Lo que sabemos de la muerte de Efraín Fuerez en el paro 2025

El 28 de septiembre de 2025, séptimo día del paro nacional de 2025, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) confirmó la muerte de Efraín Fuerez. El comunero indígena falleció la mañana del domingo 28 en el hospital de Cotacachi, un pequeño pueblo de artesanos y agricultores de poco más de diez mil habitantes, en la provincia norandina de Imbabura, donde se han concentrado buena parte de las protestas del paro de 2025.

Fuerez habría muerto a consecuencia de heridas de bala, luego de un enfrentamiento en el sector del puente Ilumán, en la vía Cotacachi–Otavalo.

Inredh exigió una investigación “inmediata, independiente y transparente” que determine a los responsables. El día que se confirmó su muerte, GK se contactó con el Ministerio de Defensa y con el director de Comunicación del Ejército, pero hasta el 29 de septiembre, no hubo un pronunciamiento oficial sobre la muerte. 

La Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía, que investiga los excesos estatales en el uso progresivo de la fuerza, abrió una investigación sobre la muerte de Fuerez.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena del país y principal promotora del paro, responsabilizó directamente a las Fuerzas Armadas y al presidente Daniel Noboa de la muerte de Fuerez. 

La organización aseguró que el comunero recibió tres disparos en la Panamericana Norte. 

En un video difundido por la Conaie, se observa a unas cincuenta personas que corren como huyendo. 

Cuatro de ellas cargan a un hombre que parece inconsciente, sostenido de sus brazos y piernas. Tras ellos avanzan dos tanquetas militares. Uno de los cargadores se queda junto al herido mientras los demás escapan. Varios intentan volver a ayudar, pero al escuchar motores o disparos, huyen.

Segundos después, una tanqueta se detiene junto a los dos hombres. Al bajar, un militar patea dos veces al inconsciente y otro agrede a su acompañante. 

En los 2 minutos y 40 segundos que dura la escena, al menos 33 golpes y patadas caen sobre ambos, inmóviles en el asfalto. Entre tiros de lacrimógena y carreras para buscar a otros, los soldados vuelven una y otra vez para patear y golpear con lo que parece un tolete, dejando la violencia como un ciclo repetido alrededor de la máquina de guerra. 

GK confirmó la identidad del hombre que en el video parece inconsciente. Fuentes que prefirieron mantener la reserva de su identidad confirmaron que se trata de Efraín Fuerez. 

Fuerez fue llevado al Hospital de Cotacachi, a 28 kilómetros de Ilumán, donde aún no se conoce si murió o llegó sin vida. 

Verónica Yaquilema, presidenta de Inredh, y Diana León, abogada de la misma fundación, dijeron, en una entrevista hecha por la periodista Karol Noroña, que desde las comunidades se tomaron fotografías antes del levantamiento del cadáver para evidenciar el impacto de bala. GK intentó ampliar la versión de Yaquilema y León pero desde Inredh dijeron que no darán más entrevistas sobre la autopsia por un requerimiento de la familia.

Según dijo Yaquilema en la entrevista, el levantamiento del cuerpo lo hizo la Fiscalía de Cotacachi. Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía (Dinased) hicieron un informe dentro del hospital y recogieron las prendas donde se evidenciaba también el impacto de la bala.

Luego, dijo el equipo de Inredh, el cuerpo fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, donde dos médicos le hicieron la autopsia con la presencia de un familiar de Fuerez y un representante de Inredh. 

En el examen se determinó que una bala entró por la espalda y salió por el pecho, fracturando la columna cervical —en la zona del cuello— y una costilla. No hubo afectación al corazón, pero sí al pulmón izquierdo. Aun así, las representantes no pudieron precisar la causa exacta de la muerte.

GK habló con Ingrid García, abogada de Inredh, quien explicó que la investigación está en manos de la Fiscalía y que la Fundación acompañará el caso jurídicamente. 

De su lado, el gobierno insiste en que lo que sucedió en Otavalo no era parte de una protesta social, sino un ataque concertado contra los militares. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, no habló de la muerte de Fuerez sino de una supuesta emboscada a los soldados que custodiaban el ingreso de un convoy de alimentos destinado a comunidades de la Sierra norte. 

Según Rovira, el enfrentamiento en Cotacachi dejó 12 militares heridos y 17 desaparecidos. Añadió que el derecho a la protesta es legítimo y merece respeto, pero que lo ocurrido no fue una manifestación, sino una emboscada ejecutada por estructuras criminales. “Con los manifestantes, diálogo y garantías. Con el crimen organizado, ley y firmeza”, afirmó.

El Ejército también sostuvo la tesis de la emboscada. “Hechos como estos no quedarán impunes”, dijo en un comunicado. Además, compartió fotografías de militares ensangrentados y golpeados a la espera de atención médica. En un video compartido por el Ejército, se ve cómo un soldado es golpeado, maniatado y amenazado por una turba, mientras suplica por ayuda. La autenticidad del video no ha podido ser verificada por GK de forma independiente. 

¿Quién fue Efraín Fuerez?

“No era terrorista, era una persona trabajadora”, dijo al medio comunitario Apak Tv, María Guitarras, con los ojos hinchados y la voz entrecortada durante el velorio de su esposo, Efraín Fuerez, en la comunidad de Cuicocha, Imbabura. 

Recordó que su esposo “se llenaba las manos de callos para sobrevivir en este país”. 

La mañana del domingo 28 de septiembre, el día en que murió, alguien le avisó a las 6 de la mañana que los militares habían “cogido” a Efraín. “Yo supuse que lo iban a llevar preso”, dijo que pensó mientras se alistaba para ir al campo a sembrar. Poco después, le dijeron que le habían disparado. 

Cuando llegó a verlo al Hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra —a 33 kilómetros desde Cuicocha, donde vive—, ya había muerto. “No me pude despedir de mi esposo”, dice, quebrada en llanto.

Efraín y María tenían dos hijos, de 11 y 25 años. “Mi esposo era un gran líder en la comunidad”, dice ella en la entrevista. Alfonso Morales, amigo de Fuerez y concejal de Cotacachi, le dijo a GK que “fue un gran amigo, un gran compañero”.

Con 46 años, Fuerez se había convertido en un líder indígena respetado. “Es una pérdida”, lamenta Morales, quien lo describe con dos palabras: “buen hombre”. 

Efraín Fuerez fue presidente de la Junta de Agua de Cuicocha, encargada de administrar el agua potable de la comunidad, y también fue dirigente de la comuna de Quimsala —aunque no precisa fechas.

Además de sembrar la tierra, la familia Fuerez se dedicaba a la venta de artesanías y al turismo, dice Morales. Pero en 2020, con la llegada de la pandemia del covid-19, el negocio cambió de rumbo. Efraín empezó a coser y a vender ropa deportiva —buzos, calentadores— que ofrecía en la reconocida feria de Otavalo, en la Plaza de los Ponchos en el centro de la ciudad, y también en viajes a Quito y Ambato.

Morales recuerda que lo veía seguido, sobre todo, en las reuniones de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac), que agrupa a 41 comunidades y diversas organizaciones campesinas, indígenas y mestizas del cantón —Fuerez era parte de la Unorcac. 

El entierro estaba previsto para el 30 de septiembre. Ese día, a las 11 de la mañana, una marcha acompañó el féretro hacia el cementerio de Quiroga, de donde era oriundo Fuerez, a 13 kilómetros de Otavalo. 

Reacciones ante la muerte de Efraín Fuerez

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, pidió información al Ministerio de Defensa sobre el operativo en Cotacachi. Solicitó los nombres de los militares que participaron, la autoridad que dio la orden y el registro de víctimas y heridos.

Otros políticos hablaron indirectamente de la muerte de Efraín Fuerez. 

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionó la forma en que el gobierno ha manejado las protestas y pidió abrir espacios de diálogo para evitar más muertes en el contexto del paro. El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, le respondió que intentaba aprovechar políticamente los hechos ocurridos en Cotacachi.

La relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación, Gina Romero, pidió en X que no se repita el uso excesivo de la fuerza y las detenciones ilegales, denunció la persecución contra movimientos sociales y el congelamiento de cuentas, y pidió que se respete el derecho a la protesta y se garantice un ambiente seguro para los manifestantes.

Hasta las 3 de la tarde del 29 de septiembre de 2025, el Ministerio de Defensa ni el Ejército se han pronunciado oficialmente específicamente sobre la muerte de Fuerez.

Así avanza la investigación

El general Manuel Dávila, jefe de Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, compareció el 21 de octubre de 2025 ante la Comisión de Soberanía Integral de la Asamblea Nacional, que investiga la violencia por parte de la fuerza pública durante las movilizaciones en Imbabura, el epicentro del paro nacional.

En la sesión también fueron llamados los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, aunque ambos no asistieron, pero enviaron delegados.

Dávila se refirió al caso de Efraín Fuerez y reconoció que se trató de un acto que “excede lo que corresponde al uso progresivo de la fuerza”.“Fue violentar, porque excede lo que corresponde al uso progresivo de la fuerza”, dijo el oficial ante los legisladores.

La asambleísta Jahiren Noriega, de la Revolución Ciudadana, presentó un video con las circunstancias en que habría ocurrido la muerte de Fuerez. 

Dávila respondió que no podía confirmar si ese video correspondía a la muerte, pero admitió que sí existe otro donde se observa una extralimitación del personal militar. Explicó que el caso está bajo investigación judicial y que las Fuerzas Armadas colaboran con la justicia, además de mantener un proceso administrativo interno como manda la ley. 

El general aclaró que no se ha dado ninguna orden, ni verbal ni escrita, para actuar con violencia, y que cualquier disposición en ese sentido sería contraria a la formación y principios de la institución. “Nunca he recibido una orden ni he dado una orden de que salgan a violentar”, dijo.

Dávila sostuvo que no se puede separar de manera inmediata a los militares presuntamente implicados porque eso violaría el debido proceso y el derecho a la defensa. Añadió que las Fuerzas Armadas mantienen una política de cero tolerancia y una investigación interna frente a actos ilegales o abusos de autoridad que vulneren los derechos de la ciudadanía.

Las obligaciones internacionales de Ecuador en el caso de Fuerez

Las denuncias y el material difundido apuntan a disparos realizados por militares que alcanzaron a Fuerez. 

Si se confirma que los proyectiles provinieron de efectivos estatales y que no existía una amenaza letal inmediata, habría un uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza.

La participación militar en el control de protestas plantea riesgos adicionales, pues organismos internacionales desaconsejan la militarización de funciones de orden público.

La investigación de la Fiscalía es un paso indispensable, pero debe cumplir los parámetros de prontitud, exhaustividad e independencia del Minnesota Protocol, con plena participación de la familia y organismos independientes. Ecuador es signatario de este protocolo creado en 2016 que existe investigaciones rápidas, independientes y transparentes, con autopsias completas, preservación de la escena y entrevistas a testigos.

De comprobarse responsabilidad estatal, Ecuador enfrentaría obligaciones de sancionar a los responsables, reparar integralmente a la familia y la comunidad, y garantizar medidas de no repetición.

A nivel internacional, Ecuador ha firmado varios compromisos.

Es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a respetar el derecho a la vida y a investigar de forma pronta, imparcial y efectiva toda privación de la vida atribuible a agentes estatales.

Además, como país miembro de la ONU, debe cumplir con los Principios Básicos de la Organización Naciones Unidas (ONU) sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego (1990) que establecen que las armas de fuego solo pueden usarse ante amenazas inminentes a la vida y como último recurso.

Además, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refuerzan la obligación de medidas diferenciadas y no discriminación cuando las actuaciones estatales afectan a pueblos indígenas. 

Ecuador ratificó el convenio en 1998, lo que obliga al Estado a proteger identidad cultural, territorios y derechos colectivos, y a realizar consultas previas en decisiones que afecten directamente a las comunidades.

Los retos para el Estado ecuatoriano

Las narrativas públicas siguen enfrentadas: denuncias de uso letal frente a la versión gubernamental de emboscada.

Ecuador enfrenta riesgos en tres niveles:

• Jurídicos: si se prueba responsabilidad de agentes estatales, el país debe reparar el daño y podría enfrentar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Investigación: una investigación parcial o en jurisdicción militar minaría la confianza y abriría la vía internacional.
• Político y reputacional: la constatación de violaciones graves generaría sanciones diplomáticas, condicionamientos de cooperación y mayor conflictividad interna.

En la región, precedentes como Sarayaku vs. Ecuador muestran que los Estados condenados enfrentan supervisión prolongada de organismos internacionales y costos políticos de largo plazo.

El componente indígena agrava la responsabilidad: la reparación debe incluir no solo compensación individual, sino también medidas colectivas y culturales para restituir la confianza comunitaria.

Si la investigación interna no cumple estándares, las víctimas pueden acudir a la Comisión Interamericana o solicitar medidas cautelares; la Corte Interamericana podría asumir el caso y dictar medidas vinculantes.