Junior Roldán —segundo al mando de Los Choneros y líder de la organización criminal Los Águilas— lo logró: salió de la cárcel regional de Guayaquil la tarde del 14 de febrero de 2023. Lo hizo luego de casi un año de valerse de una serie de recursos judiciales para dejar su celda.
No fue una liberación menor: durante los días previos, cerca de 200 personas protestaron afuera de aquella prisión exigiendo su salida. Mientras eso ocurría, cientos de presos no podían comer. Durante siete días —de acuerdo con, al menos, cuatro testimonios de internos y familiares— la banda criminal, liderada por JR, privó de alimentos a las personas presas para ejercer presión. Miembros de la organización la llamaron “huelga”, pues ellos sí la hicieron de forma voluntaria por su líder, pero, para otros hombres, fue una vulneración a su derecho a una alimentación digna. Grabaron, incluso, videos dirigidos al presidente Guillermo Lasso para pedirle que interviniera.
Con una camiseta blanca, un ajustado jean azul que le llegaba hasta el tobillo, gorra y zapatillas deportivas blancas, alias JR llegó a El Triunfo, la ciudad en la que nació hace 38 años, pasadas las diez de la noche.
No es la primera vez que JR sale de la cárcel. Es, de hecho, la tercera. Y — tal como la última vez que lo hizo, en diciembre de 2022— también hubo un operativo policial de control, en el que un vehículo donde estaban al menos cinco personas, y que supuestamente estaba cerca del carro en el que viajaba JR, disparó contra dos patrulleros que eran parte de la caravana donde iba JR. El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, dijo que el operativo se concretó porque “había carros sospechosos”.
El enfrentamiento dejó a dos policías heridos y una persona detenida. Sin embargo, la Policía ha dicho que no sabe si los hombres eran o no conocidos de JR.
JR regresó a su ciudad, custodiado por un grupo de policías y varios de sus custodios, después de que la jueza Espléndida Navarrete, de la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores de Guayaquil, le otorgara un habeas corpus. El líder delictivo, que estaría involucrado en las masacres carcelarias, ha festejado a lo grande: los propios miembros de su organización lo han grabado riendo, cantando vallenatos y bebiendo licor. No importan ya las enfermedades que padecía y por las que pidió salir de prisión en abril de 2022: cirrosis hepática, diabetes mellitus e hipertensión.
La decisión de la jueza Navarrete disparó una nueva arremetida del presidente Guillermo Lasso: “la justicia y la Fiscalía han permitido que Junior salga libre. Es lamentable ecuatorianos”, dijo en una cadena nacional el 14 de febrero. La presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, defendió la actuación de Navarrete, quien tomó su decisión luego de determinar que JR estaba “arbitrariamente detenido y lo hizo porque no constaba ninguna orden de privación de libertad”.
El habeas corpus fue presentado por el abogado Ronald Cantos, el 5 de febrero de 2023. El objetivo del recurso era que el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) cumpliera con el fallo judicial del 2 de febrero, en el que la jueza Dirce Guzmán sobreseyó a JR y a otras doce personas —de un total de 37 hombres procesados— en un confuso proceso penal por presunto tráfico ilícito de armas que comenzó el 16 de diciembre de 2022.
Con su dictamen, Guzmán revocó las medidas contra los acusados y emitió una boleta de excarcelación, que estuvo vigente desde el 3 de febrero de 2023, pero que finalmente se hizo efectiva el 14 de febrero con el habeas corpus. GK revisó un expediente y habló con personas presas y fuentes carcelarias para contar los momentos clave de la liberación de JR.
¿Por qué JR pudo salir de la cárcel el 14 de febrero?
Dijo el presidente Guillermo Lasso que “han dejado libre al más grande y peligroso delincuente, alias ‘JR’. La justicia y la Fiscalía han permitido que Junior salga libre”, en una cadena nacional, el 14 de febrero. Sin embargo, el recurso de habeas corpus resolvió algo simple: el cumplimiento de la boleta de excarcelación que el SNAI no había cumplido, tras el dictamen de sobreseimiento de la jueza Dirce Guzmán.
