Cuatro claves para entender la reforma al Código de la Democracia

La Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código de la Democracia el 20 de junio de 2025. 

Por primera vez en este período legislativo, Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana se aliaron para cambiar el sistema electoral, un acuerdo histórico que abrió debates sobre representación, inclusión, gobernabilidad y transparencia.

La última reforma que se hizo al Código de la Democracia fue en febrero de 2020, dice Alfredo Espinosa, experto en temas electorales. 

Señala que entre los cambios más relevantes que se hicieron hace cinco años estuvieron la implentación del método Webster para la asignación de escaños en la Asamblea Nacional —un sistema matemático de reparto proporcional de escaños en cuerpos legislativos—, se fortaleció la partición progresiva de mujeres y hubo nuevos controles financieros de la política. 

Pero, según Espinosa, esa reforma dejó cabos sueltos. El problema, dijo, no estuvo en lo que se aprobó, sino en lo que se dejó fuera. La reforma fue parcial y no tocó estructuras de fondo. 

Hoy, con una nueva reforma, sigue habiendo “deficiencias”, advierte Espinosa. Dice que se trata de una reforma política y no una reforma técnica. 

Es un conjunto de ajustes funcionales que, en lugar de fortalecer el sistema, responden a las necesidades coyunturales de las dos fuerzas políticas dominantes, el correísmo y ADN. 

Te contamos cuatro claves para entender la reforma. 

1. Del método Webster al D’Hondt

Ecuador utilizó el método Webster (o Sainte-Laguë) para asignar escaños en elecciones pluripersonales tras las reformas al Código de la Democracia en el 2020. Y este método se aplicó tres veces: en las elecciones legislativas de 2021, 2023 y 2025.

Este sistema, considerado más proporcional, permitió una distribución equitativa de curules entre partidos grandes y pequeños, facilitando la representación de movimientos como Pachakutik, Izquierda Democrática o CREO.

Con la reforma reciente, Ecuador retorna al método D’Hondt, que favorece a los partidos con mayor votación. 

En la práctica, permite que los votos de las fuerzas mayoritarias se conviertan en escaños de forma más eficiente, penalizando a las minorías. 

La justificación oficial ha sido la necesidad de “gobernabilidad” y “menos fragmentación”.

Por ejemplo, en una elección con 10 escaños, si el partido A obtiene el 40% de los votos y el partido B el 30%, mientras el resto se reparte entre fuerzas menores con menos del 10% cada una, el método D’Hondt podría otorgar 5 o 6 curules al partido A y 3 o 4 al partido B, dejando sin representación a las minorías, aunque sumen un porcentaje significativo del electorado. 

Así, el sistema convierte una mayoría relativa en mayoría de escaños.

El cambio tiene consecuencias políticas profundas. Carlos Aguinaga, ex titular del Tribunal Supremo Electoral (antecesor del actual Consejo Nacional Electoral), lo calificó como “un maquillaje” que no atiende las verdaderas demandas ciudadanas. 

En la práctica, favorece la consolidación del poder en dos bloques: Revolución Ciudadana y ADN. Con D’Hondt, un partido que obtenga el 35% de los votos puede alcanzar hasta el 50% de los escaños.

Esto puede derivar en un bipartidismo disfrazado —o “bicaudillismo”—, sin partidos consolidados. 

A diferencia de sistemas con partidos ideológicamente firmes, en Ecuador las alianzas suelen ser frágiles y coyunturales.

 La reforma, por tanto, profundiza la polarización y debilita la pluralidad.

2. Depuración de partidos: ¿fortalecimiento democrático o exclusión estratégica?

Otro eje clave de la reforma es el establecimiento de un umbral mínimo del 5% de votos válidos en una sola elección para que un partido siga existiendo. 

Antes de la reforma, los partidos en Ecuador dejaban de existir si en dos elecciones pluripersonales consecutivas, no cumplían al menos una de cuatro condiciones: obtener el 4 % de votos válidos, tres curules en la Asamblea, el 8 % de alcaldías o un concejal en el 10 % de cantones. 

