Bases militares extranjeras: un debate entre soberanía y seguridad

En 2009, las tropas estadounidenses dejaron la base militar de Manta, ciudad ecuatoriana en la costa del Pacífico. Quince años después, en un escenario marcado por el narcotráfico y un promedio de 25 homicidios diarios, Ecuador reabre el debate sobre la presencia de las bases militares extranjeras en su territorio. ¿Es la respuesta a la crisis de seguridad o un atentado a la soberanía?

El 17 de octubre de 2024, el presidente Daniel Noboa presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma constitucional para eliminar la prohibición —que está en el artículo 5 de la Constitución— de establecer bases militares extranjeras en el país o ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas extranjeras. 

Esta prohibición fue implementada en la Constitución de 2008 en el gobierno de Rafael Correa, luego de que el entonces presidente decidiera terminar un convenio de cooperación, firmado en 1999, entre Ecuador y Estados Unidos. 

Ese convenio, en teoría, le permitía al país norteamericano combatir a los cárteles de la droga desde la base militar de Manta, un punto estratégico de la provincia costera de Manabí —ahora convertido en uno de los bastiones del narcotráfico y el crimen organizado. 

La salida de las tropas estadounidenses y el aumento de la criminalidad en el país dio lugar a la hipótesis de que la base, con la presencia militar extranjera, funcionaba como un dique que contenía el avance del crimen organizado. Pero, hasta ahora, esa idea sigue siendo solo una hipótesis.

El proyecto de reforma que impulsa el presidente Noboa fue aprobado, con 82 votos a favor, por la Asamblea Nacional el 3 de junio de 2025, en medio de cuestionamientos de la Revolución Ciudadana. 

El correísmo mantiene el discurso de que las bases militares extranjeras serían un “atentado contra la soberanía”. Sin embargo, el abogado internacionalista Estaban Santos dice que la discusión sobre soberanía nacional, en este caso, es etérea. Explica que, más bien, “un ejercicio de soberanía efectiva sería saber a quién dejas entrar o no a tu país”.

Pero la posibilidad de instalar bases militares extranjeras para reforzar la lucha contra las organizaciones delictivas catalogadas como “terroristas”, tras la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024, aún está lejos de consolidarse. 

Aunque la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley, serán los ciudadanos los que deben votar si están de acuerdo o no, en un referéndum. 

Te contamos más sobre las bases militares extranjeras: qué son, cómo funcionaron en Ecuador, y cómo han sido los resultados en otros países. 

¿Qué es una base militar extranjera?

Una base militar extranjera es un espacio de terreno —que se otorga previo a un contrato de arriendo a otro país, generalmente por un largo período— donde se construye un cuartel. El cuartel tiene un espacio donde vivirán los soldados extranjeros —el número dependerá de un acuerdo previo—, cafetería, zona de descanso y, principalmente, una zona operacional: oficinas, salas de reunión, sistemas de inteligencia, explica Elizabeth Dickinson, analista senior para la Región Andina del Grupo Internacional de Crisis.

Si la base militar es aérea, se construirá un pequeño aeropuerto; si es la base militar es naval, tendrá un puerto.

 Las bases militares extranjeras son como una miniciudad, señala Dickinson. 

Antes de construir la base militar extranjera, debe firmarse un convenio entre ambos países. El convenio debe contener, por ejemplo, los intereses —como la lucha contra el narcotráfico— y cuál será el uso —apoyo a la seguridad pública u operaciones de paz. 

También se deben definir quién será responsable de juzgar a los militares y al personal civil que estén en la base, en caso de que cometan algún delito.

Pero en Ecuador no han existido bases militares extranjeras como tal. La base de Manta, por ejemplo, fue la cesión de una base militar nacional para el uso de fuerzas armadas extranjeras. 

“No quiere decir que es una infraestructura estadounidense en suelo ecuatoriano”, precisa Mario Pazmiño, ex jefe de Inteligencia del Ejército ecuatoriano. En este caso, no se construye un espacio específico para una base militar extranjera, sino que un grupo de militares extranjeros ocupa parte de la infraestructura de un cuartel ecuatoriano.

Estas bases también son conocidas como destacamentos de avanzada. Es decir, grupos de militares que se movilizan hasta ubicaciones estratégicas dentro del territorio extranjero —generalmente puntos conflictivos, como las fronteras— dependiendo de las necesidades, para buscar información, identificar amenazas y facilitar o realizar operaciones. 

Su nombre se debe a que avanzan hacia puntos clave, desde donde reportan información a una base central para la coordinación de las operaciones.

Traer una base militar extranjera es un proceso que puede tomar varios años, explica Pazmiño. No solo implica traer personal, sino también de equipos tecnológicos y la asignación de un presupuesto específico por parte del gobierno extranjero.

