Desde hace casi una década Patricia Aguirre le pide al Estado que compre una medicina que ayudará a sus dos hijos, de 11 y 4 años, a crecer. El Ministerio de Salud, encargado de comprarla, se ha negado durante años a hacerlo.
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Los hijos de Patricia tienen el síndrome de Laron, un trastorno hereditario y muy poco común. Quienes tienen el síndrome son de talla baja severa porque un daño en el receptor de la hormona del crecimiento hace que quienes lo sufren, aunque nacen de talla casi normal, dejen de crecer. En el largo plazo, si no son tratados, se quedan de talla baja severa.
El síndrome de Laron es tratable. El medicamento Increlex, fabricado únicamente por la farmacéutica francesa IPSEN, les permitiría alcanzar una estatura de 1,50 metros. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador tiene la obligación de importar la medicina porque hay dos sentencias judiciales que le han ordenado que haga la adquisición.
La primera tiene casi diez años. La dictó el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, en 2010. La segunda es de la Corte Constitucional del Ecuador, en 2016 y le ordena al Ministerio que, en 90 días, compre el medicamento y lo suministre. Tres años más tarde, no lo ha hecho y parece que este año tampoco lo hará.
En el caso de los niños de Laron, la responsabilidad recae en la Ministra de Salud —como representante máxima del organismo— y en los servidores públicos responsables de realizar los procesos necesarios para cumplir con la sentencia. Así lo advierte el informe sobre la adquisición del medicamento Increlex para los pacientes con síndrome de Laron. El documento, firmado por el coordinador general de asesoría jurídica del Ministerio de Salud Pública, Paúl Auz, el 5 de agosto de 2019, no solo advierte las sanciones legales por “el retraso injustificado en el cumpliento total de la sentencia de la Corte”. Además, muestra los errores cometidos por el Ministerio en el proceso para adquirir el Increlex, cuya compra se hará, aparentemente, en 2020.
El tiempo se agota para los niños. El Increlex solo se puede administrar mientras estén creciendo —entre los 2 y 18 años, según las indicaciones del propio medicamento. El Ministerio de Salud informó a los padres de los niños que solo los menores de 12 años podrán acceder a la medicina cuando llegue al país. “No tenemos una respuesta de por qué hicieron eso”, dice Patricia Aguirre y asegura que es otra batalla que iniciarán porque hay niños que, al momento de emitirse la sentencia de la Corte Constitucional, tenían 9 años y ahora 12. La disposición del Ministerio los dejaría fuera de los beneficiados aunque aún están en edad de crecimiento.
Los padres no pueden comprar por su cuenta la medicina. Necesitarían cerca de 3 mil dólares mensuales solo para el Increlex, sin contar otro tipo de atenciones médicas. Aunque tuviesen el dinero, el Increlex es una medicina huérfana (que sirve para pocas personas y por eso no es de interés comercial para las farmacéuticas) y no se vende en las farmacias en el Ecuador.
Su orfandad es una consecuencia directa del hecho de que el síndrome es muy raro. En todo el mundo se han diagnosticado apenas 350 casos, según el doctor Jaime Guevara, experto en el síndrome. Igual de extraño es el hecho de que el Ecuador tenga la mayor concentración, 94 pacientes diagnosticados que aún viven: el 30% de pacientes a nivel mundial está en nuestro país. Nueve de cada diez pacientes con el síndrome son niños ecuatorianos. La mayoría son de las provincias de El Oro y Loja, aunque también hay casos en Guayas y Pichincha.
Los dos hijos de Patricia Aguirre, que viven en Loja, están en la lista de los niños que recibirán la medicación. Ella espera que la medicina llegue cuanto antes. “Si mi hijo cumple los 12 años quedaría afuera”, dice. Como ella, más de una veintena de padres y madres piden al Ministerio de Salud que cumpla con la sentencia de la Corte Constitucional.
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«Mami, ¿por qué yo soy así?”, es una de las preguntas recurrentes que Valeria Castro debe responderle a su hijo de 7 años. Ella dice que su hijo sí consta en la lista de los niños con Laron que recibirán la medicina. Castro, como Patricia Aguirre, cuenta que el Ministerio no les ha respondido por qué solo los niños menores a 12 años tendrán la medicina: “Nos sentimos indefensos, vulnerados”, dice Castro.
En los documentos de 2017 donde el Ministerio de Salud pide una ampliación de presupuesto para comprar la medicina, se dice que el Increlex será comprado para el 100% de pacientes diagnosticados con el síndrome de Laron. Sin embargo, en abril de 2019, la Subsecretaria Nacional de Servicios de Salud, Susana Salas, emitió un memorando con el número de niños menores de 12 años diagnosticados con el síndrome que recibirían el tratamiento.
Los padres accedieron a esa lista donde solo constan 21 niños. Los niños que tienen más de 12 años, a pesar de estar aptos para tratarse con el Increlex, no podrán acceder a la medicina —varios porque el Ministerio sigue incumpliendo la sentencia. El paso del tiempo ha hecho que queden fuera.
Las indicaciones del Increlex dicen que se puede suministrar hasta los 18 años. Las personas con síndrome de Laron tienen la pubertad retrasada, explica el médico endocrinólogo Jaime Guevara, quien ha estudiado por más de 30 años el síndrome. Los estudios de Guevara han servido para el desarrollo de la medicina para tratar el trastorno. “Hay niños que tienen 18 años con edad ósea de 7, porque tienen retrasada la pubertad”, dice el médico Guevara, a la vez que asegura que la decisión del Ministerio sobre la restricción de la edad para brindar el tratamiento dejará fuera a muchos pacientes que sí se pueden beneficiar.
Determinar qué pacientes pueden recibir el Increlex es un proceso relativamente sencillo. Guevara asegura que solo se necesita hacer una “radiografía de mano izquierda” que cuesta 17 dólares. El experto dice que se debe individualizar cada caso. “Me toma más o menos 10 minutos por paciente decir si necesita o no la medicina, así tenga 20 años”, explica.
Si la medicina puede ser suministrada a niños mayores de 12 años, y la decisión debe ser tomada caso por caso, ¿por qué el Ministerio no les dará el tratamiento a todos los pacientes?
Los padres creen —dice Valeria Castro— que “esto de la edad fue únicamente porque el doctor Vasco fue quien ingresó la acción constitucional contra el Ministerio y quieren dejarlo a su hijo fuera”.
Santiago Vasco es un médico pediatra, padre de un adolescente con síndrome de Laron y ha esperado más de una década para que el Ministerio de Salud entregue a su hijo la medicina con la que podría crecer.
Cuando todo empezó, el hijo del doctor Vasco era un niño. Hoy tiene 16 años y no recibirá el medicamento por su edad. Además, de recibirlo, solo podría utilizarlo por dos años.
En 2010, Santiago Vasco presentó una acción de protección contra el Ministerio de Salud para que el Estado se encargue de la compra de medicina para las personas con este síndrome, su hijo tenía 7 años.
Aunque el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha falló a su favor, el Ministerio no cumplió la sentencia. Por esa razón, en 2014, el doctor Vasco presentó una acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes ante la Corte Constitucional del Ecuador. El proceso terminó con otra sentencia favorable a Vasco (y, por ende, a los niños con el síndrome de Laron). Es el fallo de 2016. En ese momento, el hijo de Vasco tenía 13 años.
Desde hace algún tiempo Santiago Vasco ya no quiere dar entrevistas, pero accedió a hablar conmigo luego de llamarlo a su trabajo. El doctor Vasco responde con frases cortas, conversamos pocos minutos y en su voz se nota la frustración ante la ineficiencia del Ministerio de Salud. También dice que, en 2011, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “En resumen no han hecho nada”, dice el doctor Vasco.
Como médico y como padre Vasco opina que el Ministerio debió hacer algo hace mucho considerando que en el Ecuador hay “el brote más grande del mundo de personas con el síndrome”, dice. Santiago Vasco asegura que seguirá apoyando a los otros padres, pero que no quiere que su hijo lo vea en “esos trámites”. Guevara dice que la restricción de edad que establece el Ministerio solo demuestra la falta de conocimiento sobre el síndrome: “la medicina se debe dar a todo niño o adolescente con síndrome de Laron” que esté en edad de crecimiento, dice Guevara.
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La historia de los niños de Laron y el Ministerio de Salud ha terminado por ser más complicada de lo que debió. En su fallo de 2016, la Corte Constitucional dice que el Ministerio incumplió la sentencia de 2010. Pero parece que no hay manera de que el Ministerio haga lo que le ordenan.
El Ministerio de Salud tenía varias opciones para realizar la compra del Increlex, según el abogado Ricardo Izurieta, especializado en compras públicas y derecho societario. Una de las opciones era realizar la compra a través del régimen especial. El régimen especial es una figura legal que sirve para realizar compras públicas y que “tiene el objetivo de evitar los trámites engorrosos, complejos de la ley”, dice el abogado Izurieta. Al régimen especial se lo puede usar en diez casos, según la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.
El primero es, precisamente, para comprar fármacos. El Ministerio de Salud ya ha utilizado al régimen especial para adquirir medicinas para el tratamiento de personas con VIH. Ha usado este tipo de contratación directa para otros servicios. En 2014, contrató bajo régimen especial a una empresa de comunicación para que organice “el día mundial de la salud” por más de 120 mil dólares.
La otra opción, dice Izurieta, era que el Ministerio de Salud emita una declaratoria de emergencia para poder comprar directamente el Increlex. La Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, dice que “una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva”. Izurieta dice que esa definición encaja con “este grupo de niños que están necesitados y requieren el auxilio del Estado”.
Pero el Ministerio de Salud decidió realizar una fijación de precios, como se detalla en el informe emitido por la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio. La fijación de precios solo se realiza, según la Ley Orgánica de Salud y el Reglamento para la fijación de precios de medicamentos de uso y consumo humano: cuando el medicamento va a comercializarse al público en general —léase, cuando se va a vender en farmacias. La sentencia de la Corte Constitucional no ordenó que se venda el Increlex al público, sino que se lo compre y aplique a un grupo específico.
Luego de fijar el precio, el Ministerio de Salud organizó dos subastas inversas que declaró desiertas, en junio de 2019. La subasta inversa es una forma de contratación donde los proveedores ofertan el precio más bajo de un producto para obtener el contrato.
Pero el único laboratorio que vende el Increlex en el mundo no se presentó a ninguna de las subastas porque no estaban de acuerdo con el precio fijado porque “no cubre los costos mínimos para proceder con la importación y entrega del producto en Ecuador”, según una comunicación de mayo de 2019 entregada por Biopas, los representantes legales de la farmaceútica IPSEN que fabrica el Increlex, al Ministerio.
El Ministerio de Salud estimó, según la fijación de precios hecha en 2018, que para la compra necesitaría más de 300 mil dólares. Sin embargo, ese precio nunca se negoció con la farmaceútica, pese a que la Ley de Contratación Pública ordena que si en una subasta inversa solo hay un proveedor habilitado, como en el caso del Increlex, la entidad contratante —el Ministerio— debe reunirse con el oferente —Biopas— con el único objetivo de mejorar la oferta económica.
El Ministerio ya sabía en 2017 que 300 mil dólares no eran suficientes. En agosto de ese año, pidió al Ministerio de Economía y Finanzas que se asigne un presupuesto de más de 3 millones de dólares “correspondiente a un año de tratamiento, para el 100% de las personas identificadas al momento con el Síndrome de Larón, así como el valor del 100% de pre-púberes”, según un comunicado del Ministerio de Salud
Sobre el precio, en agosto de 2018, una de las madres, Patricia Aguirre, envió una carta a la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa. Le pedía que se les informe a los padres de los niños en qué estado estaba la adquisición de la medicina.
En la carta, Patricia dice que los padres conocen que hay 2 millones 300 mil dólares de presupuesto para comprar el Increlex.