Este sistema permitía margen de recuperación entre elecciones y daba flexibilidad a partidos con representación localizada o perfil parlamentario. 

Sin embargo, esta norma también llevó a la eliminación de partidos históricos como el MPD, PRE y Prian. 

La cancelación no era automática, sino tras evaluación del CNE en dos procesos consecutivos.

Con la reforma de 2025, este modelo fue reemplazado por un umbral del 5% en una sola elección, endureciendo los requisitos de permanencia.

Rosa Torres, asambleísta y presidenta de la Comisión de Justicia, lo defendió como una medida de “fortalecimiento institucional”.

Limitar la proliferación de partidos puede parecer sensato. 

En las elecciones presidenciales de 2025, hubo 16 candidatos, de los cuales más del 80% no superó el 1% de votos, generando confusión y restando seriedad al debate entre los aspirantes.

Sin embargo, la solución adoptada es cuestionable.

El problema no es solo la cantidad de partidos, sino su calidad. 

La reforma no exige democracia interna, formación de cuadros ni rendición de cuentas. 

Tampoco impide que los partidos sean simples plataformas de alquiler para políticos. 

Es una poda que no distingue entre ramas secas y brotes verdes.

Juan Manuel Fuertes, analista político, sostiene que “esto no corrige la precariedad institucional de los partidos, solo la disfraza”. 

De hecho, podría fomentar la aparición de movimientos locales sin estructura nacional, fragmentando aún más el panorama en las elecciones subnacionales.

Es una eliminación estratégica, no una depuración genuina.

3. Género, juventud y migración: ¿fachada o eje central?

En el discurso público, uno de los puntos más promocionados de la reforma es la inclusión de medidas para mujeres, jóvenes y migrantes. 

Se habla de garantizar la paridad de género, prevenir la violencia política contra las mujeres y facilitar el voto de los ecuatorianos en el exterior.

En el papel, estos avances son valiosos. La ley establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se conformen con equidad de género y prevé procedimientos para denunciar violencia política por razones de género, reconociendo legalmente un problema estructural.

Sin embargo, hay quienes señalan que estas disposiciones fueron usadas como “cebo legislativo”. 

Mientras se destacaba una agenda inclusiva, se introdujeron cambios como el retorno al sistema D’Hondt y la eliminación de partidos con bajo rendimiento. La paridad sirvió como barniz progresista para una reforma que fortalece a las mayorías.

Ciertas reformas generaron fuertes críticas de organizaciones de mujeres en Ecuador, que las ven como un retroceso en la igualdad política. 

La Coalición Nacional de Mujeres denunció la eliminación de la obligación de paridad en los binomios presidenciales, tras casi tres décadas de lucha por este derecho. 

También cuestionan la forma en que se aprobó la reforma: con cambios de última hora, sin debate ni consulta pública. 

Por ello, exigen al presidente Noboa vetar esta modificación, que consideran lesiona el derecho de las mujeres a una participación política real.

En cuanto a los jóvenes, la ley no crea mecanismos de acceso, financiamiento ni capacitación que garanticen su participación efectiva. 

La inclusión de migrantes también queda en el plano de la intención, sin resolver los problemas de empadronamiento y logística del voto en el exterior. 

Jurídicamente, puede decirse que mecanismos como financiamiento para jóvenes o logística del voto migrante pueden definirse en reglamentos y no en la ley.

Sin embargo, dada la histórica exclusión de estos grupos, la falta de lineamientos en la ley refleja una ausencia de voluntad política real para garantizar su inclusión, enviando la señal de que no es una prioridad en la reforma electoral.

En síntesis, la reforma optó por gestos simbólicos antes que por cambios estructurales. 

La inclusión funciona más como fachada de legitimidad que como pilar de una democracia renovada.

