Mientras en la Asamblea Nacional avanza el juicio político contra Mario Godoy, que podría terminar en su destitución, el Consejo de la Judicatura (CJ) acelera con la designación del nuevo vocal suplente.
¿Por qué es clave esta designación?
Porque si la Asamblea censura a Godoy —a quien acusa de incumplimiento de funciones y de presionar a jueces en sus decisiones—, quien asumiría la Presidencia del Consejo de la Judicatura sería ese nuevo vocal.
Pero este proceso ha sido cuestionado por los cambios irregulares que ha habido en la Judicatura. Godoy ya tenía una vocal suplente designada por el CPCCS, Alexandra Villacís. Pero, justo cuando le tocaba reemplazarlo, le apareció una deuda en el Servicio de Rentas Internas (SRI) que le impedía ejercer un cargo público y la Judicatura la suspendió.
Para que empiece el proceso de selección, el 12 de febrero de 2026, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, mandó una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) — el organismo encargado de designar a autoridades.
La terna está integrada por:
- Mercedes Caicedo
- Óscar Chamorro, y
- María Fernanda Morejón
Ahora, el CPCCS deberá revisar su trayectoria académica y profesional y elegir a uno de los tres.
Aquí te cuento una cronología de cómo se fraguó la designación de un nuevo vocal suplente.
Un presidente que puede ser destituido
En los siete meses que Mario Godoy lleva en funciones, su gestión ha estado marcada por cuestionamientos. Además de la paralización de concursos para elegir jueces y fiscales —en un momento en que los funcionarios no se dan abasto para resolver los casos— tiene denuncias sobre una presunta intromisión en decisiones judiciales.
El primer caso se destapó en diciembre de 2024. La jueza Nubia Vera denunció que Godoy y dos funcionarios cercanos a él —entre ellos Henry Gaibor, entonces director provincial de la Judicatura— la habrían presionado para que fallara contra la entonces vicepresidenta Verónica Abad.
El segundo caso salió a la luz en diciembre de 2025. El juez anticorrupción Carlos Serrano denunció públicamente que Gaibor lo habría presionado para que fallara a favor del narcotraficante Jezdimir Srdan en el caso Euro, que investiga investiga lavado de activos, cuyo delito precedente es el tráfico de drogas. Además, dijo que la Judicatura no había garantizado su seguridad.
Este último episodio terminó salpicando a Godoy. Poco después, asambleístas de la Revolución Ciudadana —ex aliados suyos y quienes respaldaron su designación como vocal de la Judicatura en julio de 2024, según constan en chats atribuidos al correísta Augusto Verduga— impulsaron un juicio político en su contra.
Desde entonces, la Asamblea Nacional lo ha convocado a comparecer en el proceso de fiscalización.
En esas ocasiones, Godoy pidió una licencia sin sueldo y encargó la Presidencia de la Judicatura mientras se defendía. Por ejemplo, entre diciembre de 2025 y enero de 2026 lo reemplazó Alexandra Villacís, su vocal suplente —designada oficialmente por el CPCCS.
En febrero de 2026, Godoy volvió a pedir una licencia sin sueldo y vacaciones entre el 9 y el 18 de febrero. Quién debía reemplazarlo era, otra vez, Villacís.
Pero no pasó.
Buscaron un reemplazo de Villacís en plena madrugada
El día que Villacís tenía que asumir la Presidencia de la Judicatura, el 9 de febrero, le apareció un impedimento para ejercer el cargo por una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI). “Tras la verificación directa ante el SRI, se confirmó de manera expresa que no mantengo deuda alguna”, dijo ella en un comunicado publicado ese día.
Mientras Villacís apenas se enteraba que estaba inhabilitada, dentro de la Judicatura ya la habían suspendido para ejercer sus funciones como encargada.
Villacís dijo en una entrevista en FM Mundo que pensó que le iban a dar, al menos, hasta el día siguiente para subsanar las observaciones administrativas, pero que se enteró por los medios que estaba descartada para el cargo.
Para entonces, ya se habían producido movimientos internos en la Judicatura. Por ejemplo, para no quedarse sin presidente, el pleno de la Judicatura —con cuatro vocales— convocó a una sesión extraordinaria para elegir a quién reemplazaría a Godoy temporalmente.
Además, Jorge Maruri Vecilla, director general de la Judicatura y funcionario de confianza de Godoy, pidió a Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, que active el proceso de selección del vocal suplente de la Corte Nacional de Justicia —que es la terna de la que se elige al Presidente.
La sesión extraordinaria en la Judicatura fue el 10 de febrero, a las 12 y 27 de la madrugada. A esa hora, Damián Larco fue designado como presidente temporal de la Judicatura —ante la ausencia del presidente y de la vocal suplente, como dice el Código de la Función Judicial.