Lo que Aguirre escribió en su carta queda confirmado con la comunicación que el director nacional de egresos permanentes del Ministerio de Finanzas, Víctor Tobar, envió al Ministerio de Salud en abril de 2018. El oficio de Tobar es una respuesta a la coordinadora general administrativa financiera del Ministerio de Salud, Nelly Arteaga que, un mes antes, había pedido al Ministerio de Finanzas una asignación de 2 millones 300 mil dólares adicionales para comprar el medicamento Increlex. Pero, según el oficio, el Ministerio de Salud ya tenía los fondos para el medicamento.
El informe del Ministerio de Salud firmado por Paúl Auz aclara que el único requisito que el Ministerio de Salud necesitaba cumplir para comprar el medicamento era que el Increlex tenga registro sanitario ecuatoriano. La Agencia de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) se lo entregó a Biopas en agosto de 2018.
El incumplimiento de las sentencias carece de explicación. En 2017, la entonces ministra de salud, Verónica Espinosa, en un memorando sobre el Cumplimiento de disposiciones en caso Laron, escribió que “esta cartera de estado realizará las acciones correspondientes para cumplir lo dispuesto por la Corte Constitucional en la medida de lo posible”. “En la medida de lo posible” no alcanza para los niños de Laron.
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En mayo de 2019, el Ministerio de Salud convocó a los padres de los niños con síndrome de Laron que podrían recibir el Increlex para que lleven a sus hijos a distintos hospitales porque “la medicina ya iba a llegar”, cuenta María Castro, madre de una niña de 10 años. María Castro dice que, aunque a su hija no le gustan las agujas, contenía las lágrimas y se llenaba de fuerzas para realizarse los exámenes que le permitirían acceder al tratamiento con Increlex.
Cuando la hija de María Castro tenía dos años, el médico Jaime Guevara la diagnosticó con el síndrome de Laron. Ocho años después de ese diagnóstico el Ministerio de Salud —que ya había atendido a la niña como una paciente con síndrome de Laron— le dijo a María Castro que su hija quedaría fuera de los beneficiarios porque no tiene el síndrome. “No sé cuál será el motivo por el que ellos dicen que la niña no tiene el Laron, porque mi niña tiene todas las características”, dice. Tan solo un mes antes, el Ministerio de Salud había hecho una lista de los niños a beneficiarse con el Increlex. El nombre de la hija de Castro estaba en el listado. “No sé si el Ministerio simplemente le está dando largas al asunto para dejar muchos niños afuera”, dice la madre.
María Castro quiere impugnar la decisión del Ministerio de Salud por dejar fuera a su niña. Pero para hacerlo, necesita 250 dólares para someter a la niña a exámenes privados para demostrar que sí tiene el síndrome. El certificado del diagnóstico que le dio el doctor Guevara se perdió cuando la casa de María Castro se inundó por las lluvias en Machala. “Todos los días voy con mi niña, la voy a dejar a la escuela, la traigo y todos los días la gente la mira, entonces ella se siente rara, se siente mal”, dice María Castro, que ve al Increlex como una esperanza para su hija.
La falta de diagnósticos precisos por parte del Ministerio de Salud ha sido alegado por al menos otra madre. Liliana Loyola vive en Santa Rosa y tiene un hijo de un año. El Ministerio no le confirma si su hijo tiene síndrome de Laron.
Loyola espera coincidir con alguna visita del médico Guevara a Loja o a El Oro, para hacerlo atender a su hijo con el experto. Ella no puede llevar a su hijo a Quito porque el pequeño tiene problemas respiratorios. Aunque en abril de 2019 el nombre del hijo de Liliana Loyola estaba en la lista de los niños que recibirán el Increlex, para los exámenes que hicieron a los niños con el síndrome en mayo no la llamaron. No ha recibido ninguna otra noticia del Ministerio.