Los grupos extranjeros suelen estar conformados por 15 y 30 personas, dice Pazmiño, y no todos son militares. También hay personal civil encargado de tareas administrativas. Esta realidad desmonta el mito de que una base militar extranjera implica la llegada de pelotones con cientos de soldados a un país. 

Eso es lo que hizo Ecuador. Con la creación del Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) en la base aérea de Manta, bajo un acuerdo firmado el 12 de noviembre de 1999 por los gobiernos de Jamil Mahuad y Bill Clinton, llegaron soldados norteamericanos. 

¿Qué era la base aérea de Manta? 

La historia de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) de Manta —llamada también base aérea Eloy Alfaro— comenzó el 24 de octubre de 1978, con la llegada de los primeros jets MK-89 Strikemaster y la formación del Ala de Combate N.º 23 —militares que protegen la defensa aérea. 

Desde entonces, según un artículo de FAE, la base albergó escuadrones de militares como los Halcones, Dragones y Tiburones, protagonistas de misiones de combate como intercepción aérea, ataque a tierra, en los conflictos con Perú, en 1981 y 1995.

En 1999, las tropas estadounidenses llegaron a la base ecuatoriana como parte del acuerdo de cooperación para operaciones antidrogas. Este acuerdo convirtió a Manta en un punto de vigilancia y monitoreo para controlar las rutas del narcotráfico. 

Pazmiño dice que aunque Ecuador en ese momento no enfrentaba los graves problemas de seguridad actuales y era un país de tránsito para el narcotráfico, la base representaba un apoyo estratégico en términos de seguridad, especialmente tras un período reciente de inestabilidad, como la guerra del Cenepa con Perú, que finalizó en febrero de 1995. 

Quienes al país llegaron “eran técnicos norteamericanos que nos ayudaban en el combate contra los cárteles de la droga”, dice Lucio Gutiérrez, ex presidente de Ecuador entre 2003 y 2005. 

El control y la seguridad de la base estaban a cargo de los oficiales y el personal de tropa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, precisa Gutiérrez. Es decir, en ningún momento hubo una “cesión de soberanía”. El ex presidente Rafael Correa usó el término, dice Gutiérrez, “como un pretexto para no renovar el convenio con Estados Unidos”. 

Gutiérrez recuerda que en los años que fue Presidente, las tropas estaban formadas por norteamericanos que vestían ropa de civil —es decir, no usaban uniforme militar. El trabajo de las tropas estadounidenses era controlar, a través de la tecnología, la entrada de los cárteles de México y Colombia. Algunos eran expertos en electrónica y telecomunicaciones. A veces, dice, usaban aviones para vigilar la costa del Pacífico.

El principal interés de Ecuador era contar con el respaldo del ejército estadounidense, especialmente con el uso de sus radares, que permitían detectar avionetas y embarcaciones que ingresaban o salían sin control por las costas del Pacífico.

“Los sistemas de radar en Ecuador no operaban al 100%”, recuerda Pazmiño. Entonces, los radares estadounidenses servían como guía para interceptar drogas, tanto por vía marítima como aérea. Mientras que el interés de Estados Unidos era evitar que los cargamentos de droga lleguen a sus fronteras. 

La ubicación de la base de Manta era estratégica, dice Gutiérrez. Se encontraba en la mitad del Litoral ecuatoriano. Desde ese punto, señala el ex presidente, había facilidades para controlar a Colombia en la frontera norte, y a Perú en la frontera sur. 

“Todo lo hacían con supervisión de las fuerzas militares ecuatorianas”, insiste. Dice también que ellos reportaban a la Presidencia todos los movimientos que iban a hacer, como operativos para interceptar droga, incluso si las operaciones no incluían a soldados ecuatorianos. 

Según Pazmiño, el destacamento estadounidense cumplía con protocolos y acciones claramente definidas en el convenio firmado. 

Los resultados de tener un grupo de soldados estadounidenses se tradujo, según Gutiérrez, en “un país de paz, donde se podía invertir, trabajar”.  Dice que, según la Asociación Latinoamericana de Integración e Inversión, durante su gobierno Ecuador recibió más inversión que Colombia y Perú. 

Aunque, según la Superintendencia de Compañías, en 2004, durante su gobierno, la inversión extranjera directa en el país fue de 190,8 millones de dólares, una caída del 30,62% en comparación con el 2003.

Tras el fin del convenio con Estados Unidos, el 18 de septiembre de 2009 durante el gobierno de Correa, las tropas estadounidenses dejaron la base de Manta tras una ceremonia “cívico militar”. Autoridades de las Fuerzas Armadas de Quito asumieron el control de las instalaciones en Manabí, que aún funcionan como una base militar nacional, dice Gutiérrez. 

Incautaciones de droga en la década de la base militar de Manta

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en 2007 casi todos los laboratorios de producción de coca del mundo —el 99%— estaban en Colombia, Perú y Bolivia. Ese año, en Ecuador solo hubo un laboratorio. 

América fue la región con más incautaciones de droga a nivel global, con un 88% del total. Sudamérica representó el 45%, siendo Colombia el país con mayor participación. En 2007, en Ecuador se decomisaron 25 toneladas de droga, según el mismo informe.

En ese momento, la ONUDD consideraba a Ecuador como un país de tránsito para el narcotráfico. 

En cuanto a la heroína, Ecuador incautó un promedio de 264 kilos por año entre 2002 y 2007. Durante ese período, las incautaciones bajaron progresivamente, con una caída significativa del 22,5% entre 2006 y 2007.

Respecto a la cocaína, Ecuador incautó un promedio anual de casi 21 toneladas entre 2002 y 2007. El 2005 marcó un pico en las incautaciones, pero en los años siguientes los decomisos disminuyeron. Entre 2006 y 2007, por ejemplo, los decomisos cayeron en un 26,1%.

Un segundo informe de la ONUDD, publicado en 2009, reveló que entre 2000 y 2009 la superficie global de cultivo de coca se redujo en un 28%. A pesar de esa baja, Colombia seguía siendo el mayor productor, con el 43% del total mundial en 2009.

En Ecuador, para ese año ya se habían encontrado tres laboratorios para producir cocaína, y las incautaciones crecieron un 12%.

Las bases militares extranjeras en países vecinos 

Para comprender el impacto de la presencia de bases militares extranjeras en América Latina, Elizabeth Dickinson, analista senior para la Región Andina del International Crisis Group, dirige la mirada hacia Colombia.

En el 2000, entró en vigencia el Plan Colombia, una estrategia conjunta entre ese país y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Este acuerdo permitió que tropas estadounidenses operaran desde bases militares colombianas. 

Nueve años más tarde, en 2009, Colombia y Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo que autorizaba la presencia de tropas estadounidenses en siete bases militares nacionales: Palanquero, Apiay, Malambo, Tolemaida, Larandia, Cartagena y Bahía Málaga.

Al igual que en Ecuador, Estados Unidos no estableció bases propias en Colombia, sino que utilizó infraestructura militar ya existente para trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas locales. El objetivo principal, explica Dickinson, era frenar el tráfico de drogas, armas y personas. 

La llegada de tropas estadounidenses trajo consigo apoyo en varias áreas: entrenamiento especializado, financiamiento y desarrollo de capacidades tecnológicas. Según Dickinson, uno de los avances más significativos fue la creación de un sistema de vigilancia aérea y el acceso a herramientas de inteligencia de alta tecnología.

“Estados Unidos compró helicópteros y aeronaves para operaciones específicas”, dice la experta.

Su capacidad operativa aumentó, los niveles de formación mejoraron y el número de militares se incrementó ya que hubo mayor capacidad para reclutar. Pero Dickinson también advierte sobre la otra cara de la moneda.

En la época en que empezó el Plan Colombia, ese país enfrentaba una crisis de seguridad debido a los enfrentamientos de policías y militares con los cárteles colombianos. En ese caso, dice la experta, “hubo excesos en términos de operaciones agresivas que afectaban a la población civil”.

Eso provocó los llamados falsos positivos de Colombia. Las fuerzas públicas empezaron a matar incluso a civiles y los contaban como “bajos de combate” —la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia calcula que fueron 2 mil víctimas por asesinato o desaparición forzada.

Entonces, explica Dickinson, la presión por mantener el control creó incentivos perversos para que las fuerzas armadas tomaran medidas en contra de la población civil. 

Además, señala que los resultados para disminuir la violencia y controlar el narcotráfico no son inmediatos. Colombia tardó casi una década para palpar los resultados del apoyo estadounidense. Pero su presencia sigue siendo cuestionada. “No es un tema de invitar a extranjeros a un país para solucionar más rápido el problema”, dice. 

En Perú tampoco hay bases militares extranjeras. Sin embargo, el Congreso Nacional aprobó la entrada a su territorio de militares armados del Departamento de Defensa de Estados Unidos en diciembre de 2024. El objetivo, según la resolución legislativa, es dar “apoyo, asistencia y entrenamiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú”. 

La medida, que fue solicitada por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, estará vigente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. 

César Díaz, general peruano en servicio pasivo, explica que no es la primera vez que militares extranjeros entran al país. De hecho, él mismo participó en un curso con fuerzas armadas estadounidenses en 1988, cuando instructores les enseñaron técnicas de rescate de rehenes y toma de inmuebles.

Dice que esta capacitación resultó clave años después, durante la Operación Chavín de Huántar en 1997, cuando las Fuerzas Armadas del Perú lograron rescatar a 72 rehenes que estaban en manos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en la residencia del embajador de Japón en Lima, capital de Perú.

También ha recibido el apoyo de militares de Israel para entrenamiento. 

Díaz, quien fue director de la Escuela de Comandos, destaca la importancia de la actualización en tácticas e instrucción militar. Es fundamental estar preparados para enfrentar situaciones complejas con técnicas de combate modernas, señala. 

Esta necesidad es aún más urgente hoy, cuando Perú enfrenta amenazas como el crimen organizado y la minería ilegal, al igual que Ecuador. 

En Argentina, al igual que en Ecuador, la legislación prohíbe la presencia de tropas extranjeras en el país salvo en circunstancias excepcionales, como ceremonias, entrenamientos o ayuda humanitaria. Instalar una base militar de otro país requiere autorización del Congreso.

El analista militar argentino Guillermo Laferriere explica que, si bien en Argentina no existen bases militares extranjeras, sí ha habido presencia puntual de tropas de otros países. Señala que, en la última década, estas visitas han sido muy escasas y con fines específicos, como ofrecer cursos o capacitaciones.

Sin embargo, para Laferriere, la oposición de la izquierda argentina a la entrada de bases extranjeras resulta contradictoria. Dice que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se autorizó a la Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC, por sus siglas en inglés) a que construya una estación espacial en la provincia de Neuquén, en la Patagonia.

El analista dice que ese programa espacial está bajo control del Ejército Popular de Liberación, es decir, de las fuerzas armadas chinas.

El apoyo de bases militares extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, en América Latina tiene relación con temas de criminalidad organizada, dice Dickinson. Mientras que en Medio Oriente o en Asia, la misión de las bases extranjeras es disuasiva —prevenir o impedir que un adversario ataque. Por ejemplo, Japón tiene bases militares estadounidenses para disuadir el poder de China. 

La propuesta de Noboa

Proponer traer nuevamente tropas extranjeras es una señal: el gobierno no se siente con capacidades suficientes para enfrentar los problemas de inseguridad con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, opina el académico Fernando Carrión. 

Carrión dice que la población, que percibe día a día los niveles de violencia, también siente la necesidad de sumar más fuerzas para enfrentar la situación. “Podrían pedir que vengan extraterrestres y sería bien recibido, dada la violencia que vivimos”, dice en tono irónico. 

Mario Pazmiño, ex jefe de Inteligencia del Ejército, dice que es erróneo pensar que una base militar va a solucionar los problemas de seguridad. “El país tiene cuatro décadas de penetración del narcotráfico y no se van a solucionar con 15 hombres que vengan por más Rambo que sean”, sostiene. 

Además, Pazmiño cree que otro error al plantear la posibilidad de traer bases extranjeras es no comenzar por definir primero las necesidades a través de un diagnóstico. 

Al identificar el problema, establecer objetivos, proponer soluciones, definir los recursos necesarios y elaborar un plan de acción, una de las opciones podría ser solicitar el apoyo de una base militar extranjera, pero como parte de un enfoque integral para solucionar los problemas de seguridad que enfrenta el país.

Pese a todo, Pazmiño reconoce que la intención de traer bases militares extranjeras tiene un efecto disuasivo para las organizaciones delictivas. Dice que sí les afecta, porque la salida de droga se vuelve sumamente difícil al haber un control más riguroso. 

De instalarse una base militar extranjera que controle los puertos en el Océano Pacífico ecuatoriano o los corredores amazónicos por donde transita la droga, se crearían nuevas rutas para su tráfico, advierte. Pero el problema es mucho más profundo para Pazmiño.

Dice que por más tecnología y apoyo que pueda dar una base militar extranjera habría que analizar si las fuerzas de reacción del ejército ecuatoriano están afinadas para dar una respuesta inmediata: para hacer el abordaje, seguimiento y captura de las naves criminales. “Tiene que haber un acople de diferentes elementos”, explica Pazmiño. 

Hasta ahora, ningún Estado, ni siquiera Estados Unidos ha mostrado interés por tener una base militar en Ecuador. Pero la Asamblea Nacional ya abrió la puerta al regreso de bases militares extranjeras en el país. 

Después de que el Legislativo aprobara el proyecto de ley, debe pasar a la Corte Constitucional para su análisis. En 20 días, la Corte se pronunciará sobre el contenido. Si el dictamen es favorable, el presidente Noboa tendrá que emitir  un decreto para convocar a un referéndum. 

El CNE deberá convocar a elecciones en un plazo de 15 a 45 días, tras el decreto. Y los ecuatorianos tendrán que decidirlo en las urnas  dentro de aproximadamente tres meses. 

La reforma modificará el artículo 5 de la Constitución. Si se aprueba, en lugar de la prohibición, solo se mantendría la frase “Ecuador es un territorio de paz”.

Gabriela Ochoa colaboró en este reportaje.