4. Financiamiento y control en una democracia amenazada por el dinero ilegal

El cuarto eje de la reforma es la regulación del financiamiento político. 

Ante el riesgo creciente de infiltración de dinero ilícito en las campañas, la nueva ley impone controles más estrictos sobre los aportes que reciben partidos y candidatos.

Se fijan límites claros a las donaciones, se obliga a justificar el origen de los fondos ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y se crean sanciones por el incumplimiento de estas reglas. 

Además, se estableció una unidad antilavado, dependencia especializada que estará dentro del CNE. Su función será coordinar acciones con la UAFE. 

Los ciudadanos solo podrán aportar hasta el 5% del gasto electoral permitido y los candidatos hasta el 10%. 

Antes de la última reforma, el financiamiento privado de campañas ya contaba con límites establecidos por tipo de dignidad, calculados con base en el número de electores por circunscripción. Por ejemplo, para los binomios presidenciales el techo era de $5,49 millones. Las fuentes de financiamiento incluían renta de bienes y actividades promocionales (hasta el 50%), préstamos bancarios (hasta el 20%) y aportes de no afiliados (hasta el 5%). 

Los candidatos podían financiar hasta el 10% con dinero propio, mientras que las cuotas de afiliados no tenían tope. Aunque existía cierta regulación, persistían vacíos legales —como en los términos de los préstamos— y la fiscalización era débil, lo que permitía una alta discrecionalidad en el manejo de los fondos.

Ninguna donación puede superar el 30% de los ingresos anuales del aportante. 

Se prohíben préstamos de personas o empresas, nacionales o extranjeras, y contribuciones de concesionarios del Estado, contratistas, empresas públicas, congregaciones religiosas y gobiernos extranjeros. 

Todos los aportes deben registrarse, ser trazables y quedar disponibles para fiscalización.

En palabras de la legisladora Rosa Torres, “tenemos un enemigo común: el crimen organizado y el narcotráfico”. 

En teoría, estas medidas buscan blindar la democracia del dinero sucio. Sin embargo, su eficacia dependerá de un control riguroso e imparcial por parte del CNE. 

Luis Verdesoto, exconsejero electoral, advierte que sin transparencia en la administración electoral, estos controles pueden convertirse en herramientas de persecución política. 

El riesgo es reforzar el autoritarismo bajo el pretexto de la legalidad.

Además, persisten vacíos clave en la nueva reforma: no hay regulación del uso de redes sociales en campaña, no se creó una fiscalía electoral y se redujeron las multas por infracciones graves, debilitando el carácter disuasivo de la ley. 

En resumen, el sistema de financiamiento sigue siendo vulnerable y fragmentado. El dinero continúa siendo el gran elector invisible.

En conclusión

La reforma al Código de la Democracia está lejos de ser una revolución institucional. 

Es un conjunto de ajustes funcionales que, en lugar de fortalecer el sistema, responden a las necesidades coyunturales de las dos fuerzas políticas dominantes, correísmo y ADN. 

No hay visión de Estado ni un proyecto de modernización integral.

Los cambios refuerzan la percepción de gobernabilidad, pero a costa de limitar la representación. 

Plantean criterios de depuración, pero sin promover partidos sólidos. Hablan de inclusión, pero sin crear mecanismos reales de participación. 

Prometen control financiero, pero sin blindar la institucionalidad electoral.

La democracia ecuatoriana no necesitaba solo menos partidos, sino partidos mejores. 

No requería menos candidatos, sino candidatos más preparados. No precisaba menos voces, sino más responsabilidad.

En política, los diseños institucionales importan, pero importan más las voluntades que los operan. 

Las verdaderas reformas democráticas empiezan por lo que pocos quieren mirar: fortalecer el sistema de partidos, garantizar la independencia de los organismos de control y promover una ciudadanía informada que exija y vigile. 

Hasta que eso ocurra, seguirá siendo más fácil reformar el papel que transformar el poder.