Andrea Armijos vive en Chaguarpamba, en la provincia de Loja, y tiene una hija de seis años que tiene el síndrome de Laron. Durante un año y medio su hija recibió inyecciones con hormonas de crecimiento, pero su hija no necesitaba esa hormona, porque a las personas con síndrome de Laron no les falta la hormona de crecimiento, sino que su receptor de la hormona no funciona. Armijos dice que es esencial que el Estado y los médicos conozcan la enfermedad, para que no haya más casos como el de su hija y para que el Ministerio de Salud entregue la medicina. “Hay enfermedades que no tienen cura, aquí sí la hay, pero no nos la quieren dar”, dice Armijos.
Conversé con ocho madres y un padre de niños con síndrome de Laron. Todos coinciden en que los médicos del Ministerio de Salud no están capacitados para diagnosticar y tratar la enfermedad. “Lastimosamente no es de conocimiento general la enfermedad”, dice Santiago Vasco.
Por eso lo padres han pedido que sea el doctor Jaime Guevara quien supervise el tratamiento cuando la medicina llegue al Ecuador. Incluso la sentencia de la Corte Constitucional ordenó que el Ministerio de Salud y ARCSA trabajen con el protocolo que Guevara elaboró para administrar el tratamiento. Sin embargo, el doctor Guevara dice que nunca ha recibido una llamada del Ministerio pese a que él se ha puesto a las órdenes. “El asunto es que el Estado se deje ayudar. Desde hace muchísimos años yo me he ofrecido a ayudar”, dice el experto. “Yo me acerqué a la ministra Espinosa y me puse a las órdenes, me dijo que me iba a llamar, pero nunca me llamó”.
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Aunque el síndrome de Laron es poco común, en el Ecuador “somos la capital mundial del Síndrome”, dice el médico genetista, Milton Jijón. Según un informe del Ministerio de Salud, en el Ecuador existen, actualmente, 94 pacientes diagnosticados con el síndrome. De ellos, 41 tienen entre cero y diecinueve años.
Como en el Ecuador hay mayor incidencia del síndrome, aquí se han realizado los estudios que sirvieron para desarrollar el Increlex. El endocrinólogo Jaime Guevara, que ha estudiado el síndrome por más de 30 años, dice que en el Ecuador se hicieron los tres estudios más importantes sobre el síndrome. Entre 1992 y 1993, los ecuatorianos probamos por primera vez la medicina, dice Guevara.
En el síndrome de Larón el cuerpo no utiliza la hormona de crecimiento que produce porque hay una falla genética en el receptor de crecimiento llamado IGF-1. Esa falla hace que las personas con el síndrome sean de talla baja severa, explica Guevara. Por ejemplo, Patricia Aguirre cuenta que su hijo de 11 años tiene una estatura de 85 centímetros, más o menos lo que mide un niño de entre 2 y 3 años.
El doctor Guevara explica que en los primeros meses de vida, los padres se dan cuenta que sus niños dejan de crecer. El experto dice que durante la infancia los niños con síndrome de Laron tienen sus “posibilidades de muerte incrementadas”, porque las enfermedades comunes de los niños como diarreas o neumonías pueden ser mortales para ellos. Sin embargo, un estudio que hizo el doctor Guevara durante 22 años que analizó a 99 pacientes y a sus familiares, descubrió que los pacientes con el síndrome de Laron “tienen menor incidencia de tener diabetes y cáncer”, aunque son más propensos a sufrir obesidad.
La genética juega un papel importante. El genetista Jijón explica que “las personas que no tienen el síndrome pueden tener hijos con Larón y las personas con el síndrome de Larón pueden tener hijos sanos”. Además, Jijón dice que cuando una pareja tienen un hijo con síndrome de Laron, la posibilidad de repetición del síndrome es del 25%. Esa posibilidad se replica en cada embarazo: “cada vez que esa pareja va a tener un hijo hay una posibilidad de 1 en 4 de que tenga otra vez el síndrome”, dice Jijón. El médico genetista dice que si el Estado invirtiera 1 millón de dólares en equipar un laboratorio genético, se podrían predecir enfermedades genéticas. “Habemos genetistas preparados para eso, pero no tenemos con qué”, explica Jijón.
