Carlos Alarcón es doctor en Jurisprudencia y abogado. El 3 de octubre de 2025, el pleno del Consejo de la Judicatura lo designó como fiscal general subrogante para reemplazar —en caso de ausencia temporal o definitiva— al fiscal general encargado Wilson Toainga.
El 21 de noviembre de 2025, Toainga presentó su renuncia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) —entidad que designa a las autoridades de control, entre ellos al fiscal general—, la cual fue aceptada tres días después. Desde esa fecha, el 24 de noviembre, Alarcón es el fiscal general encargado.
Su cargo es solamente de encargo porque el CPCCS ya debía haber designado en abril de 2025 a un nuevo fiscal general para los próximos seis años; sin embargo, del concurso de mérito y oposición está retrasado. Por eso, la Fiscalía General del Estado —el máximo organismo encargado de investigar los delitos en el país— ha tenido tres fiscales en un solo año: Diana Salazar, Wilson Toainga, y Carlos Alarcón.
Alarcón tiene más de 23 años de experiencia y es el coordinador de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, según un comunicado del Consejo de la Judicatura. También fue fiscal en Quinindé, un cantón en la provincia costera de Esmeraldas.
“Ha ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado y la judicatura”, dice el comunicado. Es decir, según él, tiene la formación, experiencia, conocimientos y capacidad, y también actúa con honestidad e integridad en el ejercicio de su profesión. Hasta el 20 de enero de 2026 no tiene sanciones disciplinarias según la Judicatura.
Te contamos más sobre Carlos Alarcón.
Su formación académica y profesional
Carlos Alarcón es doctor en Jurisprudencia. También es abogado y tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Los tres títulos los obtuvo en la Universidad Católica de Cuenca.
También es especialista en Derecho Penal y Justicia Índigena por la Universidad Regional Autónoma de los Andes y es magíster en Derecho Penal con mención en Criminalidad Compleja por la Universidad de las Américas (UDLA).
Todos sus títulos están registrados en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Según la Contraloría, en 2010 fue secretario en la Fiscalía General del Estado. El secretario se encarga de registrar, certificar y notificar las actuaciones procesales, no investiga ni decide casos.
Entre 2012 y 2014 fue secretario de fiscales en la Fiscalía General. Coordinaba y organizaba a varios fiscales, gestionando agendas, escritos, notificaciones, tampoco investigaba casos.
Entre 2019 y 2020 fue fiscal en la Fiscalía de Pichincha. Desde el año 2020 es fiscal en la Fiscalía General del Estado, donde dirige la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Entre los casos que ha llevado como fiscal en los últimos años están los siguientes:
- Caso Nene
En marzo de 2024 fue detenido Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la entonces vicepresidenta Verónica Abad. La detención se dio en el marco del denominado caso Nene, que investiga el presunto delito de tráfico de influencias dentro de la Vicepresidencia de la República.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, que en ese momento era dirigida por Carlos Alarcón. El caso se desarrolló en medio de las pugnas políticas entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Abad.
En ese contexto, Alarcón intentó vincular a Abad por una “presunta participación”, sustentándose en información obtenida de interceptaciones telefónicas dentro de la investigación. Sin embargo, la Asamblea Nacional no dio paso al levantamiento de su inmunidad —Abad fue elegida por voto popular y estaba sujeta a fuero de Corte—, requisito indispensable para que pueda ser investigada penalmente.
Posteriormente, cuando Alarcón asumió la subrogación de la Fiscalía General, el fiscal Deniss Villavicencio quedó a cargo del caso. El 19 de enero de 2026, la Fiscalía solicitó una pena de cinco años de prisión para Barreiro, pero la audiencia todavía se desarrolla para conocer la decisión del juez.
- Caso Triple A
En junio de 2024, tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARC), la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles.
La indagación fue iniciada por el fiscal Carlos Alarcón, entonces director de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía. Entre los 16 investigados y las seis empresas implicadas en el denominado caso Triple A figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
El proceso se desarrolla en un contexto de tensión política entre Álvarez y el presidente Daniel Noboa, relación que se ha deteriorado desde que Noboa asumió la Presidencia en noviembre de 2023. Mientras el alcalde ha calificado la investigación como una “persecución pura”, Alarcón —ya en funciones de fiscal general subrogante— aseguró en una entrevista con Radio Sucesos que el caso se sustenta en elementos técnicos y probatorios.
- Denuncia contra Noboa
Durante su primera semana como fiscal general encargado, en octubre de 2025, Alarcón pidió a la Corte Nacional de Justicia que archivara una denuncia contra el presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y directivos de la minera canadiense Dundee Precious Metals en Ecuador.
La denuncia fue presentada en agosto de 2025 por Yaku Pérez, dirigente indígena y ambientalista, por el presunto delito de tráfico de influencias.
Pérez pidió que se investigara la entrega de la licencia ambiental para la explotación del proyecto minero Loma Larga, en la provincia de Azuay, otorgada en junio de 2025. Según Pérez, la empresa canadiense habría hecho una donación a Valbonesi meses antes de que se concediera la licencia. Además, dijo que el presidente Noboa se habría reunido con directivos de la minera.
En septiembre de 2025, el gobierno suspendió la licencia ambiental. Tras el pedido de archivo de la denuncia, la Corte Nacional aún no se ha pronunciado.
Su información pública
No tiene información en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en enero de 2026 —es decir, no ha sido accionista ni ha dirigido ninguna empresa.
Según la Función Judicial, ha tenido un proceso en su contra. En 2022, Juan Francisco Ospina Loza presentó una querella por calumnia contra Alarcón, pero el proceso fue declarado en “abandono”, es decir, quedó ahí.
Según el sitio web de la Fiscalía, tiene dos denuncias en su contra. En 2022 Juan Francisco Ospina Loza presentó una denuncia por perjurio. En 2025, Magaly Esther Riofrio Garcia denunció a Alarcón por intimidación.
Alarcón presentó dos denuncias en 2024 por robo e intimidación.
En 2025 declaró un patrimonio de 187.219,20 dólares como fiscal, según el sitio web de la Contraloría.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), en los últimos años ha pagado lo siguiente por impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas:
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- 2019: 2.231,37 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
- 2020: 2.160,05 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
- 2021: 2.205,51 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
- 2022: 5.103,56 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
- 2023: 4.672,73 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
- 2024: 4.609,33 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
- 2025: hasta el 19 de enero de 2026 no ha presentado la declaración de impuesto a la renta, y 123,33 dólares de impuesto a la salidas de divisas.
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