El presidente Guillermo Lasso irá a juicio político. Así lo decidió el pleno de la Asamblea Nacional, con 88 votos a favor, la tarde del martes 9 de mayo de 2023. La decisión llega a 15 días de que se cumpla el segundo año del gobierno de Lasso.
Para aprobar la moción era necesario tener mayoría simple. Es decir, la mitad más uno de los 116 asambleístas presentes.
La propuesta de enjuiciar políticamente al Presidente surgió de la legisladora correísta Viviana Veloz.
Lo hizo después de que el Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, adujera que la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) facultaría al pleno a continuar el juicio político, a pesar de en que la Comisión de Fiscalización no hubo votos suficientes para aprobar el informe que recomendaba no continuar con el juicio político contra Lasso. La decisión ha sido cuestionada por el gobierno y por sus asambleístas, que la han considerado inconstitucional.
En su intervención, Veloz acusó al aliado del gobierno y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, de actuar con “vicios y arbitrariedades” mientras se discutía el informe que debía surgir de esa comisión.
Lo hizo, aseveró Veloz, “con la finalidad de evitar que el Presidente Lasso sea destituido y se encargó de obstruir el trabajo legislativo”.
Lo acusó, además, de clausurar “de forma abusiva” la sesión de la comisión sin permitir que se incorporaran las observaciones al informe borrador. Tras esa intervención, Villavicencio dijo que solamente había bajado para “precisar algunas calumnias y mentiras de la colega Viviana Veloz”.
“No quiero ser cómplice de la vulneración de la Constitución de la República, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de un informe de la Procuraduría General”, dijo Villavicencio. Luego, cuestionó a Saquicela. Dijo que el Presidente de la Asamblea se “pega un tiro en el pie”.
Según Villavicencio, aunque es procedente invocar el artículo 142 de la LOFL para trasladar la sesión al pleno, no se discutió el informe de la comisión de Fiscalización, donde debía ser tratados, incluso a pesar de no haber tenido los votos para su aprobación en la Comisión.
El artículo 142, al que Villavicencio hace referencia, dice que si “en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del pleno legislativo para que resuelva”. “¿Sobre qué va a resolver este Parlamento si no hay un informe sobre el que votar?”, se preguntó Villavicencio.
Tal como había anunciado, al terminar su intervención, Villavicencio se retiró del pleno de la Asamblea, sin votar la moción propuesta por Veloz.
El oficialismo consideró que la moción era ilegal y llevó carteles al pleno de la Asamblea. Fotografía de la Asamblea Nacional.
Tras la intervención de los 21 legisladores, se procedió a la votación. Alcanzó 88 votos; eran necesarios solamente 59.
Para blindar la decisión, se hizo una moción para la reconsideración. que no tuvo los votos suficientes. Pedir la reconsideración (y que sea negada) es cumplir con un tecnicismo legislativo que impide volver a votar sobre el mismo asunto. De esa forma, quedó sellado el destino del juicio político contra el presidente Lasso, que sigue su cauce en el desprestigiado río legislativo ecuatoriano.
¿Qué sigue después?
El Presidente de la Asamblea Nacional tendrá que convocar a una nueva sesión para que empiece el juicio político contra Guillermo Lasso, propiamente dicho. Allí podrán intervenir ante el pleno los legisladores. Lasso tendrá la oportunidad de presentar sus descargos.
Hay que tener en cuenta que el domingo 14 de mayo de 2023, la Asamblea tendrá que elegir a sus nuevas autoridades. Designará presidente, dos vicepresidentes y vocales del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y también presidentes y vicepresidentes de las comisiones.
El martes 9 de mayo de 2023, poco antes de que arrancara la sesión para mocionar la continuidad del juicio político contra Lasso, UNES confirmó que apoyará la candidatura de Virgilio Saquicela para que continué en la Presidencia de la Asamblea.
Antes de que se defina si el presidente Guillermo Lasso es destituido, el Ejecutivo también tiene la potestad de convocar a la llamada muerte cruzada. De esa forma, disolvería la Asamblea Nacional, para gobernar por decreto mientras se convocan a nuevas elecciones.
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