Carmita Aguilar tiene dos hijos con síndrome de Laron, el primero tiene 22 años y la menor, 6. Sin embargo, Carmita Aguilar dice que su primer hijo fue medicado en España alrededor de 4 años con el Increlex. “Cuando tenía 11 años medía 79 centímetros y ahorita mide 1,36”, dice Aguilar. Su hijo no terminó el tratamiento porque regresaron al Ecuador. Ahora Carmita Aguilar espera que el Estado le dé el medicamento a su hija de 6 años.
El doctor Guevara dice que consiguió tener la medicina completa para que una paciente termine el tratamiento. La paciente llegó a tener una estatura entre 1,38 y 1,40 metros. “Esa niña con unos tacos es una ecuatoriana normal” dice Guevara.
Los últimos estudios del doctor Guevara que están por publicarse junto con académicos de las universidades de California y Florida, muestran que a través del diseño de dietas especiales sumadas al medicamento, se pueden potenciar los resultados. “No son para reemplazar la medicina, no curan la enfermedad ni son como la medicina, pero dan mejores resultados”, dice Guevara.
Además, el doctor Guevara explica que la dosis para tratar a los pacientes con síndrome de Laron debe ser de 80 mg/kg y no de 120mg/kg —como sugiere el laboratorio IPSEN, que fabrica la medicina: “Hay que poner dosis muchos menores. Hay que ir despacito”, dice. Al administrar dosis pequeñas, los efectos adversos del Increlex disminuyen, aunque eso dependerá de cómo cada paciente se adapte al medicamento.
Los efectos secundarios más frecuentes del Increlex son dolor de cabeza, hipoglucemia —concentración baja de azúcar en la sangre— vómitos, bultos en el lugar de la inyección —hipertrofia— y otitis media —infección en el oído medio. Como explica Guevara, todos los medicamentos tienen contraindicaciones, inclusive los más comunes como la aspirina.
Guevara y Jijón dicen estar decepcionados con la forma en que el Ministerio ha tratado el caso de los niños con Laron. Guevara dice que el Estado podría “curar una discapacidad” con una inversión menor comprando el Increlex. Jijón dice que la falta de atención del síndrome demuestra que “la conducción sanitaria del Ecuador ha sido cruel y no solamente cruel, sino perversa”.
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Le pedí al Ministerio de Salud su versión oficial. Envié dos correos, llamé más de una decena de veces, y hablé con tres personas del departamento de comunicación para que me den una entrevista.
El 22 de agosto de 2019, dos días antes del cierre de este reportaje, me contactó vía Whatsapp el abogado Paúl Auz, del Ministerio de Salud. Auz es, además, el firmante del informe sobre la compra del Increlex. Auz dijo que le pidieron que se comunique conmigo.
En nuestra conversación le dije que tenía el informe elaborado y firmado por él y que quisiera conversar sobre las irregularidades que él detalla sobre la compra de la medicina. Auz me citó para el 23 de agosto en su oficina en la Plataforma Gubernamental de Quitumbe, a las 5 de la tarde. A las 3 de la tarde del día de la entrevista, le escribí para confirmarla, pero el abogado Auz me bloqueó. Lo llamé, pero la llamada fue enviada al buzón de mensajes.
Ante la falta de respuesta del abogado Auz, me contacté con Carmen Grijalva del departamento de comunicación del Ministerio, a cargo de ayudarme con la entrevista. Grijalva me llamó y me dijo que el Ministerio de Salud no se iba a pronunciar sobre el tema porque es “delicado”. Cuando le conté sobre lo sucedido con el abogado Auz, me dijo que fue un “error del doctor” contactarme y que todas las entrevistas se hacen a través del departamento de comunicación.
El silencio del Ministerio de Salud no sorprende a los padres. Mientras la máxima autoridad en salud se niega a hablar sobre el incumplimiento de las sentencias y las irregularidades en la compra de un medicamento que podría dar una mejor calidad de vida a varios niños, a los padres los mantiene en vilo. “Es como una burla a los padres de familia, una ilusión, es en vano”, dice Patricia Aguirre.
La periodista Carolina Mella colaboró en la elaboración de este reportaje.
