El caso Ligados, explicado

El caso Ligados investiga la presunta “usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones legítimas” por parte de cuatro de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El nombre hace referencia a la denominada Liga azul, conformada por los vocales Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, quienes hicieron campaña con la Revolución Ciudadana, pese a que tienen prohibido ser afines a algún movimiento o partido político. El  24 de enero de 2025, la Fiscalía allanó el edificio donde funciona este organismo, en el centro de Quito, capital ecuatoriana.

El allanamiento se dio tras una denuncia presentada por Roberto Romero von Buchwald. 

El 22 de enero de 2025, el entonces consejero Augusto Verduga presentó una moción para ratificar la designación de Raúl González Carrión como superintendente de Bancos para el período 2022-2026, a pesar de que ya había un nuevo superintendente desde el 4 de diciembre de 2024, que ya había sido designado mediante un proceso de selección: Roberto Romero Von Buchwald.

Raúl González había sido designado como superintendente de Bancos en julio de 2022. Como parte del proceso, el candidato superó la etapa de impugnación ciudadana y respondió las preguntas de los consejeros sobre su plan de trabajo. Pero en ese mismo mes, la ciudadana Michelle Guerra presentó una acción de protección contra el CPCCS pidiendo se dejara sin efecto el nombramiento de González. 

El 1 de agosto de 2022, la jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, aceptó el recurso de Guerra y declaró la nulidad de la designación. González apeló y solicitó medidas cautelares. 

El proceso de designación y selección fue suspendido por la acción judicial. Pero el juez Jhon Rodríguez Mindiola aceptó las medidas cautelares de González y ordenó su posesión. El 11 de agosto de 2022, Raúl González fue posesionado como superintendente de Bancos en la Asamblea Nacional, con 70 votos de las bancadas de Unión por la Esperanza —parte de una coalición con la Revolución Ciudadana—, Pachakutik y el Partido Social Cristiano. Luego el juez Rodríguez revocó su decisión, y la designación de González no se concretó. 

El entonces presidente Guillermo Lasso envió una nueva terna, mientras Antonieta Guadalupe Cabezas ocupaba el cargo como superintendenta subrogante —que sigue hasta enero de 2025. Con esa terna, el CPCCS empezó un nuevo proceso de selección. El 3 de diciembre de 2022, el CPCCS designó a Roberto Romero von Buchwald como superintendente de Bancos. Sin embargo, debido a pugnas políticas tampoco se concretó su posesión en la Asamblea. 

Mientras tanto, el 20 de diciembre de 2022, la Corte Provincial del Guayas negó el recurso de apelación de Raúl González. Pero él insistió: el 27 de enero de 2023 presentó una acción extraordinaria de protección contra las sentencias de la Corte Provincial y de la Unidad Judicial de Samborondón. 

En julio de 2024, el CPCCS ratificó la designación de Romero von Buchwald. Pero él envió una carta para oficializar su desistimiento. Pese a ello, el gobierno de Daniel Noboa lo volvió a incluir en la terna que envió al CPCCS en octubre de 2024 para el mismo cargo. 

Finalmente, el 4 de diciembre de 2024, el CPCCS designó otra vez a Roberto Romero von Buchwald para los próximos cinco años. Un día después, la Corte Constitucional publicó una sentencia con la que dejó sin efecto las actuaciones de la Corte Provincial y la Unidad Judicial en el caso de Raúl González, aunque dejó claro que eso no afectaba el proceso de designación.

Por eso, Augusto Verduga, de la Liga Azul, hizo una interpretación bastante cuestionable: el CPCCS debía designar a Raúl González  —y que Romero debía asumir la superintendencia el 11 de agosto de 2027, una vez que González cumpla su período. En el Pleno, el consejero dijo: “Nosotros tenemos la obligación de acatar esa sentencia” y propuso devolverle el cargo. Lo consiguió con los cuatro votos de la nueva mayoría.