El abogado de JR, Ronald Cantos, dijo a GK que Roldán y las otras doce personas habían estado detenidas ‘de forma ilegal’ el 16 de diciembre de 2022 porque no había una disposición legal que detuviera su excarcelación. Aquella resolución fue dispuesta tras el sobreseimiento a favor de los hombres. Y el fallo, de acuerdo con Cantos, no podía ser apelado.
“Mi cliente (Junior Roldán) fue sobreseído porque el fiscal dio un dictamen abstentivo. Si hubiese sido acusatorio, podría ser apelado. Pero en este caso, no”, dijo el abogado, que lleva más de un año y medio siendo el representante legal de Roldán.
El fiscal Julio Sánchez fue quien emitió el dictamen abstentivo que benefició a JR y otras doce personas el 2 de febrero. Y con la disposición judicial de la jueza Guzmán, Roldán podía ya salir a las calles a terminar su condena en prelibertad. Ese beneficio penitenciario —que se aplica para quienes fueron condenados con el antiguo Código Penal— le fue otorgado a JR el 15 de diciembre de 2022, por el cuestionado juez Jorge Aldás Macías.
“Hace falta voluntad para hacer una depuración cabal. Basta revisar el nombre del juez Aldás en los links de consulta del Consejo de la Judicatura y podrán ver la decena de habeas corpus. Bastaría con que, de oficio, se solicitara una declaración previa de manifiesta negligencia”, cuestionó un abogado que trabaja en casos de garantías penitenciarias en la ciudad portuaria y pidió que su nombre fuera protegido porque trabaja en una institución pública.
Macías sustentó su decisión, en gran parte, en un documento favorable para el líder delictivo que presentó el propio SNAI con casi 299 páginas como parte del Informe de Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Prelibertad sobre JR.
Entre las principales conclusiones de ese documento oficial, consta que el Servicio certificó que JR no cometió “faltas graves y gravísimas durante su permanencia” en la cárcel regional, aunque es conocido que Roldán y su aliado, alias Fito, tenían celulares, licor, la comida que quisieran, entre otros privilegios.
Aquellos datos, además, constan en el Certificado de Evaluación de la Convivencia y Ejecución del Plan Individualizado, un requisito que debe presentarse obligatoriamente para acceder a un beneficio penitenciario, en el que fue calificado con una puntuación de 5.83. La nota fue suficiente: la puntuación mínima para acceder a un beneficio penitenciario como la prelibertad es de 5 para que se califique con una “convivencia buena”, de acuerdo con la normativa del Servicio.
Y eso no es todo lo que decía el informe del SNAI: JR también habría hecho un esfuerzo, sobre todo, para aprender sobre ciencias sociales y Derechos Humanos. Además, en prisión tenía un conocido servicio de comida rápida. Lo que no constó en el informe son los privilegios de JR: de acuerdo con fuentes carcelarias, tenía el licor y la comida que quisiera, televisiones, armas, celulares, entre otros objetos.
El 3 de febrero, la noticia del sobreseimiento en el caso de tráfico ilícito de armas causó una conmoción enorme y superficial liderada por el presidente Guillermo Lasso. “El Gobierno del Ecuador declaró la guerra al narcotráfico, al crimen organizado y a las mafias antipatria que nos roban la paz y la tranquilidad. Y ahora un fiscal corrupto y una mala jueza pretenden liberar a uno de los delincuentes más peligrosos del país: Junior Alexander Roldán Paredes”, dijo Lasso, en una cadena nacional, ese mismo día. Pero en su mensaje, el Presidente no mencionó que el informe favorable del SNAI —una entidad pública— fue parte de la motivación del juez para dar un dictamen abstentivo a JR.
