. En ese contexto de caída de la inversión, de caída del empleo, eso es inconveniente. “Me queda absolutamente claro que aumentar casi en un 100% el precio del diesel golpea fuertemente a la transportación y genera problemas de costos. También la gasolina extra, aunque con menos fuerza que el diesel” dice el exministro.

Borja sostiene, además, que en un momento de caída del ciclo económico no es recomendable reducir subsidios. “El presidente ha tomado una línea de política económica que aumenta la pobreza, aumenta la inequidad, el desempleo y el empleo inadecuado, disminuye el crecimiento y la inversión”, dice Borja. Esa línea de política económica, dice, se adecua a las recomendaciones del Fondo  Monetario Internacional, que en realidad son exigencias: sin ellas no se recibirá el préstamo acordado. 

Pero, según Borja, la plata, irá a suplir las necesidades gubernamentales y no a dinamizar la economía ecuatoriana “tampoco entra en el circuito de la economía doméstica y eso conduce a una situación de desastre económico, político y social”. Borja sugiere un paquete de medidas de tipo expansivo: que se centren en el crecimiento de la inversión pública, del crédito a través de la banca de desarrollo, y el incentivo tributario a las actividades productivas. “Y no en esa obsesión de solucionar el déficit fiscal. Hay que mantener el equilibrio, pero no a cualquier costo”, dice.   

Del otro lado, la receta es exactamente la contraria: Alberto Acosta dice que es necesario comprometerse de “manera más agresiva” con la austeridad y reducir el tamaño del Estado. También trabajar más agresivamente en mejorar la competitividad. Acosta sugiere “eliminar toda la tramitología” para ayudar al sector productivo a ser más competitivo. 

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La Asamblea está también dividida. Mientras algunos esperan el debate para analizar punto por punto el paquete, otros —muchos de los antiguos compañeros de partido de Moreno— piden la revocatoria del mandato del Presidente de la República. Gabriela Rivadeneira, asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana, pidió al Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, que convoque a una sesión extraordinaria para discutir la destitución del presidente Lenín Moreno por incumplimiento de funciones. También pidió que se adelanten las elecciones presidenciales y parlamentarias. 

La propuesta no ha tenido mayor respaldo en los otros sectores legislativos. El asambleísta Luis Pachala, economista de profesión y coordinador de la bancada de CREO, el partido de la ultraderecha ecuatoriana, dice que esperan “debatir responsablemente” las medidas. Según Pachala, algunas son totalmente positivas. Menciona entre ellas a la eliminación del anticipo del impuesto a la renta o a la importación de tecnología y de maquinaria agrícola. Otras, dice, tienen más aspectos que analizar como las reformas laborales. Pachala cuestiona por qué se reduce el salario de los contratos ocasionales y no el número de asesores de los altos funcionarios del gobierno. 

En cuanto a la polémica eliminación del subsidio de combustibles dice que es necesario cubrir la brecha fiscal que tenemos, pero el país “debe ver cómo compensar a los transportistas”. Sugiere liberar los aranceles de repuestos e insumos para el transporte y optimizar el sistema de administración pública que despilfarran recursos. 

Pero los correístas quieren cesar al presidente que ellos pusieron en el poder porque dicen que las medidas son un paquetazo síntoma de algo mucho más grave: el fracaso económico del gobierno. Pabel Muñoz, miembro de la bancada de Revolución Ciudadana (antiguos aliados de Moreno), dice que el régimen actual dijo que tomaría varias medidas para no llegar a este punto. “Si llegaron a este momento es que todo les fracasó”, dice el asambleísta. “Nos dijeron que lo último que tenían que hacer era llegar al FMI y que llegaban al FMI para canalizar más de 10 mil millones de dólares a la economía ecuatoriana y que eso iba a impedir que se tomen estas medidas” dice. 

Muñoz cree que el reclamo debe ir más allá de la eliminación del subsidio. “No hay que descuidar otras cosas. Como las medidas que generan incentivos hacia el sector más acomodado de la sociedad ecuatoriana y medidas de explotación como el paquete laboral” añade. Preguntado sobre la represión contra la protesta social del gobierno del que él fue parte —y con cuyos partidarios aún milita en el correísmo— el asambleísta sale de las calles al plano de las abstracciones: “Es un error hacer de la política una sumatoria de errores. Lo que tenemos que hacer es avanzar en que eso no pase en la sociedad”. Dice que hay algo que agrava la situación actual: el cinismo. “¿No dijo que era el gobierno de las puertas abiertas? ¿del diálogo?” dice Muñoz, llamando al gobierno actual “desatinado, y además violento y represor”. La política siempre tiene memoria selectiva —y más de una cura para los mismos males.

Mientras los expertos se ponen de acuerdo, grupos de indígenas marchan a la capital, en cuyo centro histórico ya entran esta noche tanques militares para espearlos. Como pasó ya en 1992, en 1999, en 2003, y en 2015. La historia se ha repetido tantas veces en el Ecuador que ya no es ni tragedia, ni comedia, ni farsa sino la fotocopia desgastadísima de los mismos problemas.