¿Cómo será la Cárcel del Encuentro en Santa Elena?

La Cárcel del Encuentro, que se está construyendo en la provincia costera de Santa Elena desde junio de 2024, es uno de los mega proyectos carcelarios de máxima seguridad del presidente Daniel Noboa, quien lo descirbió como un hito en la lucha contra el terrorismo y las mafias que “controlaban y tenían secuestrado el sistema penitenciario”.

La cárcel tendrá la capacidad para 800 presos y desde su nombre, el proyecto ha sido polémico.

Su nombre hace alusión al gobierno del ex presidente Guillermo Lasso, cuyo slogan era “Gobierno del Encuentro”. Y al caso Encuentro que siguió una trama de delincuencia organizada en el que fue condenado el empresario y cuñado de Lasso, Danilo Carrera, a 10 años de prisión como autor directo del crimen.

El presidente Noboa dijo que en la Cárcel del Encuentro estarán actores de la vieja política que han sido sentenciados como Carrera y Antonio Icaza, ex gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), por el caso Encuentro, o Walter Solis, ex ministro del correísmo que enfrenta varios procesos, entre ellos el caso Sobornos y Reconstrucción de Manabí.

Te contamos sobre el proyecto carcelario.

Un millonario proyecto carcelario con retrasos en la construcción

La Cárcel del Encuentro fue adjudicada el 20 de junio de 2024 de forma directa —bajo el argumento de una “situación de emergencia” en el sistema penitenciario del Ecuador—  a la empresa española Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L. La compañía ha fabricado puentes, viaductos, hospitales, túneles, puertos en España y países de Latinoamérica y es subsidiaria de la empresa estatal China Road And Bridge Corporation (CRBC). 

En Ecuador, la estatal China estuvo a cargo de la construcción de la carretera Pifo-Papallacta, la renovación de la carretera Lago Agrio-Quito y un edificio dentro del campus de la Universidad de Yachay en Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa.

La Cárcel del Encuentro costó 52,2 millones de dólares y el plazo para su construcción fue de 300 días desde el día siguiente a “la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del Contrato”, según la resolución del SNAI del proyecto.

El administrador del contrato — se encarga de vigilar, supervisar y asegurar el cumplimiento de todo lo acordado en el contrato— es Jorge Estrella, especialista de la Dirección Técnica de Infraestructura Penitenciaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). El fiscalizador de la obra —encargado de vigilar, controlar y verificar la correcta ejecución técnica de la obra— es Jorge Ortiz, analista de la misma entidad.

En la resolución del SNAI del 20 de junio de 2024 también declaran como reservada toda la información que tenga “características y/o especificaciones técnicas” como los planos arquitectónicos de implantación y de ingenierías de detalle de la cárcel en Santa Elena. La información de las fases preparatoria, precontractual, de suscripción, de ejecución contractual y evaluatoria del proceso de contratación también es reservada.

En octubre de 2024, cuando Daniel Noboa visitó el proyecto, tenía un avance del 12% e insistió en que se construiría en un tiempo récord de 300 días. Originalmente, sería entregado en abril de 2025, 300 días después del inicio de la construcción.

Sin embargo, el 15 de abril, en una entrevista con CNN Noboa dijo que la cárcel de Santa Elena estará lista en septiembre de 2025, ya que la crisis de seguridad y el proceso electoral lo retrasaron. Tres meses después, el 9 de julio de 2025, Mauricio Mayorga, director del SNAI, dijo que la cárcel tenía un avance de apenas el 35%.

En medio de protestas, empezó la construcción

La construcción del proyecto carcelario comenzó el 21 de junio de 2024, luego de que el presidente Noboa presionará un botón que hizo sonar una sirena en una cancha de fútbol de la comuna Juntas del Pacífico, en la provincia costera de Santa Elena. En la comuna viven alrededor de 2500 personas dedicadas a la agricultura —sobre todo el cultivo de ciruela— la ganadería, el comercio local, entre otros. La cárcel está a más o menos cinco kilómetros del centro de la comuna.

La inauguración fue en medio de protestas de comuneros que estaban sobre un cerro alzando pancartas y gritando “no queremos cárcel”. Los habitantes temen que con la llegada de la cárcel la zona se vuelva peligrosa como los alrededores de Penitenciaría del Litoral en Guayaquil.

Los 800 presos serán clasificados por su nivel de peligrosidad y condena.

Luis Zaldumbide, entonces director general del SNAI, dijo en junio de 2024 que se trata de un proyecto que promete mejorar las condiciones de detención y facilitar la reinserción social de los privados de la libertad.

En la inauguración, Noboa y Zaldumbide explicaron algunas características de la Cárcel del Encuentro. Dijeron que en las 37 hectáreas de terreno y 14 mil metros cuadrados de construcción, la cárcel tendrá:

• 5 pabellones
• 4 patios
• 4 cercos de seguridad
• 6 torres de vigilancia de 9,5 metros de altura
• Una muralla de 9 metros —con 6 metros de concreto y 3 metros de malla
• Módulos máxima seguridad
• Área de estacionamiento
• Cocina
• Lavandería
• Armería 
• Un sistema de Gestión Integral donde manejarán la administración, controles de acceso, manejo de alarmas, control de mantenimientos, seguridad y ciberseguridad

Zaldumbide también dijo que la ubicación, a cinco kilómetros de Juntas del Pacífico, en la parroquia Simón Bolívar, una zona agrícola, facilitará la gestión de la seguridad. Por estar lejos del casco urbano y porque al ser una zona agrícola, será más fácil construir los cercos de seguridad, e instalar sistemas de monitoreo e inhibidores de señal que no interfieran con las redes de las casas.

Según la resolución del SNAI sobre el proyecto, además de la construcción de la infraestructura física, el proyecto contempla “equipamiento de alta complejidad” que debe ser instalado durante la ejecución de la infraestructura. Según el SNAI, será:

• Sistema de control de accesos para restringir los movimientos dentro y fuera de la cárcel
• Un sistema de comunicación interna para quienes la custodian e inhibidores de señales para bloquear comunicaciones ilegales
• Túneles de rayos X para inspeccionar la carga y objetos grandes que ingresen a la cárcel
• Arcos detectores de metales
• Detectores de objetos ocultos en el cuerpo humano

El 11 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa dijo en un mensaje a la ciudadanía que era necesario el urgente saneamiento del sistema carcelario ecuatoriano. Ese día presentó los diseños aprobados de la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, y de otra llamada Libertad, en la provincia amazónica de Pastaza.

Además, el Presidente dijo que las cárceles tendrán: 

• Módulos de súper máxima, máxima y alta seguridad
• Inhibición de señal celular y satelital
• Sistemas electrónicos con tecnología de punta
• Control de acceso digital y análogo
• Triple seguridad perimetral
• Autogeneración eléctrica
• Tratamiento de aguas residuales
• Construcción blindada
• Guardias sin rostro (aunque el Presidente no precisó cómo será, los guardias suelen no mostrar su rostro y usan equipos para evitar ser identificados)
• Utilizan pasamontañas, cascos, visores polarizados u otros equipos que ocultan sus rasgos.
• Licencias y permisos ambientales

Policías y militares en servicio pasivo para custodiarla

En Ecuador, el sistema penitenciario está a cargo del SNAI. Además, la Policía y las Fuerzas Armadas también intervienen en la protección y custodia de los recintos. 

John Reimberg, ministerio del Interior, dijo que en la Cárcel del Encuentro se albergarán a los delincuentes más peligrosos del país. También dijo que quieren que policías y militares en servicio pasivo se incorporen al cuidado de los recintos.

El objetivo de esto, según el gobierno, es sacar de los centros penitenciarios a policías y militares en servicio activo para llevarlos a las calles por el “conflicto armado interno” de Ecuador.

Sin embargo, Reimberg dijo que para hacerlo deben realizar una reforma legal que permita a policías y militares retirados incorporarse al sistema penitenciario a cambio de que el Estado no retenga el 40% de la pensión que reciben por jubilación. Cuando un ex policía o militar se reincorpora a funciones públicas remuneradas, se le retiene el 40% de su pensión, según la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

El ministro dijo que la no retención del 40% de la pensión por jubilación es algo que el “Presidente no va a permitir y para esto estamos haciendo ya las modificaciones necesarias”. En caso de que sea aprobado, Reimberg dijo que empezarán un proceso de selección y los capacitarán.