El efecto de la cadena fue inmediato: la Fiscalía allanó la casa del fiscal Julio Sánchez, que se abstuvo de acusar a JR y a otras doce personas, la noche de ese mismo día. La Policía tenía la disposición de detener a Sánchez, quien ya había huido. Pero, días después, el 7 de febrero, dio su versión, desde la clandestinidad.
El expediente del proceso y la versión del fiscal Julio Sánchez pone en jaque a la versión del gobierno en un caso dudoso que partió de una recaptura igual de confusa, el 15 de diciembre, documentada por GK y varios medios de comunicación, con múltiples versiones policiales.
La privación de la comida disfrazada de huelga de hambre
No es un secreto en prisión: las bandas criminales que las lideran, controlan incluso la convivencia social en las cárceles. Regulan quién entra y quién sale. Y, en el caso de JR, en la prisión regional, también quién come.
Un preso dijo el 13 de febrero: “usualmente, como solo gobiernan ellos, Los Choneros, la situación aquí, a veces, es tranquila. Ellos son buenos con su gente. Pero ahorita, mire, nadie come, todos tienen que pagar”. El 13 de febrero llevaban ya siete días sin recibir desayuno, almuerzo o cena —las tres comidas que, por obligación estatal, es proveída por el SNAI, a través de un servicio de catering.
Miembros de la banda criminal liderada por JR que están en esa cárcel se declararon en una supuesta huelga para exigir su liberación. Pero los más afectados fueron quienes nada tienen que ver con la organización: según sus testimonios, fueron obligados a comprar comida. Muchos recurrieron a sus familias para pedir tener dinero para pagarla. Otros, se quedaron sin alimento.
“Como le parece, señor presidente, que hace siete días nadie come. No dejan entrar la comida. Y, como le digo, yo soy una persona de 73 años. No nos traen comida, ni nos sacan al hospital ni nada”, se quejaba Ramiro*, desde su celda, en un video al que GK tuvo acceso y verificó su autenticidad.
Video de una persona presa en la cárcel regional, dirigido al presidente Guillermo Lasso.
La privación de comida habría comenzado el 8 de febrero. Y para los familiares de personas presas también fue evidente. “El economato (una suerte de tienda en la prisión) está suspendido. Solo la mafia les vende la comida a 5 dólares. Ya no sé de dónde sacar dinero para enviarle todos los días 15 dólares”, contó una madre, el 13 de febrero.
Pero el precio también aumentaba, incluso, hasta 10 dólares por plato, según relató otra madre a GK.
Luego de escuchar los relatos y ver los videos de personas mayores de 65 años que se grabaron pidiendo ayuda e intervención, consultamos con el SNAI. A las 3 y 32 de la tarde, el departamento de Comunicación de la institución dijo que la empresa proveedora de alimentos seguía “proporcionando las tres comidas diarias” en la cárcel regional. El Servicio aseguró que activó “acciones emergentes en torno a la negativa de recibir alimentación por parte de las personas presas”. Es decir, confirmó que los presos no estaban comiendo pero sugirió que era porque los presos rechazaban la comida.
Video de un adulto mayor privado de la libertad, pidiendo intervención del gobierno.
Pero los testimonios contradicen la versión oficial.
Casi una hora más tarde de ese 14 de febrero, a las 4 y 21, el SNAI confirmó que los internos ya habían “accedido” a comer.
Para esa hora, GK había conocido que JR saldría libre. De acuerdo con los presos consultados, se les permitió comer de nuevo por la liberación de JR, que se concretó la misma tarde. Sobre los cobros forzados a los internos, el SNAI no ha descartado ni ratificado la información.
Una ‘huelga’ a favor de JR
Mientras cientos de personas presas no podían comer dentro de la cárcel regional, en las afueras, el 8 de febrero de 2023, al menos 200 personas, entre ellas conocidos y familiares de JR, y también niños y niñas, mujeres y adolescentes, llegaron para exigir su liberación. De pie y con carteles resquebrajados seguían gritando por JR. Para ese día, la boleta de excarcelación de Roldán cumplía cinco días sin hacerse efectiva.