Larco es uno de los cinco vocales principales designados por el CPCCS. Él fue parte de la terna que envió el Ejecutivo, es decir, el presidente Daniel Noboa.
Por eso, su designación elevó las alertas y cuestionamientos ante la duda de que haya independencia de funciones, como manda la Constitución. Larco fue director del SRI entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, designado directamente por Noboa.
Mientras estuvo en el cargo, la deuda de la Exportadora Bananera Noboa —empresa de la familia del Presidente— pasó de 94,6 millones de dólares a cero en siete meses, gracias a una remisión tributaria —se paga la deuda y se perdonan multas e intereses— que contemplaba la Ley de Integridad.
Más tarde, esa ley fue declarada inconstitucional.
“No hay nada oscuro en lo que ocurrió en el Consejo de la Judicatura”, dijo Godoy a los medios horas más tarde de la designación de Larco, antes de continuar en la defensa del juicio político en la Asamblea.
Un nuevo proceso, ¿quién podría presidir la Judicatura?
En la Asamblea, la bancada de la Revolución Ciudadana tiene claro que votará por la destitución de Mario Godoy, pero suma apenas unos 60 votos —se necesitan al menos 101 para censurar y destituirlo. Es decir, una mayoría calificada. Sin el respaldo del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), ese número no se alcanza.
En paralelo, y ante la incertidumbre sobre lo que pueda resolver el pleno del Legislativo, el CPCCS avanza rápidamente en el proceso para designar al vocal suplente.
Por eso, el 10 de febrero, el CPCCS pidió una terna al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez. Dos días después, el 12 de febrero de 2026, Rodríguez envió los tres nombres, como establece la ley.
1. Mercedes Johanna Caicedo Aldaz es abogada por la Universidad de Guayaquil. Tiene una maestría en Cultura Jurídica por la Universidad de Girona. Además, es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y magíster en Ciencias Penales por la Universidad de Guayaquil.
Según la Contraloría, en 2025 fue profesora en la Universidad Estatal de Bolívar.
Su trayectoria judicial empezó en 2015 como jueza de la Corte Provincial de Bolívar. En 2018 pasó a la Corte Provincial de Los Ríos. En 2021 fue designada conjueza de la Corte Nacional de Justicia y, en 2025, asumió como jueza titular encargada.
De acuerdo con información de la Función Judicial, tiene seis procesos de recusación. La recusación es un mecanismo para que un juez, fiscal u otro funcionario judicial se aparte de un caso cuando podría no actuar con imparcialidad.
2. Óscar Gonzalo Chamorro González es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es abogado y tiene un diplomado en Derechos Humanos y Democracia por la misma universidad. Además, tiene una especialización en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Según la Contraloría, en 2016 fue juez de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Pichincha. En 2018 asumió como juez titular de esa misma sala. En 2020 fue juez provincial de la Corte Provincial, cargo que ejerció hasta 2024. En 2025 fue designado juez de la Sala Especializada de lo Laboral.
De acuerdo con la Función Judicial, tiene tres procesos de recusación y una contravención de tránsito en 2017.
3. María Fernanda Morejón Villavicencio es abogada y licenciada en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas por la Universidad Técnica Particular de Loja.
Según la Contraloría, entre 2019 y 2021 trabajó como abogada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). De 2021 a 2022 fue directora de Normativa en la Empresa Eléctrica Quito S.A., y en 2023 fue abogada en la misma institución.
En 2024 asumió como directora de Control y Evaluación en la Dirección Nacional de Registros Públicos (Dinarp). Desde ese año es coordinadora de Control, Registro y Seguimiento en la Dinarp.
De acuerdo con la Función Judicial, ha presentado dos demandas —una por alimentos y otra relacionada con el registro de un contrato de arrendamiento— y no tiene procesos en su contra.
Ese mismo día, el 12 de febrero, cuando la Corte remitió la terna al CPCCS, Villacís presentó una acción de protección para frenar la nueva designación.
Explicó que la decisión no responde a “un interés personal ni a una disputa de cargos”, sino a la convicción de que, cuando existen “actuaciones administrativas que pueden afectar derechos”, corresponde a la justicia constitucional revisarlas.
Mientras tanto, el CPCCS sigue con el proceso.
En un comunicado dijo que hasta el 27 de febrero recibirá inscripciones para conformar una veeduría que dará seguimiento al proceso. Una veeduría es un mecanismo formal de control social: un grupo de ciudadanos que se organiza para observar y evaluar cómo una institución pública lleva adelante un proceso.
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