El Sí ganó en la consulta del Chocó Andino. La votación se dio el mismo domingo 20 de agosto de 2023, cuando el Ecuador votó por presidente y asambleístas y por la consulta del Yasuní.
La consulta tenía 4 preguntas. En todas el Sí —que significaba estar de acuerdo con prohibir la explotación de minería metálica dentro de la Mancomunidad del Chocó Andino— supera el 60%. Esta consulta fue propuesta por el Colectivo Quito Sin Minería se hizo solo en Quito.
Las cuatro preguntas tienen la misma base, lo único que cambia es la escala de la explotación.
“¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal (pequeña escala, mediana escala, y gran escala) dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?”.
La Mancomunidad del Chocó Andino es la unión de seis parroquias ubicadas al noroccidente de Quito: Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. Los seis territorios se unieron para conservar y producir de forma sostenible en el Chocó Andino que es una reserva de biosfera.
Es decir, es un área de conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. El Chocó Andino alberga 9 bosques protectores, 4 áreas de conservación y uso sostenible, el corredor ecológico del oso andino y más de 35 reservas naturales.
Desde hace 15 años, los habitantes de la zona han rechazado la minería y denunciado sus consecuencias.
¿Qué pasará ahora?
La prohibición de la explotación incluye que se dejen de entregar permisos para explorar. Según Fernando Santos, ministro de Energía y Minas, no se darán más concesiones ni siquiera de exploración. “¿Para qué explora alguien sí no es para explotar y seguir a la fase siguiente?”, explica Santos.
Sin embargo, el Ministro dice que la consulta no tiene efecto retroactivo. Entonces las concesiones ya otorgadas —sin importar la fase en la que esté— continuarán porque fueron adquiridas bajo un régimen anterior. Pero ya no se darán más concesiones en el futuro. La suspensión también se aplica a las que estaban en proceso, pero no habían sido otorgadas oficialmente todavía.
Con la victoria del Sí no es necesario reformar ninguna ley o armar reglamento “porque la consulta es la máxima categoría de voluntad legal”, le dijo Santos a GK. El resultado de la consulta pasará a los registros de la Dirección y del Viceministerio de Minería para que en el futuro no se conceda ningún tipo de concesión minera en esa zona.
¿Cómo nació la consulta?
La lucha antiminera de la zona del Chocó Andino comenzó en 2008, hace 15 años. Inty Arcos, coordinador técnico de la Mancomunidad del Chocó Andino y parte del colectivo Quito Sin Minería, dice que este proceso empezó cuando se dieron cuenta que sus casas estaban concesionadas para la minería en este territorio.
En 2008, con la reforma constituyente impulsada por el entonces presidente Rafael Correa, varias de las minas de grandes empresas que operaban en la zona cerraron por no cumplir los requisitos planteados en la ley. Sin embargo, ese mismo año, dice Arcos, en la Mancomunidad tuvieron “el primer atentado de una minera” en el que atacaron a una familia que “no quería dejarles entrar a su finca”.
Por eso, desde 2008, los habitantes de la Mancomunidad organizaron plantones para tratar de evitar el paso de las mineras y de personas desconocidas. También siguieron juicios a empresas que no tenían los documentos necesarios para operar en este territorio, pero que igual lo hacen.
El Colectivo Quito Sin Minería se creó en 2021 y es la unión de varias organizaciones con el mismo propósito: detener la minería en esta zona de Pichincha. Está conformado por el Frente Antiminero, Acción Ecológica, Red de Jóvenes del Chocó Andino, Red de Bosques Escuela, Asociación de Paneleros de Pacto, Organización de Mujeres de Ingapi (Warmi Kunas), entre otras organizaciones.
Cuando se formó, se reunieron con los presidentes de la Mancomunidad del Chocó Andino en la que hablaron sobre los problemas que le traía la minería a la zona. Luego, como colectivo, plantearon la propuesta de la consulta popular a la Corte Constitucional.
En enero de 2022, el tribunal más alto del país dictaminó que era procedente y los proponentes debieron recolectar las 200 mil firmas necesarias para pedirle al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se haga una consulta.
Las firmas fueron valoradas por el CNE en febrero de 2023 y así se autorizó la consulta popular, que se unió con las elecciones anticipadas de 2023. No fue la única consulta popular. A nivel nacional también se decidió sobre la explotación del bloque 43 del Yasuní. Ahí también ganó el Sí, a favor de dejar el petróleo bajo tierra, con el 59% de los votos.
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