Desde El Triunfo —donde nació Junior Roldán, líder de Los Águilas y segundo al mando de Los Choneros— llegaron a la cárcel regional.
— Karol E. Noroña (@KarolNorona) February 8, 2023
Los privilegios le sobran en prisión, pero decenas de personas exigen su liberación.
El expediente por el que lo sobreseyeron está interesante. pic.twitter.com/vXqQmR8n4x
“¿Dónde está la gente de Milagro?, ¿dónde está la gente de El Triunfo?”, gritaba una joven, levantando sus manos, como si animara un concierto. Quienes lo escuchaban también contestaban levantando varios carteles. Pero no los elevaban por un artista, sino en protesta: “Junior Roldán ya pagó sus penas, Ahora es inocente”, “Libertad para Junior Roldán”, decían.
Los protestantes llegaron desde diferentes zonas costeras pero, sobre todo, desde El Triunfo, la ciudad en la que Roldán nació y donde comenzó a concretar sus primeras actividades ilícitas. Uno de ellos dijo que “JR ha hecho más por la ciudad que cualquier otra autoridad”, pero para otros habitantes del cantón vivir ahí es también sobrevivir bajo un régimen donde, quien se oponga al liderazgo de JR, tiene riesgo de muerte.
Los Choneros tienen una plataforma mediática, llamada JF Music Entertainment, en la que sus líderes, incluido JR, envían mensajes a sus seguidores y difunden fotografías sobre sus actividades. Una de las últimas fue entre el 23 de diciembre y 30 de diciembre cuando organizaron conciertos con diversos artistas en El Triunfo catalogados como un “regalo” de JR a su comunidad.
El insólito apoyo a JR demuestra la construcción de la base social del crimen organizado en Ecuador, pero que se ha visto desde hace décadas en países como México y Colombia. Y tiene una razón: termina reemplazando al Estado, cubriendo necesidades básicas y ofreciendo una ilusoria protección.
La última detención de JR fue confusa: el caso de tráfico ilícito de armas que empezó mal
Para entender por qué Junior Roldán fue sobreseído del caso de tráfico ilícito de armas hay que regresar al 15 de diciembre de 2022.
Ese día, después de las seis de la tarde, JR salió de la cárcel regional donde cumplía, al menos, nueve sentencias condenatorias, dos de ellas por asesinato, después de que la jueza Dirce Guzmán le otorgara la prelibertad. La condena más antigua data de 2009, cuando recibió una sentencia de 35 años de reclusión. Había cumplido con el 40% de esa sentencia el 31 de octubre de 2022.
Dice su abogado, Ronald Cantos, que eran tres vehículos los que viajarían hacia El Triunfo. “Yo, como abogado, tenía que estar ahí. La boleta de excarcelación por prelibertad exige que el abogado lleve a su defendido hasta el domicilio que dejó registrado”, cuenta.
En el vehículo 1, dice, había conocidos de JR. En el otro, iba él y JR, junto a dos guardias de seguridad, mientras que en el tercero, iba personal de seguridad privada de Cantos, según el abogado.
El recorrido, acompañado por una patrulla policial, parecía regular, dice Cantos. Lo que pasó durante la siguiente hora y media fue confuso.
“Disparos en contra de Junior Alexander Roldán Paredes” decía un extracto de un parte policial al que GK tuvo acceso, que fue suscrito a las 7:01 de la noche. Era un texto breve, en el que un mayor de la Policía escribió que, mientras alias JR viajaba por la vía a Salitre, en Daule, habría sido atacado pero no fue herido. De acuerdo con el documento, varias unidades especiales de la policía se movilizaron para atender la emergencia.
Para los habitantes de urbanizaciones cercanas fueron momentos de temor. Un señor que pidió que su identidad no fuera revelada relató que no solo el tráfico se pausó, sino que conductores que iban en la vía salieron despavoridos de sus autos por miedo a salir heridos.
Pasadas las 8 de la noche, llegaron las primeras imágenes en las que aparecían al menos 15 hombres detenidos. Minutos después se confirmaría que la cifra era mayor: 37.
Junior Roldán, segundo al mando de Los Choneros, fue detenido, de nuevo, junto a 36 personas. Entre ellos, su abogado, dos militares y un adolescente. Fotografía cortesía.
Los hombres, vestidos de jean y camisetas de diferentes colores, estaban acostados, con el rostro contra el suelo. En los al menos 10 vehículos de alta gama en los que viajaban fueron halladas 17 armas de fuego, entre ellas una subametralladora, un lanzagranadas y tres granadas de fragmentación.
A las 8:56 de la noche, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó la “alerta de ataque” contra JR, que ratificaba el primer informe al que tuvo acceso GK, y otros medios de comunicación. Diez minutos después, la Fiscalía aumentó el número de detenidos y, al contrario de la Policía, no habló de presuntos atacantes de JR. La institución dijo que 30 personas fueron detenidas en delito flagrante por presunto tráfico ilícito de armas, entre ellas, alias JR. La libertad del líder carcelario se truncó y volvió a prisión.
De acuerdo con la institución, los hombres capturados eran parte del anillo de seguridad de Roldán.
El abogado Ronald Cantos asegura que JR no conocía a la gran mayoría de los hombres detenidos: “Como le digo, nosotros íbamos con seguridad y, salvo a un par de personas más, no sabíamos quiénes eran esas personas armadas. Pero también fueron capturadas personas que no tenían armas o que, incluso, estaban en un restaurante comiendo”, cuenta.
Ronald Cantos dice que no es posible saber si las personas a las que, según él, no conocían, iban a ejecutar un atentado contra JR.
El 16 de diciembre, un día después de la confusa recaptura de JR y otras 36 personas, la Policía reajustó su versión. Juan Carlos Soria, jefe de la Zona 5, dijo en una rueda de prensa que, de la línea de seguridad policial motorizada de la institución que estuvo en el operativo de salida de JR y personal de Inteligencia surgió una “alerta” sobre la “presencia de vehículos polarizados de alta gama y en cuyo interior probablemente se encontraban personas armadas”.
Soria ya no habló de un “atentado” contra JR, como alertaba el extracto policial difundido ampliamente por GK y decenas de medios de comunicación. En cambio, dijo que, cuando la policía quiso interceptar a los vehículos, los hombres respondieron con detonaciones de arma de fuego y una granada tipo limón que lanzaron para evitar el control, que “gracias a Dios no se activó”, aseguró Soria.
Pero ese no sería el único cambio en las versiones policiales dentro del caso.
El enredado caso de presunto tráfico de armas que involucró a JR
Las 37 personas que fueron detenidas en el confuso operativo el mismo día que JR había salido de la cárcel, fueron vinculadas a un caso de supuesto tráfico ilícito de armas. Este es el caso en el que JR fue sobreseído y por el que salió libre el 14 de febrero.
Doce días antes, el 2 de febrero, la jueza Dirce Guzmán sobreseyó a JR y a doce personas más después de que el fiscal Julio Aguberto Sánchez, de la Unidad Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sustentara su dictamen abstentivo a su favor. Lo hizo por falta de elementos probatorios y una “falta de capacidad operativa de la Policía”, según consta en documentos del expediente del caso, revisado por GK.
Para los otros 24 que fueron detenidos esa misma noche por el presunto delito de tráfico ilícito de armas, la audiencia preparatoria de juicio será el miércoles 1 de marzo de 2023.
En videos cortos y borrosos publicados desde la clandestinidad después de huir de la captura de la Policía, tras la cadena nacional en la que el presidente Lasso lo señaló, el fiscal Julio Sánchez, aclara que él asumió el caso el 24 de enero de 2023, un día después de que la jueza diera por terminada la instrucción fiscal. La causa llegó a Sánchez a través de un sorteo, luego de que su colega, John Camposano, se excusó y dejó de conocer la causa.
Aquí les dejo las declaraciones del Ab. Julio Sánchez Mera, fiscal a cargo del caso de Junior Roldan, Alias JR. Fiscal que se encuentra con un proceso en contra por fraude procesal, luego de emitir su dictamen abstentivo. Aquí explica la motivación de su dictamen. PARTE 1 pic.twitter.com/lPMGUEC1sy
— Marcelo Veintimilla (@mvseanec) February 7, 2023
Dice el fiscal Sánchez que, durante varios días, informó “al personal de la Policía que había algunas falencias dentro del procedimiento y los recaudos de la investigación. Les informé que había personas detenidas y procesadas sin habérseles encontrado ni un solo elemento o evidencia en su poder” para vincularlos al caso por presunto tráfico ilícito de armas, en referencia a las 37 personas.
El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, por su parte, dijo que durante ese operativo, que dio paso a la investigación, se “retuvo a varias personas con armas de fuego, con comunicaciones y varios elementos organizados, planificados. Y no se da la respuesta que queremos por parte de la justicia”. Pero la información que está en el expediente enfrenta la declaración de Salinas a la de Sánchez.
Diez vehículos fueron detenidos durante el confuso incidente en la vía a Salitre. Pero once de las trece personas sobreseídas estaban a bordo de cuatro de los diez carros. Las otras dos sobreseídas, en cambio, habían sido detenidas a al menos, 20 veinte metros —o 200, pues las versiones varían— de la escena de conflicto.
Estas son las pruebas que se encontraron en los cuatro vehículos donde iban las 11 personas, y en las otras 2 personas que estaban lejos de la escena:
Según el parte policial, el primer vehículo era un Toyota Fortuner en el que iban Paúl Cedeño —militar en servicio pasivo— y Holger Moreira. Cuando los detuvieron, a ninguno de los dos se les encontraron armas. Y, durante la instrucción fiscal, según el fiscal Sánchez, no hubo “evidencia alguna que vincule o relacione a estas personas con la agrupación o delito imputado”.
De acuerdo a registros públicos de la función judicial, Cedeño tiene antecedentes por asesinato y tenía una orden de detención vigente. ¿Este antecedente debía influir en el dictamen abstentivo o en la decisión de la jueza? Un juez, que prefiere que su nombre no se divulgado por las personas involucradas, lo analiza dice que “el que haya tenido una boleta de detención no guarda ninguna relación ni afecta el dictamen abstentivo ni el posterior sobreseimiento del juez. No se hace o no se puede hacer relación a otras causas”.
El segundo carro era un Toyota Land Cruiser y en él viajaban el abogado Ronald Cantos, como conductor, y Jorge León Quiñónez, un cabo de la Marina en servicio activo, como copiloto. Atrás estaba Junior Roldán y otro hombre: Gregory Triana Sánchez.
Quiñónez portaba un arma de fuego tipo subametralladora; Triana tenía otra arma marca Taurus.
De acuerdo con el parte policial que consta en el expediente, los argumentos que usó el fiscal Sánchez para sustentar su dictamen, ese vehículo no “realizó ninguna acción evasiva, huida o defensa para agredir a la policía”.
Las armas que portaban Quiñónez y Triana sí estaban registradas y con permiso actualizado. Ambas son pertenencia de la empresa Garseg Seguridad Cia. Ltda. El fiscal aseguró que la Policía dijo que los hombres no habían presentado documentación que las respaldara, pero que retuvo las armas como evidencia. El gerente de la empresa Garseg Seguridad Cia. Ltda confirmó que los hombres son empleados desde agosto de 2022.
El tercer carro era un Chevrolet Gran Vitara y en él viajaban Humboldt Pizarro como conductor y Fredy Gamarra, como copiloto. En el parte policial consta que en el vehículo se encontraron dos armas de fuego tipo Bersa, una de Pizarro y otra de Gamarra, y una Smith & Wesson. Ambos también eran parte del personal de seguridad privada de la empresa Garseg, que acompañó a JR y a su abogado, Ronald Cantos.
En el parte policial, los agentes aseguraron que Pizarro y Gamarra sacaron a relucir sus armas mientras la caravana avanzaba por la vía a Salitre. Por eso, fueron detenidos. Pero el fiscal Sánchez argumentó que “eso no está demostrado, ni siquiera están los reportes del ECU911 y mucho menos constan las versiones del personal de la Dirección General de Inteligencia (DGI)”. Para el fiscal, eso era importante, pues fue personal de la DGI “quienes dieron la supuesta voz de alerta. Pero no firman el parte y no rinden versión”. Por lo tanto, dijo, no había prueba o testimonio que certifique, afirmó el fiscal, que lo comprobara.
Luego, el fiscal también halló otra inconsistencia policial. Aunque al comienzo se habló de dos armas tipo Bersa, solo había una. Según Sánchez, a Humboldt Pizarro, la Policía le adjudicó esa arma. Sin embargo, los propios policías que lo revisaron dijeron que era un error de tipeo. “Son los errores de tipeo que cometemos cuando escribimos con un reclamo, como apretar la tecla incorrecta, omitir presionarla o hacerlo en un orden equivocado”, consta en el expediente.
Las dos armas que portaban los hombres también tenían permisos actuales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde 2019. Es decir, de acuerdo con el criterio del fiscal, no eran parte de tráfico ilícito de armas como se sospechó cuando se detuvo a los diez vehículos.
En el informe investigativo policial contra los procesados, el fiscal Sánchez dice que solo hubo “cuadros explicativos”. Es decir, escritos de cómo se encontró la evidencia y qué personas estaban ahí. Y eso, para él, no fue suficiente.
En ese documento, dijo el fiscal Sánchez, que fue asignado al caso en el cierre de la instrucción fiscal, no constaba información de teléfonos celulares a pesar de que, de acuerdo con el parte policial revisado por GK, fueron encontrados en el suelo. Eran 14 celulares: 12 de la operadora Claro, 1 de la operadora Tuenti, y otro celular sin chip.
“No hay información de los teléfonos celulares, es decir, de la existencia de la evidencia. Tampoco hay información respecto a la triangulación de información”, aseguró Sánchez, durante la audiencia de sobreseimiento.
En sus videos desde la clandestinidad, el fiscal Sánchez dijo que recibió un informe de la explotación de los celulares, pero sin ninguna evidencia que pudiera incriminarlos, de acuerdo con su criterio. “Eran diez cuerpos (de expediente), pero todo estaba lleno de la transcripción de agendas telefónicas y fotos tipo familiares o memes”.
En el cuarto vehículo, un Kia, iban Luis Eduardo Guzmán, Rolando Gómez y Jonathan Mosquera. Cuando se bajaron del vehículo, ningún arma fue encontrada en el interior. Pero sí un arma tipo carabina a dos metros del carro. De acuerdo con el fiscal, su detención no responde al tipo penal que se está investigando. “Ningún agente policial vio si este objeto (es decir, el arma) fue expulsado, lanzado o tirado del vehículo Kia”.
Además de las 11 personas en los 4 carros que fueron sobreseídos, hubo dos hombres más que no fueron vinculados al caso: Jordan Simisterra y Byron Guerrero. De acuerdo con el parte policial, fueron detenidos a 20 metros de la escena en la que fueron capturados los otros hombres porque hubo una alerta ciudadana de su “aparente actitud inusual y sospechosa”. Sin embargo, cita el fiscal, no fueron encontrados con armas, tampoco con teléfonos.
Según el fiscal, también hubo otras versiones que decían que los hombres, supuestamente, estaban a 200 metros de un local de ventas de comidas —y no a 20 como dice el parte.
En su caso, aseguró, ha “existido una falta de capacidad operativa de la Policía” pues, al ser detenidos por una alerta ciudadana y sin que se demostrara si ellos estaban en uno de los vehículos o formaban parte de la caravana que iba con JR “atenta y compromete a la investigación, ya que es un hecho evidente de negligencia”.
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