¿Se acerca el fin de la dictadura venezolana?

“El despliegue militar estadounidense frente a Venezuela no está en los titulares norteamericanos en este momento, pero debemos prestarle atención”, advirtió el experto en política internacional Ian Bremmer. Lo dijo luego de la contundente decisión del gobierno de Donald Trump de movilizar recursos militares y aumentar la capacidad bélica —que es superior a todas las armadas latinoamericanas juntas— al Caribe venezolano. Lo dijo también luego de declarar al Cartel de los Soles como “grupo terrorista internacional” y de aumentar la recompensa por la detención de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares. El monto es incluso mayor al que, en su momento, se ofreció por la captura de Osama Bin Laden.

Estas resoluciones de la Casa Blanca demuestran un importante giro en la política de seguridad de Estados Unidos hacia Latinoamérica evidenciando una lógica de presión máxima frente a la dictadura venezolana sin precedentes en la región.

El movimiento de tropas norteamericanas, así como de buques de guerra y submarinos con intenciones hostiles en contra de un país sudamericano, es un hecho inédito, al menos en el presente siglo. La última vez que el ejército de EE.UU. intervino militarmente contra un gobierno latinoamericano fue en 1989, y la consecuencia fue la caída del dictador panameño Antonio Noriega quien, coincidentemente, también fue acusado y sentenciado por narcotráfico.

Sin embargo, el reciente aumento de la tensión entre el gobierno norteamericano y la dictadura venezolana no significa necesariamente que el régimen chavista será reemplazado por una democracia, ni tampoco que un ataque militar de Estados Unidos sea inminente.

Al contrario, son pocas las probabilidades de que el ejército estadounidense ponga sus botas en territorio venezolano, o de que Caracas sea asediada por tanques M1Abrams, porque no es una prioridad de Trump iniciar una guerra costosa, de desgaste, y de un final impredecible, por muy poco a cambio. Además, ha sido una constante promesa de campaña del trumpismo el no involucrarse en conflictos bélicos internacionales.

El aislacionismo de EE.UU. es un signo distintivo de la política internacional de Trump. Su prioridad es el interés nacional (America First) por sobre la cooperación internacional, incluso desconociendo instituciones fundamentales del orden internacional liberal, como la Organización Mundial de la Salud, o tratados importantes como el Acuerdo de París.

Pese a ello, es incorrecto minimizar el cambio de postura de la primera potencia mundial hacia Venezuela y la región y, aunque la opción militar sea muy lejana, el uso de la diplomacia coercitiva impulsada por Marco Rubio pretende producir cambios considerables en la esfera de influencia norteamericana.

Movilizar al Caribe nueve buques de guerra, un submarino nuclear, y alrededor de siete mil militares, no es sólo una demostración de poder o sólo un mensaje amenazante contra Maduro sino que es una acción con objetivos políticos.

El primer objetivo es nacional: busca transmitir al votante de Trump una sensación de tranquilidad ante el grave problema de consumo de fentanilo y otras drogas en EE.UU., frente al cual el gobierno ha conseguido disminuir las muertes por sobredosis, pero aún siguen siendo extremadamente altas. Aproximadamente 80 mil personas fallecieron por sobredosis de drogas en el 2024 en ese país.

El gobierno estadounidense ha vinculado esta situación directamente al dominio de los carteles de la droga sobre el territorio latnoamericano, al punto de designarlos oficialmente como “terroristas de alcance global”. También admitió públicamente que usará la fuerza militar estadounidense para combatirlos, incluso fuera del territorio nacional, algo inaudito en la política de seguridad de EE.UU.

La denominación de Washington al Cartel de los Soles como terroristas constituye un paso importante para responder políticamente y “derrotar” a las muertes por sobredosis de drogas. En ese contexto, el despliegue del refuerzo militar hacia el sur del Caribe es un complemento simbólico relevante.

La existencia y el rol del Cartel de los Soles en Latinoamérica es un tema investigado desde hace varios años por expertos en transparencia y seguridad. Según Mercedes de Freita, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, “el Cartel de los Soles controla cerca del 24% de la cocaína que sale de Sudamérica, lo que equivale a 8.200 millones de dólares en el año 2024”. 

Según de Freita, se trata de un cartel atípico, una red informal de corrupción, conformada por altos mandos militares venezolanos en colaboración directa con la dictadura de Maduro, datos que se han obtenido gracias a delatores que han entregado información al gobierno estadounidense. 

La investigación señala vínculos directos de esta organización criminal con la narcoguerrilla colombiana, especialmente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y con las disidencias de las FARC. Esa fue una razón determinante para la Casa Blanca para incluir al Cartel de los Soles como grupo terrorista global. 

Países aliados de EE.UU. como Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay y República Dominicana han reconocido a este cartel como organización terrorista, lo cual cambia el estatus jurídico del grupo, y permite que el gobierno de Estados Unidos persiga a sus miembros al considerarlos amenazas inmediatas a la seguridad nacional.

Por lo tanto, más allá del efecto simbólico y comunicacional para la política nacional del trumpismo, existen también objetivos geopolíticos: bloquear militarmente el Mar Caribe para evitar la salida de toneladas de droga desde Venezuela e interceptar información concluyente que demuestre la íntima relación entre la dictadura de Maduro y el narcotráfico.

Según Ignacio Montes de Oca, periodista especializado en conflictos internacionales, “con los tres destructores [buques de guerra], EEUU puede vigilar todo el litoral venezolano. Considerando que el tráfico de drogas que parte de Venezuela se realiza con aviones civiles y buques de pequeño porte, es suficiente para el propósito de lograr el control marino absoluto del Caribe”.

De esta forma, el gobierno de Trump podría presentar resultados tangibles en cuanto a incautación de drogas y detención de narcotraficantes. Pero también obtendrá valiosos datos sobre las estrategias y los liderazgos de los carteles en la zona, gracias a los avanzados mecanismos tecnológicos de inteligencia que poseen los buques y el submarino que fueron desplegados.

Así, la fuerza militar trasladada no demuestra intenciones o capacidades de atacar directamente el territorio venezolano, o peor aún, de pretender invadir al país sudamericano. Por lo que, es posible asumir que los movimientos marciales realizados por EE.UU. no pretendan producir un cambio de régimen en Venezuela. Pero sí abonan fuertemente al debilitamiento de Maduro, especialmente por el duro golpe económico que implicaría el retiro de más de 8 billones de dólares anuales de la economía ilícita venezolana.

“E​​l Estado chavista tiene una dependencia política inmensa hacia el dinero del Cartel de los Soles y esos 8.236 millones de dólares son la mitad del ingreso de divisas por la exportación de petróleo de 2024, que fue de 17.520 millones”, dice Montes de Oca.

De este modo, se atacaría directamente la liquidez de la dictadura venezolana, lo cual podría generar rupturas internas, algo que también se relaciona con las enormes recompensas ofrecidas por Washington por la detención de Maduro. Fracturar al núcleo leal a Maduro puede ser también un objetivo a mediano plazo.

La estrategia de máxima presión que ejerce EE.UU. también ha logrado aislar, aún más, a la dictadura chavista, la cual cada vez cuenta con menos apoyos en la región y en el mundo. Estados Unidos buscó armar una coalición contra Maduro y lo consiguió. Hace una década, una movilización tan formidable de efectivos militares estadounidenses en contra un gobierno sudamericano hubiera generado reacciones conjuntas de rechazo unido en Latinoamérica.

Pero en esta ocasión, con excepción de Díaz Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua), y Gustavo Petro (Colombia), no ha habido una oposición conjunta a las acciones de EE.UU. Al contrario, sus movimientos de tropas y buques han encontrado a importantes aliados como Argentina, Guyana o El Salvador, mientras actores clave de la región como Lula de Brasil, o Boric desde Chile, han expresado su aversión pública contra la dictadura de Maduro. 

En el caso de México, la presidenta Claudia Sheinbaun ha sido más prudente al apelar al viejo comodín de la soberanía y la libre determinación de los pueblos, principios del derecho internacional público, que hoy son tergiversados por todas las dictaduras del mundo.

En el caso de Ecuador, el gobierno nacional, manteniendo una línea coherente con su postura pro Trump, ha apoyado la iniciativa política norteamericana y, ha incluido al Cartel de los Soles en la categoría de grupo terrorista.

Para el presidente ecuatoriano Daniel Noboa esta organización criminal constituye “una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”. Esta decisión gubernamental ubica a Ecuador como un antagonista directo del dictador Maduro, lo cual amplía el espectro de actuación de la política trumpista hacia Venezuela, también en el Estado ecuatoriano.

Esto significa que entre Quito y Washington se establecerán redes de cooperación directas enfocadas a todo lo referente al combate al Cártel de los Soles, especialmente intercambio de información confidencial de inteligencia militar. Esta cooperación también podría incluir arrestos y deportaciones de narcotraficantes relacionados al madurismo.

De esta manera, Ecuador refuerza su cercanía con el gobierno estadounidense y se convierte en un espacio clave para los intereses de seguridad de EE.UU. en Sudamérica, tema que ha llegado a ser mencionado por el propio Marco Rubio, quien visitará Ecuador en los próximos días. Es de esperar, que en las reuniones bilaterales con Rubio, Venezuela sea uno de los temas principales a ser analizados por ambos países.

En este contexto, la oposición ecuatoriana al oficialismo ha tomado una extraña decisión: defender la inocencia de Maduro y acudir a la fábula de la “invasión gringa por el petróleo” para intentar justificar las acciones dictatoriales y la cercanía al narcotráfico del chavismo.

Desde Suiza, la ex finalista presidencial por el correísmo, Luisa González afirmó: “dicen que Maduro es el líder del cartel y la droga la envían a Estados Unidos”. Dijo que, por eso, “ofrecen millones de dólares por la cabeza de Maduro y en Ecuador a la vez el señor Noboa reconoce a este cartel”. 

Al mismo tiempo, el presidente Noboa afirmó que el correísmo recibió financiamiento de la dictadura venezolana para la última campaña presidencial.  “Hay un Informe de Inteligencia en los Estados Unidos que dice que Venezuela financió gran parte de la campaña de Luisa González, que corrió contra mí, y lo vimos en la calle, el dinero que se gastaron en esa campaña fue impresionante”.

Por lo tanto, es evidente que la relación de Ecuador con la dictadura venezolana sigue siendo un tema relevante para la política nacional, influyó en las elecciones pasadas causando un daño considerable a la candidatura correísta, y hoy en día, influye nuevamente con un efecto polarizador. Lo hace especialmente en la comunicación política, donde se posiciona un relato en el cual los  demócratas y liberales se aglutinan en contra de Maduro a través de Noboa, mientras los narcotraficantes y autoritarios protegen a la dictadura de Maduro.

Es inexplicable que la Revolución Ciudadana mantenga una defensa tan activa de la dictadura chavista que solo se puede entender con la existencia de fuertes vínculos financieros de por medio. Cabe recordar que hace menos de un mes Correa admitía ser asesor de Nicolás Maduro, e incluso llegó a compararlo con el premio Nobel de la paz, Nelson Mandela. Lo cual, demuestra el nivel de cercanía, ideológica y económica,  pero también la imposibilidad del correísmo de adoptar una postura más crítica ante la dictadura, lo cual le afecta políticamente a nivel electoral, pero sobre todo, restándole legitimidad como opción democrática para Ecuador.

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Por la acostumbrada volatilidad de las decisiones de Donal Trump en política exterior es muy difícil predecir cómo se orientará el uso de la fuerza militar frente a Venezuela. Sin embargo, todo indica que se trata de medidas de diplomacia coercitiva para intimidar y condicionar al régimen de Maduro.

Nada de esto avizora el fin de la dictadura a corto plazo. No obstante, dicha presión servirá para debilitar al chavismo y obligarlo a continuar realizando concesiones ante EE.UU. similares a las vistas hace pocos meses, como la liberación de presos políticos, ojalá de forma completa.

Quedan sembrados varios interrogantes, como la incomprensible decisión del gobierno de EE.UU. de mantener activas las licencias de Chevron para la explotación petrolera en Venezuela, la cual sirve como un tanque de oxígeno vital para la dictadura. También queda la duda si EE.UU. considerará ejecutar una operación estratégica de carácter quirúrgico para capturar a Maduro.

Otro interrogante es hasta qué punto China y Rusia dejarán solo a su aliado caribeño, por el cual han abogado en el pasado. Por ahora, y mientras los detalles de la operación militar sigan siendo secretos, la conclusión es pura incertidumbre.