La deportación masiva de presos colombianos, explicada

El 26 de julio de 2025, el gobierno de Daniel Noboa comenzó la deportación de presos colombianos que estaban recluidos en cárceles ecuatorianas. Es una estrategia para descongestionar el sistema penitenciario, en el marco de la crisis de seguridad que vive el país.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, en Ecuador hay más de 2.000 presos extranjeros en el sistema penitenciario, aunque no todos son elegibles para deportación ya que quienes cumplen penas por delitos graves deben continuar el proceso en Ecuador.

Hasta el momento, más de 800 reos han sido enviados de regreso a Colombia por el puente de Rumichaca, en la provincia de Carchi. Incluyó a personas condenadas por delitos como homicidio, narcotráfico, secuestro y abuso sexual. Según el gobierno, la mayoría ya había cumplido buena parte de su condena o no tenía procesos abiertos en Colombia.

Pero al llegar a Colombia, una buena parte de los presos recuperó la libertad, al no tener procesos pendientes en ese país. Esa situación encendió las alarmas, según un comunicado de la Cancillería de Colombia.

Según Daniel Pontón, experto en seguridad y profesor universitario, esto representa “un despropósito securitario”, es decir, una medida que puede perjudicar más que ayudar en términos de seguridad. “Eso atenta contra la idea de seguridad cooperativa y puede convertirse en un boomerang para Ecuador”, dice.

Es decir, si Ecuador actúa sin coordinación con países vecinos, corre el riesgo de debilitar la cooperación regional en seguridad. Además, algunos de los deportados podrían regresar al país de forma ilegal y reincidir en delitos, lo que haría que la medida termine afectando a Ecuador en lugar de protegerlo, según Daniel Pontón.

Colombia reaccionó con una protesta diplomática. La Cancillería denunció que la medida fue tomada de forma unilateral y que el gobierno de Ecuador desatendió los pedidos para establecer un protocolo previo, como la deportación de presos. “Es un gesto inamistoso”, señaló en un comunicado del 26 de julio de 2025.

Además, la Cancillería colombiana advirtió que la falta de coordinación impidió verificar la situación jurídica de cada deportado.

Desde el gobierno ecuatoriano, la versión es distinta. La Cancillería de Ecuador dijo que Colombia fue notificada sobre la deportaciones de presos desde el 8 de julio y que se hicieron caso por caso, con resoluciones judiciales y respeto al debido proceso —es decir, que cada caso fue revisado individualmente por un juez antes de la deportación. Rechazaron que se tratara de una “deportación colectiva”.

En medio del cruce de versiones, el presidente Noboa defendió la medida. Dijo que mantener a presos extranjeros genera un costo adicional y que se trata de una decisión que prioriza a los ciudadanos ecuatorianos. “Un preso colombiano con cáncer puede ser atendido antes que un joven ecuatoriano sano que no ha delinquido”, dijo en una entrevista con Radio Sucre.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, la deportación de cerca de 1.000 colombianos implica un ahorro anual de 4,3 millones de dólares para el Estado.

Pero para Pontón, el trasfondo no está en la seguridad ni en lo económico. “Es una decisión más política que técnica. Expulsar gente genera aplausos, pero no hay una política integral detrás”, advierte. Y recuerda que estas acciones, sin coordinación internacional, pueden afectar a la cooperación en temas clave como narcotráfico, tráfico de armas o migración, porque rompen la confianza entre países y dificultan el trabajo conjunto en operativos transnacionales.

Las tensiones entre los gobiernos de Noboa y Gustavo Petro ya venían acumulándose.

Petro evitó reconocer inicialmente el triunfo de Noboa en las elecciones de abril, apoyó la narrativa de fraude del correísmo y pidió la liberación de Jorge Glas, a quien calificó como preso político. Sin embargo, finalmente asistió a la ceremonia de posesión de Noboa en mayo, aunque dijo que su visita tenía como propósito solicitar la liberación de Glas.

En 2024 también hubo fricciones por la venta de energía durante la crisis energética en Ecuador.

Las autoridades colombianas han dicho que de los más de 800 presos deportados, apenas 11 tenían órdenes de captura vigentes. Los demás fueron recibidos por Migración y, si no tenían procesos judiciales, quedaban en libertad. 

Todos los presos que fueron deportados tienen prohibido reingresar a Ecuador durante 40 años. Si lo hacen, enfrentarán una pena de tres años de prisión.

Para Pontón, la mayor consecuencia de esta medida es diplomática. “Genera un precedente complicado”, dice. “En temas de seguridad regional, como narcotráfico o minería ilegal, necesitamos cooperación. Y esto rompe esa lógica”.

Las deportaciones continúan

El 30 de julio de 2025, el gobierno ecuatoriano deportó a un nuevo grupo: 42 mujeres privadas de libertad, trasladadas desde la cárcel de Tungurahua hasta la frontera con Colombia. El operativo lo hizo el Bloque de Seguridad y siguió los protocolos establecidos, según el Ejército.

El 31 de julio de 2025, el gobierno dijo que 14 presos colombianos, que estaban en la cárcel de Turi en la provincia andina Azuay, fueron trasladados y deportados bajo custodia policial hasta el puente internacional de Rumichaca, frontera con Colombia.

Estas deportaciones se suman a las realizadas en los días anteriores, y se espera que el número total de colombianos deportados desde Ecuador supere los mil. En una entrevista con Ecuavisa, Pablo Galindo, comandante de la Policía de Nariño, ya anticipó que más grupos llegarán en los próximos días, pese a que las tensiones diplomáticas no han sido resueltas.