El caso Reconstrucción de Manabí, explicado

El caso Reconstrucción de Manabí investiga el delito de peculado  en el uso de los fondos destinados a la reconstrucción de las poblaciones en Manabí y Esmeraldas golpeadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Este delito se comete cuando un funcionario público utiliza ilegítimamente dinero o bienes públicos para obtener un beneficio propio o para terceros.

Entre los procesados del caso están el ex vicepresidente Jorge Glas, el ex secretario del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, Carlos Bernal, y Pablo Ortiz, ex gerente de Ecuador Estratégico —empresa pública que se encargaba de planificar, diseñar, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar planes, programas y proyectos de inversión para distintos sectores del país. Dejó de funcionar entre mayo y julio de 2020, por disposición presidencial.

El 30 de junio de 2025, Jorge Glas y Carlos Bernal fueron sentenciados, en primera instancia, a 13 años de cárcel por peculado.

Te explicamos de qué se trata el caso Reconstrucción de Manabí. 

La audiencia de juicio contra Jorge Glas y Carlos Bernal

Tras seis días de audiencia de juicio, el 30 de junio de 2025, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció, en primera instancia, a  Glas y Bernal.

Además, tendrán que pagar, en conjunto, una multa de 60 salarios básicos unificados (28.200 dólares en 2025, cuando el salario básico es de 470 dólares), así como una reparación integral de 250 millones de dólares. Ambos perdieron sus derechos de participación política por 25 años y están inhabilitados de por vida para ejercer cargo público. 

Glas y Bernal también deben ofrecer disculpas públicas ante el Juez y a la ciudadanía mediante un video que incluirá la frase “La corrupción no es solo un delito, es una traición a la confianza del pueblo”.

Según la Fiscalía, Glas y Bernal abusaron de los fondos públicos recaudados con la Ley Orgánica de Solidaridad para la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.

Además, priorizaron proyectos sin autorización del Comité ni en cumplimento de criterios de emergencia, desviando recursos hacia obras no urgentes. 

Una crisis diplomática en medio del caso

Un año y medio antes de la sentencia, el 5 de enero de 2024, el juez Luis Rivera dictó prisión preventiva a Glas y a Bernal.

Jose Luis Chica, abogado de Carlos Bernal, solicitó que no se ordene prisión preventiva y argumentó que era imposible seguir el proceso desde el extranjero, ya que su defendido vive en Estados Unidos. Como respuesta, el juez pidió la localización de Glas y de Bernal a la agencia policial internacional, Interpol. 

Mientras que a Pablo Ortiz, le ordenó presentarse ante la Corte una vez a la semana y le dictó prohibición de salida del país; el abogado de Ortiz no hizo comentarios al respecto. 

El juez también ordenó la retención de valores de las cuentas en Ecuador de los tres procesados, excepto los montos que tengan que ver con sueldos o pensiones. Los procesados tampoco pueden enajenar —es decir, transferir la propiedad de— bienes y automotores por un monto de 122 millones de dólares para cada uno, según la Fiscalía. 

Jorge Glas —ex vicepresidente del Ecuador entre 2013 y 2017, en las presidencias de Rafael Correa y Lenín Moreno, antiguos aliados y hoy enemigos capitales— se presentó en la embajada de México un mes antes de la orden de prisión preventiva. El 17 de diciembre de 2023, Glas entró a la Embajada para solicitar “su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal”, según un comunicado del gobierno mexicano. 

El 22 de diciembre de 2023, Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, confirmó que el ex vicepresidente solicitó asilo político a México. “Hay una persecución política desde 2017 que ha sido escalada recientemente por la fiscal general, que arbitrariamente está tratando de procesar y detener a Jorge Glas, que es inocente”, dijo el abogado a Reuters.

Glas estuvo refugiado en la Embajada de México hasta el 5 de abril de 2024 cuando policías ecuatorianos ingresaron a la embajada sin permiso del jefe de la misión —yéndose en contra de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, y lo detuvieron. Ese día México había otorgado a Glas el asilo político.

Desde entonces el ex vicepresidente estuvo detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 2 de Guayaquil, más conocido como La Roca. La orden de detención vino directamente del presidente Noboa. La invasión a la Embajada causó una crisis diplomática entre México y Ecuador.

El inicio de la investigación

El terremoto del 16 de abril de 2016 ocurrió cerca de las siete de la noche de un sábado hasta entonces tranquilo. Tuvo una magnitud de 7,8 grados, su epicentro fue en el cantón Pedernales, un pequeño balneario y centro camaronero de la provincia de Manabí. El terremoto dejó más de 650 fallecidos, más de 6 mil heridos y alrededor de 28.700 personas sin hogar.

Diez días después del terremoto, el 26 de abril, el gobierno de Rafael Correa, creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo para construir y reconstruir infraestructura “necesaria para mitigar los efectos del terremoto”, decía el decreto. 

El artículo dos del decreto establece que el Comité estará integrado por miembros permanentes que “actuarán con voz y voto”. Los miembros eran: 

• Vicepresidente de la República, como delegado del Presidente de la República
• Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo
• Ministro Coordinador de Desarrollo Social
• Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad
• Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa
• Prefecto de Manabí
• Dos alcaldes en representación de las zonas afectadas

Jorge Glas, en ese entonces vicepresidente del Ecuador, presidió el Comité. Otros de los objetivos que tuvo el Comité, que están descritos en la cronología del caso, elaborada por la Fiscalía, fueron “implementar planes, programas, acciones y políticas públicas para la reactivación, producción y [generación] de empleo en las zonas afectadas”.

El 20 de mayo de 2016 el gobierno expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto. Esta ley buscaba recaudar contribuciones de todos los ecuatorianos. Con ella, se subió el IVA al 14%, menos en Esmeraldas y Manabí, por un año. Rigió desde el 1 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017.

Sin embargo, varias de las obras que fueron prometidas luego del terremoto usando los fondos destinados para la reconstrucción no fueron entregadas o quedaron a medias.

Las denuncias que dieron paso a la investigación

El 25 de abril de 2019, tres años después del terremoto, la Fiscalía recibió una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio “sobre hechos relacionados al abuso de dineros públicos, utilizando fondos” para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, según la Fiscalía.

El 9 de mayo de ese mismo año, según la cronología del caso, la Fiscalía recibió un informe con “indicios de responsabilidad penal” de la Contraloría General del Estado, como parte de un “examen especial a los contratos suscritos” para la construcción de un parque, un tramo de acceso al Puerto de Manta y un redondel. El financiamiento de dichos proyectos provino de la Ley de Solidaridad. 

El 10 de febrero de 2020, la Fiscalía recibió, otra vez, una denuncia por parte del CPCCS, por el presunto delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, la denuncia mencionaba una supuesta reunión del 22 de mayo de 2017 “entre Jorge Glas, expresidente del Comité y Carlos Bernal, exsecretario del Comité”. En la reunión, según la Fiscalía, también estuvo Pablo Ortiz, en ese entonces gerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico. 

En dicha reunión se habrían priorizado “584 proyectos sin un sustento técnico que evidenciara la finalidad emergente de reconstrucción, construcción o de reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto”, dice en la cronología. 

Tres años después, el 30 de mayo de 2023, luego de revisar y analizar “la conexión de los hechos”, es decir, las denuncias del CPCCS y el informe de la Contraloría, la Fiscalía unificó el expediente fiscal “para que siga la investigación”.