González pidió aclaración y ampliación a la sentencia de la Corte Constitucional, pero el recurso fue negado. La Corte dijo que “la sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos”. 

Es decir, González no podía ser posesionado. 

Por este enredo, Romero von Buchwald presentó una denuncia en la Fiscalía por el delito de usurpación de funciones e incumplimiento de la sentencia de la Corte contra los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, quien revocaron su cargo. Ahora, se exponen a la destitución en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la suspensión de derechos políticos. 

Tras la denuncia de Romero, el  24 de enero de 2025, la Fiscalía allanó el edificio donde funciona el CPCCS, en el centro de Quito, capital ecuatoriana. El caso se llama Ligados. 

La Fiscalía confiscó 2 celulares, uno era de Verduga, a quien en un video del canal de televisión Ecuavisa se lo vio forcejeando con la policía para que no le quitaran el aparato. De pronto, la fiscal Mayra Soria le mete la mano al bolsillo del pantalón y se lo saca. “¡Ey, qué pasa!”, gritó el consejero. 

La Fiscalía también se llevó dos computadoras portátiles, un disco duro y documentos que “estarían relacionados con los hechos investigados”.

Las reacciones de dos de los involucrados

La consejera Yadira Saltos, quien fue nombrada el 22 de enero de 2025 como la nueva vicepresidenta del CPCCS tras remover del cargo de Johanna Verdezoto logrando una mayoría correísta en la institución que no debería ser partidista, dijo en su cuenta de X: “¡Atención¡ La Fiscalía allana hoy la Casa Ciudadana CPCCS. Este acto demuestra que vivimos en un país donde impera la razón de la fuerza del poder, y no la fuerza de la razón”. 

Seis horas después del allanamiento, el consejero Augusto Verduga publicó un video de tres minutos en su cuenta de X en el que calificó de “violenta incursión” la de la Fiscalía y de la Policía a su despacho. “Está claro ahora que nunca se iban a quedar quietos. Hemos cuestionado al poder constituido más grande que tiene este país, la banca privada”, adujo Verduga, quien aparece en un video hecho durante el allanamiento forcejeando para no entregar sus teléfonos celulares.

También dijo que queda clara la “asociación” de la Fiscalía con el gobierno de Daniel Noboa, la Policía Nacional y “quién sabe” algunos funcionarios del CPCCS. 

Verduga cuestionó la actuación de la fiscal Mayra Soria, quien le “arranchó” el celular, y de la jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, quién firmó de forma electrónica la orden de allanamiento. 

La destitución y la espera de la audiencia 

Casi un mes después del allanamiento de la Fiscalía, el 31 de enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral destituyó a los entonces consejeros Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, investigados en el caso Ligados. Pero la causa para sacarlos del CPCCS fue otra. 

Ellos habían hecho campaña política para las elecciones de 2023 con el ex presidente Rafael Correa, pese a que la ley electoral prohíbe a los candidatos al CPCCS recibir el apoyo de algún partido o movimiento político. 

A los consejeros sentenciados se los conocía como la Liga Azul —precisamente, por el color que usaron en su campaña, el mismo de la Revolución Ciudadana, el movimiento del correísmo. 

Para entonces, el ex consejero Verduga ya había salido del país por el puente de Rumichaca, frontera con Colombia, el 27 de enero de 2024. Desde allá ha dicho que la investigación del caso Ligados es un “show mediático” y que buscan influir en las elecciones generales de 2025. 

La Fiscalía anunció que la audiencia de formulación de cargos se realizará el 15 de marzo de 2025. A dos días de la diligencia, Eduardo Franco Loor, uno de los ex consejeros del CPCCS y procesado en este caso, intentó entrar con su esposa a Nueva York, en Estados Unidos, el 13 de marzo de 2025. Pero, según un comunicado del Ministerio del Interior, fue “inadmitido”. 

La mañana del 14 de marzo, Franco Loor regresó a Ecuador. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación.